Por: Jorge Alcocer V.
Ayer el Consejo General del INE conoció los dictámenes relativos a la fiscalización de ingresos y gastos de campaña (2015) de los partidos y coaliciones; al cerrar este artículo los 11 consejeros seguían discutiendo las multas que se propone imponer, en particular las que se aplicarían al PVEM, para el que, por campañas de diputados federales,
se proponía una sanción total por 56.9 millones de pesos (mdp), además de otras multas por hechos u omisiones en campañas locales.
Si a los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE atendemos, tratándose de candidatos a diputados federales (2,574) solamente 14 de ellos violaron el tope de gastos de campaña y de estos últimos sólo uno ganó la elección (Remberto Estrada; PVEM, Quintana Roo), pero como supera con más de 5 puntos porcentuales al segundo lugar, puede dormir tranquilo. En 2012 los candidatos infractores fueron 188, este año 14; eso significa una reducción del 92.5%.
Por violaciones cometidas en las campañas locales, incluyendo las 9 para gobernador, se propuso un total de multas por 277.3 mdp; que sumados a los 131.1 por campañas de diputados federales, entrega el total de 408.4 mdp a que se refiere la nota del reportero Antonio Baranda ayer en Reforma, de la que he tomado los datos antes mencionados. (p. 3).
Solamente en el caso de Baja California Sur la UTF reportó rebase del tope de gasto de campaña por el candidato a gobernador (PAN), pero, de nueva cuenta, el minúsculo monto del rebase deja al infractor, que ganó la elección, fuera de riesgo. En los otros 8 casos de candidatos ganadores a gobernador la UTF no encontró rebase del tope, aunque registra otras infracciones, por las que sanciona a los partidos. Por campañas locales el partido con el monto más elevado de multas es el PAN; del total, sólo 24 candidatos rebasaron el tope; 8 de los cuales ganaron la elección, pero como en ningún caso el resultado final presenta una diferencia menor a 5 puntos entre el ganador y el segundo lugar, pueden dormir tranquilos.
Según la nota citada, “el INE revisó más de un millón 60 mil operaciones financieras y bancarias de partidos y candidatos”; ha sido, dice el INE, “el proceso de fiscalización más amplio, exhaustivo y expedito de la historia electoral del País”. También sería -agrego- un desmentido a algunos analistas (Luis Carlos Ugalde) o comentaristas (Héctor Aguilar Camín, Milenio) quienes han dado calidad de verdad a las versiones que sostienen que la mayoría de los candidatos rebasan, y con mucho, el tope de gastos de campaña; que el dinero mal habido corre a chorros por los drenajes de los partidos. Que, en pocas palabras, en materia de ingresos y gastos de los partidos y candidatos impera la generalizada violación de la ley (topes de gasto de campaña) y en su fiscalización las autoridades electorales actúan como el Tío Lolo.
Si damos por buena la casi idílica visión sobre el resultado de la fiscalización efectuada en 2015 a los ingresos y gastos de campaña de todos los candidatos, federales y locales, habrá que aceptar que la reforma electoral de 2014, pese a los tropiezos iniciales del INE, generó un milagro que empequeñece el de la transformación del agua en vino. Pese a que el año pasado se privó a la UTF de la autonomía con la que nació en 2007, sometiéndola a lo que decidan los consejeros electorales, estamos ante un portentoso milagro: ha imperado el respeto a la ley y se acataron los topes de gasto de campaña, en tal dimensión que no habrá una sola elección que pueda ser anulada por esa causa. ¡Aleluya; es un milagro!
De mi parte, creo que la fiscalización de 2015 es la más grandota (por número de reportes recibidos), aunque no sea la más expedita, pues el término, para fines jurídicos, no significa solamente brevedad de tiempo, sino también otras cualidades que las autoridades deben cumplir en su actuación. Y no creo que sea la más exhaustiva, a menos que se admita que las sumas y restas agotan la cosa fiscalizada.
Entre el Tío Lolo y el milagro, me quedo con el escepticismo.
Fuente: Reforma.
















