Por: Roberto Zamarripa.
A cambio de una bicoca, el gobierno de la Ciudad de México concesionó las calles de algunas colonias -con todo y baches, raíces de jacarandas a modo de banqueta, o banquetas a modo de trampas- a empresas para que cobren el estacionamiento en la vía pública.
Un porcentaje de los ingresos, dice el gobierno,
se destinará al arreglo de parques y banquetas. Los resultados están a la vista.
Ahora un neofranelero con chaleco verde armado con grilletes, revisa si los conductores pagaron el estacionamiento; lo escolta un policía para subrayar que la ley se hizo para cumplirse. El problema es que ésta es la ley de una empresa privada apropiada de un espacio público.
Es inútil discutirlo porque puede salir más caro. El otro día una noble señora dejó el boleto de pago en la orilla del tablero de su camioneta estacionada en una colonia del sur de la ciudad. Cuando la señora llegó a recoger su auto, minutos antes del vencimiento del tiempo de pago, lo encontró inmovilizado con grilletes. Ella fue a quejarse con el neofranelero que observaba a distancia. La respuesta del empleado fue de ira. Regañó a la señora porque no dejó a la vista el boleto y la obligó a pagar la multa pese a que ella le insistía que había cumplido y que el boleto estaba sobre el tablero. El neofranelero le insinuó que la conductora había movido el papelito subrepticiamente. El policía hizo cara de que no estaba en sus funciones de gendarmería mediar o intervenir. Al final, la señora pagó dos veces: una por estacionarse y otra por una multa caprichosa. Su día fue estropeado.
Eso sí, la banqueta de su casa sigue sin arreglo y el hoyanco que dejó un poste de luz derrumbado por un ventarrón sigue intacto.
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Con lentes oscuros sobre la frente, la mano izquierda sosteniendo el celular y su brazo arqueado como si estuviera bailando tango, Juan Carlos Camarillo aparece en un video tratando de evadir una detención policiaca en Morelia.
Circulaba en un auto con un conductor en estado de ebriedad. El policía Manuel Ferreyra detuvo el auto, solicitó tarjeta de circulación y licencia, y pidió al conductor acudir a la delegación para ser valorado por un médico.
Camarillo llamó por teléfono a su patrón Ernesto Núñez Aguilar, un diputado del Partido Verde popularmente conocido como el “diputado moches” debido a las extorsiones que ejerce sobre alcaldes michoacanos para liberarles presupuesto.
Detenido en la avenida Torreón Nuevo de Morelia, Camarillo, un militante del PRI, partido hermano del Verde, imploraba a Núñez Aguilar actuar en contra del policía.
“¿No sabes quién es? (Ernesto Núñez Aguilar)”, le dice Camarillo al policía mientras realiza la llamada a quien llama “mi hermano”. El policía repele: no. El priista insulta al policía por ignorante y le pide su nombre. “Para que lo anotes, compadre”, dice a Núñez Aguilar en su amedrentamiento.
Una pluma del partido del truhán, perdón, del tucán.
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El Partido Verde -esa caterva que extorsiona con una licencia de hacer política- todos los días incumple con la ley. Es como si diariamente dejara mal estacionado sus autos, sus dirigentes manejaran ebrios, circularan en sentido contrario. Y la autoridad le impusiera las multas que a la postre le dispensan funcionarios deshonestos.
Su auto no es inmovilizado por sus faltas. Al contrario, queda libre y le regalan la gasolina.
Las suyas, empero, no son faltas administrativas sino violaciones a la Constitución y a las leyes que de ella emanan.
Magistrados electorales y consejeros del INE alineados, subordinados, animosos son cómplices de sus estafas. Porristas con pompones verdes que hacen la ola cada que aprueban el encubrimiento.
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¿Con qué autoridad moral y política la fracción del Partido Verde endereza insultos contra Jorge Alcocer? Ninguna. En un desplegado, los verdes defienden al Tribunal Electoral (Flavio, la porra te saluda), insultan a Alcocer Villanueva y apelan ¡al respeto a la ley! Sangra el pico.
Escalan su extorsión amenazando a sus críticos. Son unos sinvergüenzas.
tolvanera06@yahoo.com.mx
Fuente: Reforma.
















