Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Basta mirar algunos datos sobre las características socioeconómicas de la población en México para comenzar a dimensionar qué tan marginal es el sistema de justicia para resolver los conflictos cotidianos de mucha gente. Ejemplo de ello es el cobro de pensión alimenticia en caso de divorcio.
Las mujeres son las que comúnmente se quedan a cargo de los hijos. La legislación de las entidades federativas establece la obligación del padre de pagar una parte de los gastos que conlleva el cuidado de los hijos: alimentos, vestido, atención médica, educación y recreación. Esto es la “pensión alimenticia”. El problema que enfrentan muchísimas mujeres del país es que simplemente no pueden hacer efectivo, mes a mes, el pago de la pensión alimenticia. El sistema de justicia está diseñado para hacer posible el cobro bajo un conjunto de condiciones que reúnen sólo algunas personas en México y, por lo tanto, quedan fuera del espectro de la protección judicial cientos de mujeres y niños que viven una realidad completamente distinta.
El pago de la pensión es sencillo si el padre tiene un empleo formal. En este caso, el juez notifica a la empresa o institución pública que retenga del salario del padre el monto que fijó como pago de alimentos para sus hijos. Sin embargo, según datos del INEGI, 57.5% de la población masculina económicamente activa tiene un empleo informal y 4.5% está desempleada. Por lo tanto, el cobro de la pensión a través de este mecanismo sencillo es imposible si el padre está en donde se encuentra 62% de la población masculina del país.
Existen otros mecanismos para hacer efectiva la pensión: embargar bienes, arrestar a quien no paga, denunciarlo penalmente, anotar su nombre en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (en el DF), entre otras. Todas estas medidas hacen sentido para hacer efectiva la pensión a deudores solventes, que no pagan la pensión para hacerle la vida difícil a su ex pareja, y requieren que la madre tenga capacidad económica para contratar a un abogado para ejecutar el pago.
Sin embargo, la realidad del país es otra. Una de las razones más importantes para no pagar la pensión alimenticia, tratándose de padres con baja capacidad económica y sin un mínimo de seguridad patrimonial, es la falta de dinero. Esta falta de solvencia económica es aún más grave cuando el padre forma otra pareja y también tiene hijos con ésta.
Frente a la incapacidad económica del padre, la madre no tiene nada que hacer. De hecho, el artículo 320, fracción I, del Código Civil del Distrito Federal establece que es causa de suspensión o cese de la obligación de pagar alimentos no tener medios para hacerlo. El sistema de justicia deja fuera del amparo de la ley a las madres que tuvieron hijos con quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas. Mientras que los padres sólo están obligados a pagar la pensión si tienen medios para hacerlo, las madres, en cambio, tengan o no dinero, tendrán que buscar hasta por debajo de las piedras la manera de sacar adelante a sus hijos. Ello explica en parte por qué las mujeres pobres enfrentan más obstáculos que los hombres para progresar. También explica el porqué del trabajo infantil y la deserción escolar.
En el Midtown Community Court de Nueva York, ante una realidad igual pero menos extendida, el juez puede disponer de un conjunto de servicios sociales que les ayudan a los padres que no pueden pagar la pensión por falta de solvencia a buscar un empleo y recibir el apoyo psicológico para lograrlo. Mientras tanto, el juez se encarga de que el padre siga viendo a los hijos mientras resuelve su problema económico. Gracias a ello, los padres no rompen los vínculos afectivos con sus hijos. De lo que se trata es de generar las condiciones, aunque tome tiempo, para que los padres se hagan cargo de sus hijos y no caiga toda la responsabilidad sobre las madres. Todo ello es un enorme desafío para los jueces y para las instituciones de servicio social y de estímulo del empleo. Sin embargo, esta es la única manera posible en que la justicia, al fin de cuentas, sirva para resolver los problemas de la gente. Lo otro, es decir, llevar a cabo un procedimiento judicial con todos los formalismos legales pero que no se hace cargo del fondo del problema, es pura simulación.
Fuente: Reforma.
















