Por: Carlos Matute González.
La vinculación entre índices de pobreza, economía informal y calidad educativa es una condición necesaria para quienes analizan nuestra realidad nacional en materia de política social. Las estrategias para la superación de la marginación del desarrollo de gran parte de la población deben considerar, por lo menos,
estos tres aspectos para romper el círculo vicioso que se reproduce con lamentable frecuencia. Las regiones más pobres son aquellas que tienen los índices que reflejan una mayor economía informal y una menor calidad educativa. En las últimas décadas, los candidatos, en sus propuestas de campaña, y los gobiernos en sus planes y programas, se han comprometido a romperlo.
La informalidad de la economía se tolera en razón de que es manera en que las personas se allegan recursos mínimos para una precaria sobrevivencia, aunque se intuye que algunos hacen fortunas inmensas aprovechándose de la miseria y la desesperación de quienes carecen de la oportunidad de integrarse a actividades más productivas. Basta escarbar, un poco nada más, para descubrir que atrás de los vendedores en vía pública, en puestos fijos y semi-fijos de comida, hay una red de corrupción que se hace de la vista gorda con las reglas de salubridad e higiene o con el pago de cuotas obrero-patronales.
La tolerancia de la informalidad provoca que los costos de quienes no cumplen con las normas y quienes lo hacen varíen significativamente en favor de los primeros y haya incentivos muy fuertes para permanecer en la zona gris de la economía. Esta situación, que mantiene a una buena parte de la población sin protección de la seguridad social, en el mediano y largo plazo, se convierte en una de la principales causas de la pobreza entre los adultos mayores, que cuando llegan a la edad de retiro, no tienen el derecho a una pensión por falta de cotización en el IMSS; y la vía presupuestal, los impuestos, se convierte en la única forma de pagarles una cantidad periódica insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas con programas asistenciales. Esta circunstancia se agrava si la cabeza de la familia se enferma o muere.
La mala calidad en la educación ocasiona que quienes se integran a la fuerza de trabajo sin una preparación adecuada no encuentren empleo en el sector formal de la economía por las exigencias mínimas que éste impone, con lo que muchos jóvenes sólo tienen como opción laboral la informalidad o, más grave aún, la migración o integrarse como carne de cañón a las huestes del crimen organizado. Si además se considera en este escenario la deserción escolar por múltiples causas, como la necesidad de contribuir al gasto familiar, entonces, las condiciones de reproducción de la pobreza como una herencia generacional están dadas.
La informalidad tolerada afecta el mercado de trabajo y deprime los ingresos de los trabajadores por varias causas. Los bajos salarios y las exigencias propias de la subordinación en las empresas incentivan al empleo informal, que en promedio paga menos por el mismo trabajo. Lo anterior, es origen de la baja productividad de la mano de obra, que genera a su vez menor riqueza que repartir y, por ende, considerando la desigualdad que existe en el reparto de la misma, mayor pobreza.
El listado de causas y efectos entrelazados entre pobreza, informalidad y mala calidad educativa es interminable. El tamaño de la bestia que subyace debajo de los índices apenas lo imaginamos. De ahí la importancia de que haya constancia, congruencia y transversalidad en los programas gubernamentales de combate a la pobreza para romper con el círculo vicioso. El presupuesto base cero es una oportunidad para corregir. Esta semana, el Coneval entregó a la Cámara de Diputados el informe de los programas sociales que se duplican. Éste es un documento indispensable, para evitar que haya ocurrencias políticas que estorben a las estrategias objetivas y racionales del gasto.
Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
Fuente: Crónica.
















