Por: DR. EDUARDO PAGAZA ROBLES.
@eduardopagaza
El presidente Enrique Peña Nieto, señaló el lunes 2 de marzo en Londres que “México está asolado por la incredulidad y la desconfianza”… y que su gobierno debe concentrarse en mejorar la ley y el orden si desea que funcione su programa radical de reformas económicas”. En entrevista,
dijo al Financial Times que su administración debe “reconsiderar hacia dónde nos dirigimos”.
Este hecho es realmente significativo, ya que al parecer está iniciando un ejercicio de reflexión (desde el exterior), que le permita ver y reconsiderar nuevas opciones, ya que a la fecha está inmerso en serias inconsistencias y contradicciones, veamos:
El 2 de enero de 2013, decreta en el Diario Oficial de la Federación, la desaparición de la secretaría de la función pública, y la transferencia de sus atribuciones.
Fue hasta el 3 de febrero de 2015, dos años después, en evidente contradicción, que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, nombra a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la función pública (SFP). A quien como primer encargo, le instruyó encabezar una investigación sobre si hubo conflictos de interés en los contratos asignados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal a las empresas que celebraron compraventa de inmuebles a su esposa, angélica rivera de peña, al secretario de hacienda, Videgaray y a él en el caso de su casa en el fraccionamiento de Ixtapan de la sal. En Los Pinos, dio instruccionesal funcionario a reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría para que ellos se apeguen a la ley.
Como se puede ver, toda esta situación es francamente preocupante, ya que primero se quería desaparecer a la Secretaria de la Función pública y dos años después, el presidente da marcha atrás y nombra a un titular en una secretaria que hoy, ya no está enlistada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, pero que debe investigar sobre la situación de sus propiedades y el grave conflictos de interés en el que se encuentra inmerso.
Como se puede ver, estas decisiones del presidente de la república, reflejan abiertamente contradicciones y ausencia absoluta de un compromiso serio del Ejecutivo Federal con la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y a la impunidad.
Fue hasta el jueves 26 de febrero de 2015, fecha en que la Cámara de Diputados aprueba el dictamen para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando todos estos absurdos, tienen la posibilidad de entrar en un proceso de corrección hacia adelante, dando respuestas con el diseño e instrumentación de políticas que combatan este pernicioso fenómeno social.
Este sistema anticorrupción, resultado de un gran trabajo plural legislativo, obliga a nombrar un fiscal y fortalecer a la Secretaria de la Función Pública, a la Auditoria Superior de la Federación y al Tribunal Administrativo.
Ante esto, el reto que tiene el gobierno de Peña Nieto, hoy más que nunca, es aclarar el origen del patrimonio de todos y cada uno de los funcionarios públicos y en este compromiso el presidente debe dar el ejemplo.
En esta semana, tanto el Presidente como el secretario de Hacienda, el Dr. Luis Videgaray admiten, desde Londres, que existe una crisis de confianza, pero hasta ahora, carecen de una explicación consistente y creíble de una de las fuentes que dieron origen a la desconfianza, es decir, el gran tema de las casas y su relación con el grupo HIGA.
El tema, sin duda le incomoda al presidente Peña, ha decidido no entrevistarse con la prensa de México. Sólo es accesible al Financial Times, obligado, de alguna manera, por la visita de Estado que está realizando al Reino Unido.
Los escándalos por conflictos de intereses que involucran al Presidente y a su secretario de Hacienda, aumentan la sensación de que el gobierno de Peña Nieto no está en contacto, ni atendiendo la percepción de los ciudadanos (votantes), y que su promesa de campaña de “dejar atrás las viejas prácticas”, sigue a la espera a pesar de que se comprometió a luchar contra la corrupción “mucho más eficazmente” y acabar con “el estigma” de ladrones que persigue a los políticos mexicanos.
Como se puede ver, en la medida que el presidente no ponga el ejemplo y no cumpla con el compromiso de transparentar su patrimonio y el de sus principales funcionarios, su imagen y legitimidad seguirán degradándose.
Ante todo esto, hay que decir que saber lo que se hace con los recursos públicos, es un derecho absolutamente legítimo de los ciudadanos que contribuyen día a día con su trabajo y con sus impuestos a los ingresos y al gasto público.
Los gobiernos, hoy más que nunca, deben ser abiertos, transparentes y deben rendir cuentas.
En el ámbito económico, se pretende mantener la “estabilidad macroeconómica”, crecer y mejorar los niveles de bienestar, pero toma las decisiones que atentan contra estos objetivos, veamos:
El viernes 30 de enero de 2015, la Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto, ó, lo que ellos llaman un “ajuste preventivo en el gasto”, por 124,300 millones de pesos por el complicado entorno internacional. El ajuste, representa el 0.7% del Producto Interno Bruto.
Dice ajustar el gasto corriente, para privilegiar la inversión, pero la medida incluye un recorte de 72 mil millones de pesos a las empresas productivas del Estado: a Petróleos Mexicanos por 62 mil millones de pesos y 10 mil millones a la Comisión Federal de Electricidad. El ajuste impacta fundamentalmente los programas de inversión de nuestras flamantes empresas productivas del estado, hoy tan necesitadas de inversión.
Esto es inconsistente, ya que con la apertura, a la competencia, del sector energético, la obligación del Estado es fortalecerlas para que compitan en mejores condiciones con las extranjeras que ya están llegando a explotar la riqueza energética del país.
El recorte incluye adicionalmente, también una reducción de 52.2 mil millones de pesos a diversas secretarias de Estado y entidades de control directo como el ISSSTE.
Todas estas medidas, son inconsistentes porque atentan contra la dinámica económica, el mercado interno, la inversión, el empleo y el ingreso. Lo más grave, es que atentan inclusive contra el conjunto de reformas aprobadas.
Las implicaciones de la medida están a la vista, todas las proyecciones que se tienen sobre el comportamiento de la economía y el PIB para 2015 se han caído, desde las publicadas por el Banco de México, y la secretaria de Hacienda, hasta las elaboradas por instituciones nacionales e internacionales.
El problema no sólo es consecuencia de la caída del precio del petróleo y la producción petrolera, sino el diseño fallido de una política económica, a la que le falta imaginación.
No instrumenta una política industrial con prioridades sectoriales y apoyo a la productividad, no fortalece las empresas productivas del Estado, de hecho las sigue descapitalizando en un momento en que la prioridad debe ser su fortalecimiento e integración, para que puedan competir con las que ya tiene enfrente, las extranjeras, resultado de la reforma y liberalización energética.
La economía no crece lo suficiente, pero el endeudamiento sigue aumentando, hoy representa el 43% del PIB.
Aquí tenemos otra contradicción, el gobierno justifico la flexibilización del déficit con el fin de aplicar una política contracíclica, con el fin de impulsar el crecimiento de la economía. Pero esto, es un compromiso pendiente la economía con Peña Nieto sólo ha crecido en promedio 1.8%.
La economía sigue relativamente estancada y la deuda sigue en una dinámica galopante.
Lo más extraño, es que ahora desde Londres, el secretario de Hacienda, Dr. Luis Videgaray anuncia, nuevos recortes al gasto, pero para 2016, cuando ni siquiera ha resuelto y dado alternativas, ni propuestas robustas para enfrentar el complejo e incierto 2015. Además anuncia que “están escuchando al mercado y asegurando que los términos contractuales propuestos a las empresas petroleras sean simples y competitivos, por lo que estamos introduciendo mayor flexibilidad en la parte fiscal, para permitir altas tasa de retorno”.
Finalmente declaro al Financial Times, que la ley y el orden valían “10 reformas energéticas”.
Ante esto, hay que recordarle que México ocupa el lugar 79º de 99, en el Índice de Estado de Derecho, publicado por el Proyecto Mundial de Justicia.
Sin duda, un Estado de Derecho robusto y el respeto a la ley por los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, darían mucho más resultados que las once reformas estructurales aprobadas.
Hoy, la estrategia gubernamental ya no construye ni apoya ejes de crecimiento endógeno, no toma medidas suficientes, para reducir la brecha entre regiones, no toma decisiones consistentes para que aumente la inversión fija bruta, el empleo formal y de calidad, no mejora el poder adquisitivo de los salarios, y ya tenemos un entorno de presiones devaluatorias e inflacionarias. El dólar llego en esta semana a 15.40 pesos
En este contexto, las instituciones siguen, poco a poco, dando a conocer, recortes a la inversión, al gasto corriente y a su planta laboral. Gravita sobre nuestras instituciones los recortes y la austeridad.
Ante esto, hay que recordar que la disciplina fiscal y la austeridad, no son alternativas para fortalecer la economía, la austeridad desestabiliza el ciclo económico y es una idea peligrosa que atenta contra el bienestar social y el impulso a la economía. La austeridad genera ex post, una dinámica de mayor endeudamiento.
La austeridad aporta políticas clasistas, agitación social, inestabilidad política y agravamiento de la deuda (Blyth:2013).
La disciplina fiscal, tiene un alto costo en términos de inversión pública e infraestructura. El ajuste fiscal y los recortes dan como resultado un menor crecimiento y pérdida de la capacidad de pago del sector público. (Pagaza:2008)
Como se puede ver, las diferentes crisis que vive el país, son en gran medida resultado de contradicciones en su conducción.
Las crisis que estamos viviendo, son más que suficientes para exigir respuestas prontas, robustas y consistentes, si tardan, seguirán atentando con la legitimidad, credibilidad y confianza del gobierno federal. Pero sobre todo contra el crecimiento de la economía y el bienestar de la población. El costo social seguirá creciendo.
En un contexto como el descrito, lleno de contradicciones, corrupción e impunidad, no es posible construir credibilidad y confianza.
Seguiré atento a lo que sigue…
Fuente: Sdpnoticias.com
















