Por: Francisco Cárdenas Cruz.
* Ponen en grave riesgo el proceso
El Partido Verde Ecologista de México y el Instituto Nacional Electoral parecen no tener remedio: uno se harta de violar la legislación en la materia y otro confirma su incapacidad para ponerle freno, por más multas millonarias que le aplica,
lo que pone en riesgo que otros contendientes incurran en actitudes similares y los comicios de junio se conviertan en una feria de incumplimientos y burlas a la ley, que le resten legitimidad y credibilidad a los procesos federales y estatales.
Para colmo, la ilícita entrega de despensas en varias entidades federativas por parte del Verde y del PRI, que son aliados electorales, empezó a motivar denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, contra la secretaria de Desarrollo Social y dirigentes partidistas.
Hasta ahora, el INE le ha impuesto al Verde Ecologista una decena de cuantiosas multas por haberse anticipado al inicio formal de las campañas, la más alta de 67 millones 100 mil pesos, que sin embargo no han impedido que sigua violando la ley electoral y más recientemente la de Publicidad Exterior del Distrito Federal, al colocar su propaganda en árboles en algunas delegaciones políticas capitalinas, como en la colonia Vista Hermosa de Cuajimalpa, sin reparar en daño alguno a la ecología, cuya defensa ha sido su bandera mediática.
En este espacio hemos apuntado reiteradamente que el PVEM se convirtió en el “coco” del árbitro electoral, cuyas resoluciones y sanciones la dirigencia ha ignorado una y otra vez, igual que con los exhortos de la autoridad a retirar su propaganda o sus spot en medios electrónicos o la distribución de kits escolares, mismas que emprendiera desde antes del domingo pasado, al inicio oficial de las campañas.
Ayer en Quintana Roo, la dirigencia estatal del PRD denunció la distribución de despensas del Verde, a través de tres asociaciones civiles: “Niños Verdes”, “Familia Verde o Ángeles Verdes” y “Niños Verdes por amor a México, a cuyo cargo está Erika González Martínez, hermana del presidente del PVEM y senador con licencia, Jorge Emilio González Martínez y en la que participan legisladores y dirigentes de este partido.
Al mismo tiempo, después de haber solicitado infructuosamente al INE la cancelación del registro al Verde, los senadores del PAN, encabezados por su coordinador, Fernando Herrera, presentaron una denuncia penal en la PGR contra Rosario Robles, titular de Sedesol por posible desvío de recursos y peculado con fines electorales en los estados de México, Tamaulipas y Yucatán, lo que marcó el inicio de las acusaciones entre los principales partidos que participarán en las elecciones federales y estatales del domingo 7 de junio.
Se suman a las violaciones del PVEM a la ley electoral, cuyo ejemplo habrá de seguir de parte del PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena y de otros con nuevo registro que conforman la llamada “chiquillada partidista”.
Y si el Verde no tiene remedio en esas ilícitas acciones, tampoco el INE que a unas semanas de los comicios sigue sin hallar como poner alto a ese partido, a pesar de las multas millonarias que le ha impuesto y que según declaró el líder de sus diputados, Arturo Escobar, le serán descontados de las prerrogativas que recibe y que por lo visto no preocupa en absoluto.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
>>EL pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general y en lo particular la Ley de Transparencia, en tanto que en la de Senadores sólo se presentó en primera lectura el dictamen de la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción que será puesto a discusión hasta la sesión del próximo martes.
>>ASÍ, en la sede senatorial se incumplió, oootra vez, el acuerdo de las directivas y Juntas de Coordinación Política al que en por lo menos un par de ocasiones habían llegado para que los dos dictámenes recibieran el visto bueno al mismo tiempo en ambos recintos camerales.
>>DE todas formas, y por más expectativas que se han pretendido crear de que con esas nuevas leyes se hará frente a corrupción e impunidad que siguen convertidas en el cáncer de la nación, más y más casos se ponen al descubierto en dependencias y en empresas como la Comisión Federal de Electricidad o en el GDF con el caso de la Línea 12 del Metro.
>>UNO de ellos, detectado en ésta, fue denunciado ayer por senadores del PAN quienes solicitaron a la PGR investigar el megacontrato de la “empresa de clase mundial” con la arrendadora de vehículos Casanova Rent, por más de tres mil 600 millones de pesos.
>>SI las actuales leyes no se aplican para sancionar esos ilícitos, por más discursos, declaraciones y mensajes de funcionarios gubernamentales de que “ahora sí” se enfrentarán, la mayoría de la población duda que así vaya a ser por los antecedentes que son de sobra conocidos.
>>LO menos que muchos se preguntan es si la aprobada Ley de Transparencia, por parte de los diputados, y el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando reciba luz verde en el Senado, servirán de algo para frenar el saqueo a la nación que se da de los recursos públicos en áreas de los gobiernos federal, estatales y del DF.
>>POR cierto que el diario La Razón publicó ayer en su nota principal el informe final de la investigación de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que investigó lo ocurrido en la Línea 12 del Metro, en el que se revela que por “ahorrarse” mil 955 millones de pesos, el gobierno capitalino que encabezó Marcelo Ebrard acabó pagando ¡ocho mil 691 millones de pesos”, cuyo destino final se desconoce!
>>ESO provocó tantas irregularidades y anomalías que esa fallida obra, en la que la mitad de sus estaciones fueron cerrados desde hace más de un año, siga sin dar servicio a casi medio millón de usuarios, en tanto el ex jefe del GDF tiene en el bolsillo una candidatura plurinominal a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano que lo acogió, después de que el PRD y Morena ni en cuenta lo tomaron ante el riesgo de que el escándalo por esa real o presunta corrupción los alcanzara.
>>ÉSTE caso, del que el propio Ebrard se ufanaba de que era su “Línea Dorada”, es uno de los muchos que, de entrada, anulan toda esperanza de que la Ley de Transparencia y el SNA, vayan a poner un freno a tantos ilícitos que privan en los altos niveles de gobierno y que hoy por hoy tienen al país entre los más corruptos del mundo, por más que se diga lo contrario.
>>Y es que como solía repetir el desaparecido panista José Ángel Conchello, quien fue presidente de su partido, diputado federal y senador y uno de los más lúcidos militantes del blanquiazul, “la corrupción –a la que él combatiera con tenacidad- hay que barrerla de arriba abajo”.
>>ALFREDO Castillo Cervantes es todo un caso de funcionario pegado a la ubre presupuestal, en el cargo que sea: fue procurador de justicia del estado de México cuando el hoy Presidente lo gobernó; se le designó subprocurador en la PGR al inicio del sexenio; después, procurador federal del consumidor; más tarde se le envió como comisionado del gobierno federal a Michoacán y desde anoche es el nuevo director general de la Comisión Nacional del Deporte.
>>EN el Edomex, Castillo Cervantes “resolvió” el caso de la niña Paulette; en la PGR tuvo serias diferencias con el entonces titular, Jesús Murillo Karam; en la Profeco, su protagonismo lo llevó a “clausuras” inexplicables y hasta absurdas, y en Michoacán logró dividir y enfrentar a los tres principales líderes de las autodefensas, a los que después encarceló por unas u otras causas: José Manuel Mireles, que sigue tras las rejas; Hipólito Mora, hoy candidato plurinominal a diputado por Movimiento Ciudadano y Luis Antonio Torres, “Simón el Americano”.
>>AHORA, a tres meses de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, reemplazó a Jesús Mena, el ex medallista olímpico en clavados, tras el enfrentamiento que éste tuvo con el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, que anoche le dio posesión al mexiquense. Uno más de la legión que ocupa cargos públicos de mediano y alto nivel, desde el inicio del sexenio.
>>MAX Alberto Diener Sala y Julián Olivas Ugalde, fueron propuestos por el presidente Enrique Peña como procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respectivamente.
>>EL primero, abogado egresado de la UNAM y con postgrados del ITAM y el CIDE, se desempeñaba como consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el segundo, es subsecretario de la Función Pública y encargado del despacho durante más de dos años, hasta el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de esa dependencia.
>>MÁS tardó en hacerse público que Francisco Domínguez Servién, candidato del PAN a gobernador de Querétaro, no había incluido en su declaración patrimonial algunos bienes, para que de inmediato lo hiciera y, de paso, criticara a su adversario priísta, Roberto Loyola Vera de que no lo hiciera y ni siquiera se presentara a la iniciativa “3 de 3”, convocada por el Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia-México, en la capital de esa entidad.
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De Interés Público.
















