Por: Juan E. Pardinas.
La noche del 19 de mayo de 2004, Lizbeth Salinas Maciel salió de las oficinas del IFAI en Insurgentes Sur para tomar un taxi que la llevó a su muerte. Unas horas más tarde, la joven de 26 años fue encontrada agonizante cerca de la avenida Marina Nacional. El forense describió el crimen como de “extrema violencia”.
Egresada del CIDE, Lizbeth tenía planeado hacer un doctorado en Inglaterra, pero murió cuatro días después de la agresión en el Hospital Metropolitano. Su asesinato fue uno de los catalizadores para que cientos de miles de personas salieran a las calles de la Ciudad de México a marchar contra la violencia en junio del 2004. En las crónicas periodísticas de la manifestación se lee que los asistentes coreaban las consignas de: ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta de violencia! ¡Basta ya de corrupción! Eso fue hace 11 años. Si el servicio de transporte Uber hubiera funcionado en aquel entonces, tal vez Lizbeth Salinas estaría hoy viva.
Esta empresa de tecnología termina con el doble anonimato de los choferes y los pasajeros. Cada viaje de Uber o Cabify deja un registro de la tarjeta de crédito del usuario y el nombre de la persona que maneja el auto. A fines de abril pasado, Miguel Núñez López fue encontrado muerto en la cajuela de su taxi estacionado en Iztapalapa. Si Miguel hubiera sido chofer de Uber, muy probablemente su destino habría sido distinto.
En su libro The Lexus and the Olive Tree, Thomas Friedman narra el secuestro express de John Bussey, corresponsal del Wall Street Journal en la Ciudad de México. El periodista tuvo una mejor suerte que Lizbeth Salinas y Miguel Núñez. Después de una paseada en el suelo del taxi, con una pistola en la sien, el reportero del periódico financiero más importante de Norteamérica recuperó su vida y su libertad. El crimen contra Bussey ocurrió en 1998, los dos asesinatos sucedieron hace 11 años y 2 meses. En un arco de 17 años, hay una constante: sucesivos gobiernos de la Ciudad de México no han logrado garantizar que los traslados en taxi sean seguros.
El miedo y la inseguridad colectiva resultó una fuente de extracción de rentas para los taxis de sitio. A cambio de un viaje sin sobresaltos y un precio elevado pero predecible, este servicio cobraba una tarifa muy por encima de los taxímetros de la calle. Viajar seguro en taxi se volvió un lujo caro.
La convergencia de la tecnología del siglo XXI con un servicio de transporte del siglo XX procreó empresas como Uber y Cabify. La innovación de mercado detonada por las apps, los teléfonos móviles, la cartografía digital, ha logrado lo que el gobierno de la Ciudad de México no ha podido hacer en casi dos décadas: garantizar la seguridad en los taxis, tanto para choferes como pasajeros. Además esto se logró con precios más competitivos para los usuarios. Reducir la violencia de la delincuencia común es un desafío complejo sin varitas mágicas, ni balas de plata. Estas empresas ofrecen una solución a un problema específico. Deberíamos darle la bienvenida. El gobierno del DF debería aprender de Uber.
La salida para el problema no es encarecer artificialmente el servicio de Uber con reglas y cuotas burocráticas. La solución no debería ser la regulación sino la innovación. El mayor riesgo de Uber es que se convierta en un cuasi monopolio. Como propone Manuel Molano del IMCO, el gobierno del DF debería asegurar que todo taxi que circule sobre las calles de la ciudad esté asociado a una app que certifique su identidad. Todo pago de servicio debería ser por medio del sistema bancario, lo cual también asegura el pago de impuestos.
La Ciudad de México debe plantearse la meta de ser la capital de negocios de América Latina. Este objetivo conlleva una aspiración mucho más importante: forjar una metrópoli segura para todos los que vivimos y trabajamos aquí.
@jepardinas
Fuente: Reforma.
















