Por: Miguel Badillo.
Octavio Atilano Román Tirado, opositor a la presa Picachos en Mazatlán, Sinaloa, es asesinado el 14 de octubre de 2014; Bernardo Vásquez Sánchez, opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán, es ejecutado el 15 de marzo de 2012 en San José del Progreso, Oaxaca; la coordinadora de la organización ambientalista Bios Iguana, con sede en Colima,
Esperanza Zenil Salazar, vive a salto de mata junto con su equipo de trabajo porque hay amenazas de muerte en su contra.
Éstas son sólo algunas de las muchas agresiones, acosos y ejecuciones que padecen aquellos que se atreven a defender la tierra y el medio ambiente en un país en donde la corrupción, la impunidad y la complicidad se imponen para que depredadores y explotadores de la tierra y de los recursos naturales hagan lo que quieran.
Para salvar la vida, los integrantes ambientalistas de Bios Iguana han tenido que salir del estado de Colima, gobernado por el priísta Mario Anguiano Moreno, pese a que la organización de la cual forman parte está dentro del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos”. Esperanza Zenil Salazar ha denunciado que ha sido víctima de seguimiento por personas a bordo de vehículos oficiales, otros más se han apostado afuera de su domicilio particular y en sus cuentas de correo es víctima de insultos y acoso sexual constante, pero esto parece no importarle a nadie.
Desde 2013, Bios Iguana trabaja con la comunidad nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, en Colima. En esta comunidad indígena los lazos comunitarios se rompieron; el divisionismo lo trajo consigo la mina —propiedad de Rigoberto Verduzco Rodríguez, vinculado a la empresa Gabfer, SA de CV— que pretendía explotar el oro de la región. También padecen el cacicazgo de Carlos Guzmán Teodoro, otrora presidente de Bienes Comunales.
Así lo constataron miembros de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan, integrada por académicos, defensores de derechos humanos y periodistas de Canadá, Estados Unidos y México, quienes visitaron el lugar de conflicto entre el 1 y el 4 de marzo.
Por el trabajo en la defensoría de los derechos humanos y ambientales; así como la asesoría al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Nahua de Zacualpan, Esperanza Salazar y su equipo integrado por Víctor Andrés Cruz Chi, Pavel Misael Andrade Simental, Alejandro Bueno Salazar, Giovanna Jazmín Ramírez Pimentel y Montserrat Cárdenas Rojas han enfrentado una campaña de difamación contra la organización, calumnias, seguimiento policial, intervenciones telefónicas y de correos, agresiones y, por supuesto, amenazas de muerte.
Los detalles de este acoso han sido denunciados oportunamente ante el gobierno del estado, las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, incluso hasta las oficinas de Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones sobre el caso ni se haya recibido protección y medidas de seguridad que salvaguarden su vida y permitan continuar su trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos en Colima.
En un documento enviado al relator de Naciones Unidas, y del que se tiene copia, se lee: “Las amenazas de muerte han sido recurrentes. Los integrantes de Bios Iguana no podemos libremente caminar por las calles, menos aún en la comunidad, ya que después del Punto de Acuerdo (en el que se destituyó al cacique por mayoría de la comunidad) la gente violenta se ha envalentonado y cada que alguien extraño se acerca a la comunidad inmediatamente se organizan con palos y piedras para recibirlo… tres de nuestros compañeros han renunciado a la organización por considerar que no hay garantías de seguridad a nuestro trabajo como personas defensoras de derechos humanos; dos más, sin renunciar, se han alejado, lo que sin duda nos pone también en riesgo a los compañeros que seguimos trabajando en la organización Bios Iguana y en la comunidad”.
Sirvan estas líneas para alertar a las autoridades federales del riesgo en que se encuentran estos defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en un estado en donde la ausencia de justicia es constante y que combinada con impunidad y corrupción, es el clima propicio para los abusos de caciques que son quienes mandan en la región en favor de sus intereses económicos sobre los derechos sociales.
Fuente: AZdiario.mx
















