Por: Claudia Guerrero y Rolando Herrera.
Senadores del PRI y PVEM rechazaron la propuesta del PAN que planteaba una reforma constitucional para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indagara los “moches” que diputados federales y presidentes municipales cobran a empresas constructoras con cargo al Presupuesto de Egresos.
La reforma al artículo 74 de la Constitución fue planteada por el senador panista y ex Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien advirtió que la bolsa discrecional del Ramo 23 que se reparten actualmente los diputados federales ya rebasa los 122 mil millones de pesos.
Desde la tribuna, el legislador aseguró que la práctica de los “moches” es castigada en otros países porque se trata de un delito, mientras que en México permanece impune a pesar de que se encuentra a sólo milímetros de ser considerada como soborno.
El panista advirtió que sin ese cambio, la reforma constitucional en materia de corrupción resulta insuficiente.
“No nos engañemos. Esta reforma tiene carencias fundamentales. No toca al Presidente, no nos toca a nosotros legisladores, tampoco estamos avanzando en el frente de la corrupción en el Poder Legislativo, no toca a gobernadores abusivos, no toca a presidentes municipales, nos estamos quedando cortos y chatos”, denunció.
“Quiero referirme al abuso y a la corrupción en el Poder Legislativo que representan los ‘moches’. Vemos cómo en la Cámara de Diputados se reparten el presupuesto como si fuera propio para obtener beneficios privados, que es precisamente la definición de corrupción”.
Cordero, junto con el senador panista Javier Corral, presentó la reserva durante la discusión en lo particular, con la finalidad de frenar lo que calificó como un “mercado negro de corrupción”, en donde diputados, alcaldes y hasta empresas cobran “diezmos” o “comisiones” con cargo al erario público.
El panista propuso adicionar un párrafo para que la ASF sea competente en investigar “aquellos actos que se ejecuten con ocasión de la aprobación del Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de Diputados y que pudieren ser constitutivos de corrupción en los términos descritos en esta Constitución”.
Con 57 votos en contra del tricolor y el Verde, el planteamiento ni siquiera fue aceptado para su discusión.
Y cuando el texto original del dictamen fue sometido a la votación del pleno, para ratificarlo en sus términos, apenas alcanzó por un voto las dos terceras partes requeridas.
Fuente: El Norte.
















