Por: Diego Valadés.
Por extraño que parezca, nuestro sistema jurídico no contiene disposiciones relacionadas con la organización y el funcionamiento de un gobierno, como órgano de dirección política. Tan dominante es el personalismo que no se ha considerado necesario que, además de Presidente, el país tenga gobierno.
Tal vez ese fenómeno explique algunas de las desventuras políticas que hemos sufrido a lo largo del tiempo. La concentración del poder ha sido una constante que no ha dejado espacio para instituir un gobierno funcional y responsable, capaz de superar los desafíos que todo Estado enfrenta.
La sensación generalizada de que estamos a merced de la violencia delictiva, de la corrupción y de la turbulencia urbana, no se podría explicar porque los delincuentes mexicanos fueran los más astutos del planeta, ni porque en México se hubieran depositado todas las perversiones del orbe, o porque sólo aquí existiera inconformidad social. Lo que sí sucede en México, a diferencia de casi todos los demás Estados constitucionales, es que aquí no hay gobierno formal.
La palabra gobierno alude a la acción de gobernar, pero en este caso me refiero a la organización que lleva a cabo esa tarea y que nuestro sistema jurídico no regula. En la Constitución aparece 130 veces la voz “gobierno”, de las cuales 14 agregan “Federal” y 2 “de la Unión”, pero en ninguna parte dice en qué consiste. La voz “Ejecutivo”, por otro lado, figura en 126 ocasiones, como sinónimo de gobierno. La Constitución es clara: una sola persona es la totalidad del gobierno.
La Constitución prevé que el poder se divida en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y hay sendas Leyes Orgánicas que regulan al Poder Judicial de la Federación, al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y ¡a la Administración Pública Federal! No existe una “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”, porque éste se deposita, completo, en un solo individuo. Sería absurdo que una norma dispusiera la organización y el funcionamiento de una persona; por eso, en lugar de una ley orgánica del Gobierno, sólo contamos con una sobre la administración. Un gobierno administra, pero no nada más eso.
A veces se llega al extremo, como en la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, de un precepto que dispone: “…el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal…”. Lo que en otras palabras equivale a decir: “el Presidente elaborará las políticas del Presidente”.
La Ley Orgánica de la Administración Pública menciona “gobierno” 80 veces, “gabinete” 3, “presidente” 116 y “ejecutivo” 106. En total, las 222 referencias a una sola persona casi triplican las alusivas al gobierno y al gabinete, juntas. Es comprensible; la Constitución está alineada conforme al criterio de la mayor concentración posible del poder político como condición de eficacia, y no contempla todavía la presencia de un gobierno institucional.
El jurista ultraconservador Joseph de Maistre enunció, en una carta fechada en San Petersburgo el 15 de agosto de 1811, su célebre máxima de que “toda nación tiene el gobierno que merece”. La famosa expresión ha sido atribuida a otras personas, pero su origen está en esa nota diplomática donde sentenciaba que Rusia “no es susceptible de un gobierno como los nuestros”.
¿Qué gobierno merecemos los mexicanos? La respuesta es sencilla: el mismo que todos los demás pueblos organizados en Estados constitucionales. No es una cuestión acerca de la cual haya que disputar. Pero en México, por mucho que la busquemos, no encontraremos una sola norma que nos diga en qué consiste el gobierno como cuerpo de decisiones políticas, quiénes y por qué lo integran, cómo actúa en conjunto, qué funciones tiene asignadas, cuáles son sus responsabilidades, quién lo evalúa, a qué controles se sujeta.
Eso no fue siempre así. Nuestra primera Constitución, de 1824, dispuso que el gobierno incumbía a los Secretarios de Estado. Las siguientes constituciones, en 1836 y 1843, con todo y su orientación conservadora ratificaron el criterio. Por un descuido la Constitución de 1857 borró el concepto de gobierno y determinó que los secretarios atenderían sólo los negocios administrativos. En 1917 se ratificó ese enfoque. Tenemos un rezago secular y están a la vista los efectos de esa omisión.
En un Estado constitucional las decisiones políticas deben corresponder a un gobierno responsable y controlable, no a un solo individuo y a sus colaboradores personales.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















