Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Ya se ha dicho hasta el cansancio: la fuga de El Chapo nos habla sobre todo de los niveles de corrupción que existen en nuestras instituciones de seguridad. ¿Cuántos funcionarios y de qué niveles tuvieron que ser sobornados para que los cómplices de El Chapo pudiesen construir un túnel tan preciso y bien hecho?
¿Quiénes participaron en la manipulación de los sistemas de control del penal del Altiplano para que El Chapo pudiese huir por la regadera de su celda? No hay que darle demasiadas vueltas: el dinero de El Chapo compró su fuga.
Este no es un problema nuevo ni exclusivo de El Chapo ni de esta administración. Esa misma corrupción es la que tiene en la cárcel a cientos de personas inocentes pagando por crímenes que no cometieron. También es la corrupción la que permite que verdaderos delincuentes anden libres por la calle y puedan seguir delinquiendo. Asimismo, es la corrupción la que facilita que algunos poderosos puedan armar acusaciones penales para cobrar deudas civiles o para resolver problemas de herencias o de relaciones personales. Las instituciones de seguridad y de justicia funcionan y se mueven con dinero. Ello beneficia a algunos cuantos que, como El Chapo, están dispuestos a pagar para que las instituciones legales protejan sus privilegios. El costo para la colectividad es altísimo, pues todos padecemos, se tenga o no dinero, la falta de gobernabilidad y seguridad producto de la fragilidad de nuestras instituciones de seguridad y de justicia.
La compra y venta de impunidad sucede todos los días y en ella participan funcionarios de las procuradurías, las policías, las cárceles y los tribunales. Este mercado de impunidad forma parte del viejo orden político basado en la negociación de la ley como forma de control social y reparto de privilegios. Lo terriblemente dramático de este diagnóstico es que llevamos dos décadas -desde Zedillo hasta la fecha- intentando reformar estas instituciones. Particularmente durante el sexenio de Calderón se llevó a cabo un esfuerzo sin precedentes y se gastaron sumas millonarias para fortalecer a las policías y para profesionalizar el sistema penitenciario federal. La fuga de El Chapo nos hace constatar que, a pesar de todos estos esfuerzos, los avances han sido muy incipientes. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? ¿Por qué prevalece la inercia del pasado frente a los intentos de reforma?
La fuga de El Chapo debería servir para que esta administración ponga un alto en el camino y lleve a cabo una evaluación crítica de lo que se ha hecho en las últimas dos décadas, no para señalar culpables y buscar chivos expiatorios, sino para corregir la ruta. Es posible que parte del fracaso de las reformas a las instituciones de seguridad y justicia esté asociado a la falta de un acuerdo político fundamental: dotar de una verdadera autonomía política a las instituciones de seguridad y de justicia de tal modo que la ley sea igual para todos. Ello, hasta ahora, no ha sido parte sustantiva de la agenda de reformas. Las reformas a las policías, las procuradurías, los reclusorios y los juzgados penales han estado motivadas en la idea de atrapar y castigar a los delincuentes. Sin embargo, nadie ha hablado hasta ahora de terminar con el trato VIP, de lograr que las procuradurías y los tribunales operen sin injerencias externas y sin dinero de por medio. Que no haya quien pueda girar instrucciones a los procuradores para que acusen a unos y protejan a otros. Ni tampoco para que se presione a los jueces para que resuelvan los asuntos en uno u otro sentido. Es decir, el problema de las reformas a las instituciones de seguridad y justicia es concebir que éstas se pueden llevar a cabo de forma exitosa sin trastocar los privilegios de la élite.
Es cierto que los casos de injerencia y manipulación política y económica de la élite son los menos. Pero gracias a que existe esta posibilidad, la inercia del pasado prevalece frente a los intentos de reforma. Si la élite puede manipular la ley con ayuda de algún procurador o de un presidente de tribunal, los secuestradores y extorsionadores lo pueden hacer con la ayuda de algún policía o de un agente del Ministerio Público. Cambiar este perverso equilibrio es central para recobrar la brújula perdida.
Fuente: Reforma.
















