Por: Jorge Volpi.
Si antes parecía un secreto a voces o una realidad sufrida por miles de ciudadanos, ahora contamos con datos precisos que lo sustentan: si en México se vive en permanente zozobra, si los índices de violencia no disminuyen, si a diario escuchamos sobre casos de corrupción cada vez más escandalosos o sobre sistemáticas violaciones a los derechos humanos,
si la desigualdad se acentúa, si prevalece el miedo y no existe la menor confianza hacia la autoridad -hacia ninguna autoridad-, se debe en buena medida a nuestro desfalleciente sistema de justicia.
A diario nos vemos inundados con noticias que documentan, señalan o denuncian toda suerte de crímenes: desde pequeños robos, violaciones y homicidios -el alimento de la nota roja- hasta aquellos que implican a los poderosos, en especial políticos de todos los partidos y los empresarios vinculados a ellos, sumados a los que se han vuelto endémicos en un país desgajado por la guerra contra el narco: secuestros, desapariciones, torturas, masacres. Pero acaso lo más terrible es que estas historias se quedan siempre truncas, pues al atroz relato de los sucesos no le sigue nunca la conclusión lógica que éstos deberían acarrear en una nación civilizada: la detención y condena de los responsables.
En vez de ello nos quedamos con el mismo vacío y el mismo desa- sosiego: los culpables nunca pagan, o quienes pagan no son los culpables, o quienes pagan no es por los crímenes que cometieron. A fin de cuentas, poco importa lo que uno haga -robar, desviar recursos, raptar, asesinar-, a la cárcel sólo van a parar los miserables o quienes poseen menos contactos o enchufes. Y quienes acaban allí languidecen sin sentencias firmes, en un limbo en el que nunca se sabe la verdad o al menos esa verdad que deberían de fijar los jueces.
La desprotección es abismal: uno puede ser víctima tanto de los delincuentes como de las autoridades, sin que nadie nos proteja. Si los castigos existen es, en primera instancia, para disuadir comportamientos semejantes; si la disuasión desaparece, triunfa esa soterrada invitación a delinquir que los anglosajones llaman riesgo moral. En efecto, una fragilidad moral impera a lo largo de la sociedad mexicana, y no mejorará en tanto no tomemos medidas drásticas con nuestro sistema de justicia.
Tal como señala el Índice global de impunidad, presentado hace unos días por la Universidad de Las Américas de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, México ocupa el lugar número 58 de los 59 países de Naciones Unidas que cuentan con datos suficientes para evaluar este tópico. ¿Qué significa esto?
El estudio evalúa la organización estructural y funcional de nuestro sistema de justicia (que incluye tanto la parte de seguridad como la propiamente judicial), así como las violaciones de derechos humanos, y la conclusión es la misma: nuestras debilidades son extremas, con un alarmante déficit en el diseño institucional de nuestra judicatura y un comportamiento desastroso por parte de nuestras fuerzas de seguridad, en particular en la fase de investigación.
De los 23 indicadores evaluados, que incluyen entre otros el número de policías por habitante, el número de jueces, los reclusos entre la capacidad total de los penales, los condenados entre personas frente a los tribunales, el porcentaje de encarcelados sin sentencia, el porcentaje de personas sentenciadas a veinte años o más por porcentaje de personas encarceladas por homicidio, los encarcelados entre condenados, los encarcelados entre el total de denuncias, los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales y los reportes de tortura, reprobamos estrepitosamente.
Una de las conclusiones más relevantes del Índice apunta a que en realidad no necesitamos más cuerpos de seguridad -como ha sido la tendencia desde el inicio de la guerra contra el narco-, sino más y mejores jueces. Mientras que el estudio estima que se requieren al menos 17 por cien mil habitantes para garantizar su eficacia, en nuestro país sólo hay 4. Dejando de lado la omnipresente corrupción, el número de casos hace imposible el desahogo natural de los expedientes. Una situación que llega a la Suprema Corte, la cual se demora en resolver miles de casos en apelación en vez de concentrarse en su tarea de tribunal constitucional. En resumen: urge modificar las prácticas de averiguación previa, la prisión preventiva y la presunción de inocencia, por un lado; y, por el otro, formar nuevos y mejores jueces: nuestra última esperanza.
@jvolpi
Fuente: Reforma.
















