Por: Saúl Arellano.
Hay situaciones frente a las cuales no cabe más que reconocer que se ha fracasado; y frente a las cuales también sería un acto de necedad empeñarse en seguir por la misma ruta. Una de ellas, pensada en términos del interés nacional, se encuentra en la estructura, funcionamiento y resultados del Ramo 33 luego de 18 años de operación.
Cuando se planteó su creación en 1997, como respuesta a la reforma del Artículo 115 Constitucional, se planteó que sería el mecanismo idóneo para que los municipios pudieran cumplir con el conjunto de responsabilidades de gobierno que estaban siendo incorporadas en ese momento al texto de la Carta Magna.
Educación, salud, seguridad pública, agua potable, manejo y disposición de desechos sólidos, medio ambiente y otros ámbitos de responsabilidad, quedaron catalogados como de responsabilidad directa de las presidencias municipales, bajo el argumento de que en el “proceso democratizador” de México, había llegado la hora de la “mayoría de edad de los municipios”.
Nadie, en su sano juicio, podría oponerse a que en una República, el federalismo democrático sea una de las agendas a consolidar, y una realidad a construir permanentemente; sin embargo, ello no justifica el aferrase a ultranza a mecanismos que están produciendo efectos contrarios a su mandato jurídico, tanto en el ámbito político como en el del bienestar de la población.
La evidencia nos muestra hoy que los municipios ni son más seguros; ni tienen mejores políticas de desarrollo urbano sustentable; ni tienen un adecuado manejo del uso de suelo; ni cuentan con mejores instituciones y servicios de asistencia social; ni han desarrollado una mejor infraestructura social…
Para ilustrar lo anterior es importante mostrar ejemplos emblemáticos. El primero de ellos es el relativo al incremento en el número absoluto de personas vulnerables por carencia de acceso a la alimentación; según el Coneval, entre el 2012 y el 2014 la cifra creció de 27.4 millones a 28 millones de personas. Y en eso los municipios tienen mucho que ver, porque el Ramo 33 cuenta con un Fondo para la Asistencia Social y cuyos recursos deberían aplicarse en una muy importante proporción, en programas de asistencia social alimentaria.
El segundo tiene que ver con el incremento de 24.9 millones a 25.4 millones de personas vulnerables por carencia de acceso a servicios en la vivienda; quizá éste sea el caso más escandaloso, porque de acuerdo con los datos oficiales, en 2013 y 2014 se invirtieron más de 200 mil millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS).
La suma supera los recursos invertidos a través del programa Prospera; y en eso la corrupción, la incapacidad e ineficacia en los gobiernos municipales y estatales están dejando como saldo un desperdicio inaceptable de recursos en detrimento de los más pobres.
El tercer ejemplo se encuentra en la ínfima reducción de 15.9 millones a 14.8 millones por carencia de calidad en los espacios de la vivienda. Porque en ese rubro, si hay programas socorridos por las alcaldías y gobiernos estatales son precisamente los denominados como “piso firme”; “techos dignos”; o hasta “vivienda digna”, y en los cuales también se han invertido decenas de miles de millones de pesos, con los magros resultados ya vistos.
El Ramo 33 ha degenerado en un instrumento de negociación política y cooptación de presidentes municipales; es hora de que eso cambie porque es inaudito que, con más de 600 mil millones de pesos totales erogados en el 2014, tengamos los rezagos de que dio cuenta el Coneval hace una semana.
Si algo deberían debatir las próximas diputadas y diputados a partir de septiembre respecto del PEF, es justamente cómo optimizar los recursos de este Ramo; cómo cerrarle el paso a la corrupción y cómo lograr que los municipios sean verdaderamente entidades de Gobierno, y no meras estructuras de control y gestión —de muy mala calidad— en el ámbito administrativo.
@saularellano
www.mexicosocial.org
Fuente: Crónica.
















