Por: ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ.
@drarmandohdz
El Estado como garante del acceso efectivo de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los tres poderes, así como cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza recursos públicos.
La “Ley General de Transparencia”,
que el pasado 18 de marzo fue aprobada por el Senado de la República, y pasó a revisión de la Cámara de Diputados, es importante por: la rendición de cuentas del Estado mexicano, y el derecho a la información que el marco constitucional le otorga al ciudadano.
Reglamentaria del Artículo 6° constitucional, la presente ley obliga a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a órganos autónomos, a partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; además, cualquier persona física, moral y sindical, que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad de la Federación, de entidades federativas o de los municipios, a hacer pública la información que generan.
En general, la iniciativa busca promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas; a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. Y para ello dispone de “50 obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados”.
Para que, a satisfacción del solicitante, el servidor público obligado emita respuestas veraces, confiables, oportunas, congruentes, integrales, actualizadas, accesibles, comprensibles y verificables, procurando que en todo momento “la calidad de la información” sea en el marco constitucional del derecho ciudadano a la información.
En cumplimiento de la adhesión de México al “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” en 1966, el país se incorporó a la cultura del acceso a la información y rendición de cuentas, y en ese sentido, el primer paso realizado por el Estado fue la creación de un mecanismo jurídico que cumpliera con la exigencia del instrumento internacional del que nuestra Nación es parte; por ello se expidió la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, y se creó al “Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)” (DOF, 11 de junio de 2002).
Pero como tal derecho a la información, se sustenta en la reforma al Artículo 6° constitucional de julio de 2007, en donde se sientan “las bases para el ejercicio del derecho al acceso de la información en los tres niveles de gobierno y se estableció a los órganos pertenecientes a la Administración Pública, Autoridades Federales, Estatales y Municipales como sujetos obligados a tener sus archivos en orden y hacer pública la información propia de sus funciones, con la salvedad de aquella información que se considerase como reservada.” De igual manera, el Decreto del 7 de febrero de 2014 abunda en materia de “trasparencia”.
Luego entonces, con la reforma de 2002 y subsiguientes, cuando se creó el IFAI y sus homólogos en las entidades y el Distrito Federal, se consolidó en el país la garantía social de acceso a la información y la obligación de la autoridad para la rendición de cuentas.
Ahora, con la nueva “Ley General de Trasparencia”, el legislador propone cambiar de nombre al IFAI por Instituto Nacional de Transparencia (INT). De tal manera que el nuevo instituto sea la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, instancia que a la vez se encargue de la coordinación y evaluación de actividades relativas a la política pública de transparencia; conformado a su vez, por los organismos garantes de Entidades Federativas, Auditoría Superior de la Federación, Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Una propuesta similar a la que el legislador adoptó cuando creó el Sistema Nacional Electoral en donde el Instituto Federal Electoral (IFE) cambió por el Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó nuevas responsabilidades de carácter tanto federal como local. Es decir, el INE asume la responsabilidad de los procesos electorales federales, con el auxilio de las entidades locales.
En el mismo tenor, la Ley General de Trasparencia dota de nuevas atribuciones al INT (todavía IFAI, hasta en tanto no se apruebe en la Cámara de Diputados y se publique en el Diario Oficial de la Federación), para obligar a las instancias de referencia a transparentar la información de sus ejercicios. Así, no podrá catalogarse de “reservada” aquella información relacionada con “violaciones graves a derechos humanos” o delitos de lesa humanidad. Como aquellos que “la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e injustificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”.
El Estado como garante del acceso efectivo de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los tres poderes, así como cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza recursos públicos.
Cabe señalar que el legislador tiene previsto un mecanismo sancionador, para los casos en que alguna de las instancias, objeto de la presente ley, oculte información vulnerando el derecho fundamental de la sociedad. De ese modo, el nuevo marco legal que se crea con la Ley General de Transparencia y entrará en vigor en forma escalonada se fortalece la fiscalización de los poderes de la Federación, los órganos autónomos, partidos políticos, fondos públicos y toda persona que reciba o ejerza recursos de origen público.
Fuente: Sdpnoticias.com
















