Por: Martín Espinosa.
Cifras y datos del TEPJF dan cuenta de una triste realidad en la vida política del país: ninguno de los diez partidos políticos con registro en el INE cumplió con las disposiciones legales, constitucionales y reglamentarias en el proceso electoral que tendrá su culminación el próximo domingo 7 de junio. Y ése es, precisamente, el drama que enfrentamos. Quienes son los primeros llamados a respetar y,
con esa autoridad moral que da la congruencia, hacer respetar las leyes son los primeros que pasan por encima de ellas con tal de llegar al poder. No importan los métodos, ni el camino que se tome. Lo único relevante al final de la contienda es hacerse del poder y del dinero que da el tener poder. Tal como lo documentó en su edición de ayer Excélsior, el órgano del PJF encargado de las cuestiones electorales ha recibido poco más de 14 mil 500 asuntos. Toda una marca si se compara con las quejas recibidas en el proceso electoral de 2009, cuando recibió poco más de mil 500 asuntos. Estamos frente a un aumento de más de 800 por ciento. El que ningún partido haya cumplido cabalmente con toda la normativa constitucional, legal, reglamentaria, estatutaria y convencional que rige al actual proceso electoral refleja la realidad marcada por el incumplimiento de las leyes por quienes deberían no sólo cumplirlas sino hacerlas cumplir a todos los ciudadanos. Si hoy existe un desprecio por la legalidad de parte de los ciudadanos se debe, y no es pretexto, a que quienes diseñan las leyes y las aprueban en el Congreso y en cada uno de los estados son los primeros en violarlas. En entrevista con medios informativos, José Ángel Gurría, secretario General de la OCDE que agrupa a 34 naciones del orbe para promover políticas que mejoren el bienestar social de las personas, advertía que la economía local crecerá a una tasa cercana a 4% el año próximo… si se da una buena implementación de las reformas estructurales y un mayor dinamismo de la actividad económica global. Lo anterior no servirá de nada si México no avanza en la transformación del Estado de derecho y de su sistema judicial.
Menudo trabajo tenemos, ya que si no hay en la práctica una verdadera transformación de la legalidad en el país no servirá lo ganado con la aprobación de las leyes que no se aplican, pues los intereses de quienes se ven afectados con las nuevas disposiciones impiden el avance de las reformas. Hay que mirar al sector educativo para darnos cuenta de lo difícil que es acabar con las “mafias” que siguen lucrando con los privilegios que “ganaron” hace varias décadas.
El fortalecimiento del Estado de derecho pasa necesariamente por los ciudadanos. Si nosotros no estamos convencidos de la necesidad de transformarlo para terminar con los cotos de poder de ciertos “grupos”, tampoco el cambio vendrá “desde arriba” donde el “pleito” está en conservar el poder y los recursos económicos que implica ganar “posiciones” en la próxima elección. ¿De qué sirve la aprobación de reformas constitucionales si en la práctica de nada van a servir? Por ello, cobra cada vez más fuerza la intervención ciudadana en las “cosas públicas” y que a través de la participación podamos exigirles a nuestros gobernantes un comportamiento de mayor compromiso, con honestidad y apegado a la ley, para garantizar que las reformas se cumplan. Y el que falle, él y su partido, pagarlo en las urnas a través del voto. Ya basta de que a la hora de votar las “clientelas” de los partidos siempre derroten a los ciudadanos.
Fuente: Excélsior.
















