Por: Eduardo R. Huchim.
La elección de gobernador en Nuevo León concentra con mucho la atención nacional, no sólo por la importancia de ese estado, sino por la presencia de un candidato no partidario o independiente que ha puesto en jaque a los partidos políticos. La relevancia de la candidatura de Jaime Rodríguez “El Bronco” rebasa el ámbito estatal y se amplía a la escena nacional,
por cuanto resulta muy evidente que un eventual triunfo suyo incentivaría la posibilidad de que en 2018 haya candidato(s) no partidario(s) a la Presidencia de la República.
Las encuestas de Grupo Reforma fueron las primeras que apuntaron cierta preferencia para “El Bronco” por parte del electorado, la cual luego creció hasta llegar a un porcentaje contundente de intenciones de voto. Posteriormente se sumaron otras encuestas que también le dan ventaja al candidato no partidario a la gubernatura de Nuevo León.
En ese contexto, resulta sumamente grave la revelación que un día antes de la elección ha hecho Reforma sobre la existencia de una operación “tumbacasillas” del PRI, consistente en generar incidentes en las casillas donde este partido supone que la votación le será desfavorable, para luego impugnarlas en busca de su anulación. Conocidas que son las artimañas fraudulentas que el PRI impulsó durante decenios, quedan pocas dudas de que esa operación en efecto existe y representa una medida desesperada para ganar a la mala lo que no es posible obtener a la buena.
Si la operación denunciada se consuma, sería uno de los signos que confirmarían el retorno de viejas prácticas antidemocráticas que le costaron a la sociedad grandes esfuerzos para frenarlas gradualmente, paso a paso, a costa incluso de sangre mexicana derramada.
Casi sobra señalar la urgente necesidad de que las autoridades electorales le salgan al paso a esta operación masiva encaminada, como en los viejos tiempos, a alterar resultados comiciales. No debiera el Instituto Nacional Electoral sentirse ajeno a las revelaciones mencionadas, porque sí le atañen por varias razones, aunque el evasivo presidente del Consejo General sea proclive a desviar responsabilidades a otras instancias del Estado mexicano.
Una instancia que ya debería estar actuando -y hasta la tarde del sábado no se sabía si ya lo estaba haciendo- es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República. La Fepade está a cargo de un funcionario, Santiago Nieto, que anteriormente ha dado muestras de actuar con firmeza e imparcialidad, incluso en circunstancias poco favorables. Esta puede ser su prueba de fuego, pues en los hechos divulgados hay implícitos delitos electorales y no sólo en la operación “tumbacasillas” sino en otras actividades colaterales.
Así ocurre con el reparto de “apoyos electorales” entre la población de diferentes municipios neoleoneses, con cantidades que van de $400 a $2,500 por persona y que casi con seguridad es compra de voto.
Ahora bien, es tan grave la revelada operación en marcha que sería candoroso dejarlo en la esfera de lo meramente electoral. La información que ha divulgado Reforma, producto de una investigación amplia, seria y con testimonios directos, parece indicar una operación de Estado en la que estarían involucrados los más altos funcionarios del gobierno federal y local. ¿Es posible que el Presidente y el secretario de Gobernación ignoren esa estrategia de sus copartidarios? Comoquiera, es claro que la operación debe ser desmontada de inmediato, a menos que se quiera incendiar la pradera… también en Nuevo León.
• OMNIA
La conducta del ciudadano en este domingo 7 de junio, día de elección, puede resumirse en tres puntos: a) acudir a la urna y votar por un candidato postulado por un partido o independiente; b) acudir a la urna y anular la boleta; c) abstenerse. Sin desestimar las respetables y fundadas razones de los anulistas, para mí la primera opción es la mejor, y la última, la abstención, merece ser enfáticamente repudiada.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















