Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
No cabe duda de que el sistema de justicia juega un papel determinante en la distribución del poder que unos tienen sobre otros, en la forma en que se reparten los bienes entre las personas y en el grado de desigualdad y de injusticia de una sociedad. En este sentido, cuando en México nos preocupa que nuestra economía no crece, que el malestar social va en aumento,
que la violencia y la ingobernabilidad se han apoderado de zonas del país, tiene que quedarnos claro que nuestro sistema de justicia tiene que ver con todo ello. Por supuesto que no es la única causa de todos nuestros males, pero contribuye de forma significativa a los mismos.
Una de las funciones clave que desempeñan los jueces tiene que ver con garantizar un suelo básico de igualdad en el ejercicio de los derechos, lo cual es un presupuesto para que la gran mayoría de la población pueda tener acceso a las oportunidades económicas. No hay manera en que todas las personas aprovechen sus talentos y sus habilidades si no cuentan con la garantía de que el ejercicio de sus derechos va a estar protegido judicialmente frente a posibles violaciones y que ello no va a depender de cuánto dinero se tiene y a quién se conoce. Esta igualdad en derechos es la gran asignatura pendiente de la justicia mexicana. También es uno de los motores básicos del crecimiento económico y la gobernabilidad del país.
La característica que define a nuestro orden social es su estratificación. Vivimos en una sociedad vertical, con muchas diferencias de trato jurídico y con muy poca movilidad social. La élite concentra las oportunidades económicas. Para la inmensa mayoría de la población es muy difícil alcanzar un mínimo de seguridad económica. México, siguiendo la tesis del libro de Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan las naciones, tiene una estructura social excluyente, pues no tiene instituciones que posibiliten y fomenten la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas productivas. Ello, según estos dos economistas, explicaría nuestro estancamiento.
La justicia en México ha servido para preservar este orden social excluyente. Por un lado, hemos diseñado un sistema de justicia inaccesible para la mayoría: ¿cuántos pueden pagar un abogado para dirimir un conflicto jurídico con otra persona? No hay litigio sencillo en el sistema de justicia mexicano. Aunque se trate del cobro de una deuda menor, el proceso está diseñado para que se tenga que contratar a un abogado. A pesar de ello, hasta ahora nadie se ha preocupado por que exista un servicio de defensoría gratuito de calidad que permita a quien lo requiera acceder a un tribunal a dirimir sus diferencias. Para toda la población que no puede tocar la puerta de un tribunal, lo que prevalece, al momento de intentar hacer valer sus derechos, es la ley del más fuerte. Ello está directamente relacionado con la conflictividad y violencia en el país.
Por otro lado, una vez que se acce- de a un tribunal, el servicio, sobre todo en el ámbito local, es de muy pobre calidad. Los poderes judiciales locales son instituciones abandonadas históricamente. Sin embargo, más de 90% de la conflictividad ciudadana se resuelve ahí. Sólo 3% de los litigios que inician en primera instancia local llegan a la jurisdicción federal a través del amparo. La inmensa mayoría de las personas que llegan a tocar la puerta de un tribunal será atendida por la instancia más débil y olvidada de todo nuestro sistema de justicia, que es el juez de primera instancia. Sólo 20% llega a la segunda instancia local.
Estas dos características del sistema de justicia -inaccesibilidad y falta de calidad- hacen que el ejercicio de los derechos dependa de la capacidad económica y de influencia de las partes. Unos cuantos pueden dirimir sus asuntos en tribunales federales, que son a los que sí destinamos recursos públicos. El resto no llega a un tribunal o en el mejor de los casos lo atiende un juez local de primera instancia. Ello forma parte central de un orden social excluyente: cuánto dinero tienes y a quién conoces determina qué intereses prevalecen en un conflicto, cómo se reparten los bienes entre las personas y quién manda sobre otros.
Si queremos crecer y mejorar la gobernabilidad del país, es la hora de apostarle a construir una sociedad más igualitaria en derechos y la justicia juega un papel central en ello.
Fuente: Reforma.
















