Por: GILDARDO CILIA LÓPEZ.
@GciliaCilia
“-Caminante, caminante, ¿qué se hizo del famoso caporal?”
Los más pobres en México
Conforme al informe del CONEVAL sobre la Medición de Pobreza, 2014, los estados con mayores índices de pobreza respecto a su población total son: Chiapas 76.2%,
Guerrero 65.2%, Oaxaca 66.8%, Puebla 64.5%, Michoacán 59.2% y Tlaxcala 58.9%. El promedio nacional de la pobreza es de 46.2%.
Los estados con mayores índices de pobreza extrema respecto a su población total son: Chiapas 31.8%; Oaxaca 28.3%; Guerrero 24.5%, Veracruz 17.2%, Puebla 16.2% y Michoacán 14%; porcentajes que se encuentran muy por arriba de la media nacional, que es de 9.5%. En estas entidades coexisten dos situaciones que se deben considerar: 1) la presencia de una alta población rural e indígena y 2) la existencia de conflictos y reclamos sociales, asociados a graves problemas de gobernabilidad en sus localidades, municipios y a nivel de los propios estados.
El desglose de los datos por tipo de población, manifiesta que la pobreza se acentúa en las zonas rurales y en las poblaciones indígenas. El Informe del CONEVAL de 2010, señala que el índice de pobreza de la población urbana es de 40.6%; el de la población rural es de 65.1% y el de la población que habla lengua indígena es de 79.6%. El índice de pobreza extrema de la población urbana es de 6.8%, el de la población rural es de 26.6% y el de la población que habla lengua indígena es de 44.7%. Es de suponer, que para el 2014, estos índices de pobreza se mantienen con variaciones poco significativas. Esto es: la pobreza es incontenible y masiva.
Los indicadores de pobreza indican que nuestro desarrollo es insuficiente y desigual, con significativos desequilibrios intersectoriales e interregionales y confirman los alcances limitados de las medidas gubernamentales. La pobreza se combina con una desigualdad socialmente lacerante. De acuerdo con el informe intitulado la “Desigualdad Extrema en México” elaborado por Oxfam y comentado por el economista Gerardo Esquivel, “el 10% de la población concentra 64.4% de toda la riqueza y 145 mil individuos, con sus familias, poco menos de 1% de la población, son dueños del 43 % de la riqueza de este país”.
Los datos son síntoma de una enfermedad endémica y de que en el país se ha privilegiado indiscriminadamente la acumulación de la riqueza; so pretexto (sospecho) de esperar que el efecto derivado de esa acumulación iba a generar procesos multiplicadores en los niveles de inversión y de empleo. Todo en el plano de la utopía: las fuerzas del mercado han acentuado la desigualdad social, porque el mercado no sólo es imperfecto, sino que está disociado a la demanda interna y se concentra en el poder económico y los fines de lucro de unos cuantos.
La debilidad de nuestra economía es evidente, crecemos a tasas bajas, insuficientes para lograr el equilibrio del mercado socialmente más importante: el de trabajo. Y en la actualidad nos han puesto en la necesidad ingente de controlar la burbuja especulativa, haciendo uso de los recursos que se han reservado a lo largo de dos décadas (vía empréstitos internacionales, remesas y con el retiro de divisas de la circulación). Es decir, nuestra estructura económica parece débil incluso para mantener la estabilidad macroeconómica, base que se considera teóricamente indispensable para aspirar a mejorar nuestra situación económica.
El México actual reproduce su semblante histórico: el de la desigualdad social, caracterizado por una extrema riqueza elitista con una agraviante pobreza popular. Los fenómenos de exclusión, desigualdad y desempleo parece ser que han llegado ahora a un límite insospechado. Las opciones de desarrollo para la gente son casi nulas.
La movilidad de la fuerza de trabajo hacia los centros urbanos extiende sólo los espacios de la pobreza y marginalidad social y hace patente la inseguridad de las áreas conurbadas y suburbanas. Y es que el empleo urbano se caracteriza por la existencia de salarios deprimentes; por tener un carácter transitorio y concentrarse cada vez más en la economía informal; porque en los hechos a pesar de los riesgos humanitarios que ello conlleva, la migración se ha convertido en la verdadera alternativa de millones de mexicanos para mejorar sus ingresos y cambiar efectivamente sus condiciones de existencia.
La pobreza deja vacía nuestras aspiraciones sociales: lo que plasma nuestra carta fundamental. Se puede matizar nuestra realidad: señalar que hay países que se encuentran en peores condiciones que el nuestro; argumentar que no existen más opciones que las que delinea un modelo económico con probados déficits sociales; cambiar la historia y afirmar que nuestra prerrogativas históricas son las que se plasman en los planes y los programas de gobierno: en las reformas estructurales; concebirse incomprendidos ideológicamente, cuando una enorme masa de mexicanos se encuentran en la postración, desde hace varias décadas.
La lucha contra los privilegios
La Constitución de 1917, plasma las aspiraciones históricas de justicia social, que debieron haber marcado nuestro destino desde hace más de 100 años; por lo que conforme a la norma sustantiva no resulta admisible el estancamiento y menos el retroceso social.
La revolución mexicana fue una lucha social contra la desigualdad social y las condiciones lacerantes de pobreza. También fue una lucha emblemática contra los privilegios que exacerbaban una extracción y una acumulación extraordinaria y oprobiosa de la riqueza. Se luchó para reivindicar derechos y propiedades que se habían conculcado a lo largo de siglos de explotación. En un proceso sustantivo, en nuestra Constitución, todo se elevó al rango de los derechos sociales fundamentales, es decir, al acceso al trabajo, la educación, la tierra; a los servicios básicos para alcanzar (lo que más tarde hemos denominado) una ‘vida digna’.
Después de más de 100 años poco queda. Nuestro orden social no ha mejorado las condiciones de vida de las mayorías; las instituciones se encuentran débiles y degradadas para posibilitar un acceso adecuado y de calidad a los servicios básicos y posibilitar la seguridad social y ciudadana; los salarios son insuficientes para obtener los satisfactores básicos; el campo en muchas regiones se encuentra desolado y en condiciones de pobreza y pobreza extrema; no se han eliminado del todo las prebendas en las organizaciones gremiales, siendo éstas difíciles de atacar y revertir; se ha transitado a la democracia, pero la vida política continúa con vicios que parecen incorregibles. Los gobiernos han privilegiado el crecimiento económico a cualquier costo, propiciando una exacerbada concentración de la riqueza y el discurso en pro de lo social más bien es retórico y con poco sustento histórico.
La lucha de los hombres que encauzaron la revolución, se sustentó, en esencia, en la justicia social. No sólo se trataba de producir más o de generar más riqueza; eso iba a ser más bien la consecuencia de modificar el orden de las cosas. Para los zapatistas, por ejemplo, la comunidad agraria era el núcleo básico para reorganizar a la sociedad. Sabían, de antemano, que la reorganización social que proponían, no iba a equiparar de inmediato la productividad de las comunidades agrarias con la de las ‘haciendas’. Se trataba, primero, de generar las condiciones para elevar las condiciones de vida de los pueblos; de propiciar con el reparto de las tierras y de sus frutos, el acceso a las riquezas que éstas producían; de devolver a las comunidades las tierras que históricamente les habían pertenecido.
Se buscaba darle viabilidad a la justicia social mediante la constitución de comunidades agrarias y de consolidarlas con la conformación de municipios libres y autónomos. La retribución social se iba a alcanzar en la medida de que estas comunidades con su esfuerzo y asociación productiva – mediante cooperativas – se hicieran prósperas. Eso no se dio: con el tiempo, el concepto de la comunidad agraria se confundió con el del simple reparto agrario, que fue las más de las veces indiscriminado y desordenado, sin una evaluación del potencial productivo de las comunidades y regiones agrícolas.
Después de más de 100 años, se puede discutir sobre la viabilidad del proyecto histórico zapatista. Pero hay una concepción que ahora más que nunca parece irrebatible: la justicia social sólo es posible si se generan primero las bases para mejorar la distribución de la riqueza. Quien crea que primero se deba de crecer y que la mejora social vendrá por añadidura, se aferrará a la utopía que mantiene postrado al país después de varias décadas. Bien dice Paz, “la riqueza del país se encuentra en nuestra gente”; aunque paradójicamente ésta sea pobre, se tiene que avanzar con ella para generar la riqueza y el bienestar que nuestro pueblo históricamente merece.
De Chiautla a Ayoxustla se hace media hora de recorrido, la carretera ya está pavimentada. El paisaje es estratégico, con cañadas y con una amplía vista periférica; me imagino que Zapata cuidadoso – como era – quería evitar ‘malas sorpresas’. Visitamos el humilde museo de Ayoxustla, el contenido temático es el “Plan de Ayala”. Sabino Cilia, mi padre, pese a su avanzada edad, tiene una vista envidiable. Distingue entre las pálidas fotos y las copias borrosas de los documentos, a hombres de la región, de Chiautla; entre ellos a don Francisco Mercado, uno de los firmantes del Plan de Ayala. Comenta elocuente:
¡Qué ingratos hemos sido con la gente que enarboló la justicia de nuestros pueblos: la tenemos casi en el olvido!
Fuente: Sdpnoticias.com
















