Por: Eduardo R. Huchim.
Además de sus consecuencias políticas y sociales, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán invita a volver la mirada al estado del sistema penitenciario del país, que representa un problema sin resolver, una formidable asignatura pendiente para el Estado mexicano.
La evasión del poderoso capo del narcotráfico
lanza implícitamente a la cara del gobierno una pregunta que desnuda su corrupción e ineficacia: ¿Dónde puede ser eficaz un gobierno que no puede mantener bajo control ni siquiera a los reos de sus prisiones?
De acuerdo con datos de un reciente estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en los penales mexicanos -hay 423 y 406 son estatales y municipales- ocurren motines, fugas, violencia, tráfico de drogas, riñas y homicidios, y un 65% padece autogobierno, es decir, el Estado no tiene control sobre ellos. Los gobierna la delincuencia organizada y las fugas son pan cotidiano: entre 2009 y 2012 se evadieron más de mil internos, en tanto que otros 600 perdieron la vida (Reforma, 29/04/15).
Reputadas como escuelas del crimen y llamadas eufemísticamente centros de reinserción social, las prisiones están a distancias astrales de ser lo que su nombre formal describe. Representan una prueba monumental, múltiple y diversa de la corrupción y la ineptitud del gobierno, que ha hecho de las cárceles un centro delincuencial no sólo en su interior, sino también hacia afuera.
En algunas cárceles mexicanas los reos poderosos entran y salen a voluntad para visitar a sus familias, para divertirse e incluso para delinquir. Si se tiene el dinero para pagarlo, se puede vivir con un confort equiparable al de lujosos departamentos del exterior.
En algunas cárceles mexicanas han operado sicarios, como ocurría en Gómez Palacio, Durango, donde los reclusos salían por las noches a asesinar, usando vehículos oficiales y armas de los custodios, con la anuencia de la directora, Margarita Rojas. No son presunciones, sino informes oficiales de la PGR en 2010.
De las cárceles mexicanas salen diariamente cientos de llamadas telefónicas de extorsión -quizá sean miles, si se contabiliza la cifra negra de las no denunciadas- y, pese a los esfuerzos de organizaciones como el Consejo Ciudadano, una parte de ellas son delictivamente exitosas.
¿Cómo es posible que internos de un penal puedan delinquir desde su internamiento? La única explicación es la complicidad de las autoridades penitenciarias, que también permiten e incluso incentivan el comercio de productos diversos, desde alimentos hasta drogas, pasando por los preciados teléfonos celulares, contra los que no han funcionado los sistemas de bloqueo.
La otra cara del desastre carcelario es la situación de los reos que no pueden pagar privilegios -la mayoría- y padecen diversos tipos de sufrimiento, que se extienden a sus familiares, ante la indiferencia de las mayorías sociales que consideran que, por haber delinquido y estar en prisión, no merecen ninguna consideración, aun cuando en realidad los reclusos conservan sus derechos humanos, por más que legalmente estén privados de algunos de ellos. Como lo establece la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su informe sobre la salud en los reclusorios (2010-2011), no se brinda una adecuada protección a la integridad física o psicológica de los reos, que son sometidos a “actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
¿Y saben qué? Conforme al estudio “La cárcel en México: ¿para qué?” de México Evalúa, 58.8% de los internos cumplen sentencias de menos de tres años, es decir, la mayoría de quienes están en la cárcel fueron privados de su libertad por delitos no violentos ni graves. Esta cifra también sugiere que la capacidad de persecución criminal del Estado es baja y se limita a los eslabones más débiles de la cadena delictiva. O si se quiere, se actualiza la presunción de que la mayoría de los reclusos están en la cárcel por su pobreza más que por su actividad delictiva.
Los reclusos, pues, no sólo son victimarios y delincuentes, sino también víctimas de sus compañeros y de las autoridades carcelarias. Corregir el desastre de los penales, devolver el control estatal a las prisiones es tarea hercúlea que exige esfuerzo y decisión, so pena de que a corto o mediano plazo las prisiones sean, todas y a plenitud, centros no de reinserción social como quiere la ley, sino cuarteles de un ejército delincuencial que victima a los de adentro y a los de afuera. No es una hipérbole. Es ya una realidad que se está generalizando.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















