Por: Miguel B. Treviño.
Por la forma en que se combinan violencia, patrones delictivos y ausencia de autoridad, los cuatro estados que conforman el primer bloque de la crisis de violencia que son: Estado de México, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Es cierta la versión oficial de que los altos índices de violencia no son un fenómeno generalizado en México.
Pero también es cierto que esos cuatro no son cualquier grupo de estados.
Uno de cada 4 mexicanos vive en una de estas entidades. Juntos producen cerca de la cuarta parte de la riqueza del país.
Se ha subestimado el problema económico que representa la ausencia de garantías para la actividad económica en esos estados decisivos para la economía nacional. En esas entidades, la extorsión es un fenómeno generalizado que ataca a minas, agroindustrias, producción y transporte de energía y turismo.
En una economía cada vez más ligada a los mercados internacionales, frente a un territorio malo para hacer negocios por costoso e inestable, la empresa al final agarra sus chivas y se va. En los negocios no hay amores incondicionales.
Frente a este problema, la parte de la criminalidad que le toca padecer al sector productivo ha sufrido un doble desplazamiento hacia abajo en las prioridades gubernamentales, a partir de la secuela de descalabros del gobierno federal que inició en Iguala.
Primero, porque la seguridad, en un segundo plano como preocupación desde el principio del sexenio ante las reformas económicas, ahora además está subordinada a la necesidad de recuperar condiciones de gobernabilidad y elevar urgentemente los niveles de confianza en el gobierno federal. En esta lógica, lo mediático ha predominado sobre el trabajo de fondo.
Lo segundo viene por lo dramático de las manifestaciones de violencia destapadas en los últimos seis meses: asesinatos masivos, fosas clandestinas, abusos del Ejército y autoridades locales coludidas con los cárteles.
Las extorsiones de la zona agrícola de Tamaulipas, en las zonas mineras de Guerrero o Michoacán o quienes atacan zonas industriales del Estado de México preocupan, pero están muy lejos de lo urgente en la lógica equivocada de quienes gobiernan esas entidades y sus contrapartes federales.
El hartazgo empresarial en esas regiones es real y el desencanto frente a la voluntad percibida de gobiernos locales y federal por resolverlo ha llegado al nivel de: “para qué les digo si de todos modos no van a hacer nada”.
En Michoacán y Guerrero, el cambio de gobiernos estatales en 2015 puede ser la última oportunidad que las empresas asediadas por la rapiña le dan al Estado frente a la violencia.
La renovación de mandos locales es vista desde el sector productivo como una luz de esperanza para ensamblar mejor el trabajo de municipio, estado y Federación.
El Estado de México y Tamaulipas, por su parte, son focos rojos en ascenso.
En el primero el homicidio doloso se duplicó en 2014 y en el segundo este delito creció en 88 por ciento durante el mismo año.
En esas entidades no hay elecciones locales este año, pero hay acicates importantes: la primera es la capital industrial del país y el estado del Presidente. La segunda es una entidad clave en la implementación de la reforma energética y el cruce más importante con la economía más grande del mundo.
“La violencia en México es un fenómeno regional”, se dice a veces como atenuante del problema. Precisamente porque la delincuencia organizada tiene base territorial consolidada ahí donde más les conviene, esa situación tendría que ser entendida como una amenaza al desarrollo de esas regiones con todo lo que representan para México.
No hay economía que aguante a la cuarta parte de su estructura productiva soportando parásitos permanentes de la delincuencia organizada con luz verde para operar.
Se nos acaba el tiempo para entenderlo en un año en el que (además) las estrellas no están alineadas a favor de la economía. Esa tendría que ser una motivación para atender este problema como urgente.
@miguelbtrevino
Fuente: Reforma.
















