Por: Eduardo R. Huchim.
Con una semana de diferencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió en abril dos sentencias contrastantes porque una implica el ejercicio de su autonomía frente al Ejecutivo y la otra conlleva lo contrario: la sumisión de cuatro magistrados ante ese mismo poder,
si bien su presidente exhibió sus contradicciones, en tanto que el sexto puso pies en polvorosa (el irresponsable Senado no ha nombrado al séptimo integrante).
La primera de tales sentencias (22/04/15) es ejemplo de buen derecho: la validación a los spots críticos del PAN al presidente Enrique Peña Nieto, sacados del aire por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral -dominada por dos consejeras filopriistas-, que los consideró calumniosos, en consonancia con los argumentos del consejero jurídico de la Presidencia.
El spot panista criticaba el dispendio en la visita presidencial al Reino Unido y el TEPJF resolvió que no existía tal calumnia, que en los procesos electorales el debate político adquiere su manifestación más amplia y que una figura pública está más sujeta a la crítica que un ciudadano de a pie, todo ello en la sentencia recaída al expediente SUP REP 197/2015, cuyo proyecto fue preparado por la ponencia del presidente del Tribunal, Constancio Carrasco Daza, y aprobado por unanimidad.
La otra sentencia, SUP RAP 125/2015 y acumulados, afrenta al buen derecho y parece obedecer a la consigna. Es la que revocó la candidatura a diputado federal de Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del DF postulado por el partido Movimiento Ciudadano (MC).
La postulación de Ebrard ha sido interpretada como la búsqueda de parapeto, por la vía del fuero, contra su eventual enjuiciamiento por las irregularidades en la Línea 12 del Metro. Y la revocación de su candidatura tiene aroma de vendetta porque al Príncipe le han vendido la especie de que Ebrard le entregó a Carmen Aristegui un expediente con documentos sobre la “casa blanca” de las Lomas. Además de lo ofensiva que tal versión resulta para el trabajo periodístico de Aristegui y su equipo -hoy despedidos de MVS por esa revelación-, lo cierto es que ninguna prueba ha sido aportada para sustentarla.
Para revocar la candidatura, el ponente Pedro Esteban Penagos y otros tres magistrados -Alanís, Galván y González- recurrieron a un torcimiento de la disposición (Legipe, 227.5) que prohíbe la participación simultánea en los procesos internos de diferentes partidos. Tal simultaneidad no se acredita porque Ebrard aspiró primero a una candidatura del PRD y, al no obtenerla, aceptó la postulación que le ofreció el MC, como lo explicó nítida y tersamente el presidente del Tribunal, Carrasco Daza, quien emitió el único voto en contra de la revocación. El magistrado Salvador Nava sólo participó en una parte de la sesión respectiva, por tener que cumplir una “comisión” del TEPJF.
Con esa oprobiosa sentencia se vulneró el derecho constitucional de Ebrard a ser votado, mientras los cuatro magistrados soslayaron la disposición contenida en el artículo 1o. de la Carta Magna: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
No sólo eso, los partidos impugnantes, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, carecían de pleno interés jurídico para impugnar, como lo hicieron, la candidatura de Ebrard porque no les afectaba el proceso interno del MC. En todo caso, quienes sí pudieron hacerlo legítimamente son los militantes del MC.
Peor aún: una tesis jurisprudencial del propio tribunal (18/2004) así lo establece (énfasis mío): “Para que sea procedente la impugnación de un partido político en contra del registro de un candidato postulado por otro, es necesario que invoque que no cumple con alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la respectiva Constitución o ley electoral…”.
Y los tres partidos quejosos No invocaron asuntos de elegibilidad, sino las mencionadas supuestas violaciones a la Legipe. Es decir, la impugnación debió ser desechada por improcedente, pero a pesar de la obligatoriedad de esa jurisprudencia, cuatro magistrados -la mayoría- se apartaron de ella.
Se puede simpatizar o no con Ebrard, pero ése no es el punto. Lo importante es que ningún mexicano debe ser blanco de la vendetta del Príncipe y mucho menos a costa del prestigio de una institución clave para la democracia.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















