Por: Lucrecia Lozano.
Estudiosos de la transición democrática en América Latina advirtieron sobre los obstáculos que podían alterar o frenar los ritmos y la orientación de este cambio político. El politólogo argentino Guillermo O’Donnell denominó a estos obstáculos “enclaves autoritarios”.
En las experiencias de transformación democrática emanadas de la crisis
o el agotamiento de los regímenes autoritarios militares en la región, como sucedió en Argentina, Brasil o Chile en los años 1980-1990, esos enclaves autoritarios estuvieron conformados por la permanencia de sectores golpistas dentro de las Fuerzas Armadas, la subsistencia de grupos paramilitares encargados de la represión y la guerra sucia durante las dictaduras, o la existencia de normas constitucionales surgidas bajo los gobiernos militares que amparaban los intereses y la sobrevivencia de las fuerzas antidemocráticas.
Los enclaves autoritarios, sin embargo, no se agotan en esos ejemplos. Hay otras manifestaciones de ellos, producto de regímenes que no son dictatoriales o militares, pero sí autoritarios, y que también frenan, distorsionan y obstaculizan la construcción de una cultura y un régimen democráticos. Llamémoslos enclaves no democráticos.
En mi opinión, la reciente actuación del sindicalismo magisterial en México es un ejemplo de ellos.
En sus orígenes, el corporativismo sindical fue una fuerza que organizó a los maestros y apuntaló el estratégico proyecto educativo nacional que impulsaron los gobiernos de la Revolución Mexicana.
La educación, una singular amalgama de contenidos nacionalistas, laicos, liberales y sociales -inclusive socialistas bajo el sexenio de Lázaro Cárdenas-, fue uno de los ejes de la construcción del México moderno.
Con el tiempo, el sindicalismo corporativo se convirtió en un coto de poder de las camarillas sindicales, en un instrumento de presión política y, en los últimos años, en un obstáculo para modernizar un sistema educativo y una práctica docente que ya no contribuyen a formar satisfactoriamente el capital humano que exige un entorno global crecientemente competitivo.
De ser un instrumento funcional a los intereses del Estado, el corporativismo sindical se volteó en su contra, secuestrando la política educativa y convirtiéndose en un obstáculo para reformar la educación, medida urgente si se aspira a construir una sociedad más desarrollada, democrática e igualitaria, así como a participar de forma competitiva y productiva en la economía globalizada.
Sabemos, por ejemplo, que México ocupa el último lugar entre los 34 países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en los resultados de la prueba PISA, la cual evalúa las competencias de lenguaje y razonamiento matemático de los estudiantes del nivel básico de la educación pública, los cuales integraban en 2012 el 92 por ciento del total de los alumnos de primaria del país y el 89 por ciento de secundaria.
De no concretarse la reforma educativa, sucederá lo de la prueba PISA: por más vocación global que expresen el gobierno y la sociedad mexicanas, continuaremos en la cola del proceso de desarrollo y habremos de asumir sus consecuencias negativas.
Si hace unas semanas el gobierno federal daba la impresión de estar contra las cuerdas ante las violentas protestas que protagonizaron los maestros de la CNTE en Oaxaca, Guerrero y Michoacán en rechazo, entre otros, de la evaluación educativa que contempla la reforma, hoy parece haber recuperado la iniciativa.
La decisión de reestructurar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y congelar las cuentas de la Sección 22 de la CNTE, bastiones de poder del enclave no democrático en el que se ha convertido ese sector del magisterio, revelan una voluntad de actuar y hacer política que contrastan con la imagen de debilidad, pasividad y pérdida de iniciativa que el gobierno de Peña Nieto proyectó en los últimos meses.
El primer paso está dado, ahora falta echar a andar la reforma educativa y sortear el inicio del ciclo escolar que empezará a finales de agosto.
Fuente: Reforma.
















