Por: José Fernández Santillán.
El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres, entre ellas Nadia Vega, activista de Veracruz, el pasado viernes 31 de julio en la colonia Narvarte, es un evento que indigna y preocupa. Por la naturaleza de quienes perdieron la vida en este hecho, podemos decir que se trata de un atentado contra la libertad de expresión,
la defensa de los derechos humanos y, además, una afrenta a las mujeres. Un multihomicidio como éste no puede quedar impune. Las autoridades judiciales deben actuar con la máxima celeridad y transparencia. Los autores intelectuales y materiales deben comparecer ante la justicia.
Los móviles pueden ser varios, pero hay fundadas sospechas de que hay un trasfondo de persecución y encono. Buscando ejercer su profesión Espinosa Becerril, emigró a Veracruz: Laboraba como “Freelance”. Trabajó para el periódico El Golfo Info. Estuvo en el equipo del entonces candidato del PRI a gobernador, Javier Duarte. Posteriormente colaboró con la alcaldesa del puerto de Veracruz, Elizabeth Morales. Colaboró con la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro. Le gustaba hacer coberturas de los movimientos sociales y era conocido por denunciar los abusos de que eran víctimas los periodistas en ese estado.
Para nadie es un secreto las difíciles condiciones en las que se desarrolla el trabajo de los medios de comunicación por aquellos lares. De 2010 a la fecha 13 periodistas han perdido la vida. Por tal motivo, hizo bien el Procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, al declarar: “Queda muy claro que se encuentran abiertas todas las líneas de investigación; incluyendo por supuesto los datos que tenemos de la entidad de Veracruz donde [Rubén] de-sarrollaba la actividad de periodista”.
No es casualidad que este joven fotógrafo haya salido huyendo de aquella entidad federativa: “Me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz; por intimidaciones, no una agresión directa como tal, pero por sentido común; me da mucho coraje, tristeza y dolor”.
Ahora sabemos, desgraciadamente que, de poco le valió dejar Veracruz. Sea por causa directa sea por causa indirecta, el asunto es que su huida lo condujo a la muerte. Espinosa Becerril había captado con su cámara fotográfica, además de los excesos cometidos contra sus colegas de la prensa, agresiones a estudiantes por parte de presuntos miembros de la Secretaría de Seguridad local. Sobre estos atropellos afirmó: “En Veracruz no hay Estado de derecho, tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado.” Ya estando en la capital de la República, según lo que le dijo a sus amigos, alguna persona se le acercó para preguntar si era él quien había abandonado Veracruz para esconderse: “Dirán que estoy paranoico pero siento que me andan siguiendo.” Pues no. No sufría delirio de persecución. Efectivamente andaban tras de él.
El desenlace de la trama puede tomar cauces insospechados; pero una cosa es cierta, con la muerte de Rubén su denuncia sobre lo que pasa en Veracruz ha cobrado una fuerza inusitada. Por eso, son muchas las voces que se han levantado pidiendo que estos crímenes atroces sean esclarecidos. Por ejemplo:
La Comisión de Derechos Humanos del DF presidida por Perla Gómez Gallardo pidió una investigación que no deseche el contexto del ejercicio periodístico de Espinosa Becerril. La institución recordó que este fotoreportero fue agredido por policías de Xalapa el 14 de febrero de 2014 y que también se tome en cuenta a las mujeres asesinadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Luis Raúl González Pérez, condenó el crimen ocurrido el pasado viernes y señaló la importancia de que no quede impune: “Toda agresión contra comunicadores y medios de comunicación debe entenderse como un intento de impedir la libertad de expresión y debe condenarse de manera enérgica”.
La relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Rubén Espinosa, junto con cuatro mujeres e instó a las autoridades mexicanas a investigar el crimen de “manera pronta y oportuna” para identificar y sancionar a los responsables.
Han sido innumerables las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, así como agrupaciones de periodistas, que se han pronunciado en contra de estos crímenes y a favor de que se encuentre a los responsables y que comparezcan ante las autoridades competentes.
Es inaceptable que hechos como los registrados en la colonia Narvarte queden impunes. Menos aún con los antecedentes que provocaron la salida de Rubén de Veracruz. Ya las autoridades judiciales se encargarán de las investigaciones y, espero, de fincar responsabilidades. Pero mientras tanto allí está el desafío lanzado por los criminales contra la libertad de expresión, los derechos humanos, la dignidad de la mujer y, en general, el Estado de derecho y la democracia. Es un atentado contra quienes perdieron la vida, una ofensa a sus familiares y amigos y un agravio a una sociedad que quiere vivir de acuerdo con las reglas fundamentales de la civilización. Una de las cuales es que a nadie se le puede callar a balazos por mostrar la verdad.
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Fuente: Crónica.
















