Por: José Roberto Ruiz Saldaña.
Al interior del Consejo General del INE nunca existió la posibilidad de resolver la pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México. Como si fuera un tabú, se cree que la consolidación democrática en nuestro país tiene más que ver con la prohibición de tocar a un partido político que con la aplicación de la ley.
La decisión mayoritaria no sorprende. Refleja al grupo de consejeros que integran un bloque y a otros más que han decidido ignorar la existencia del mismo. Lo que sorprende es que la imaginación jurídica del proyecto votado, sustento de aquella, haya mostrado tan desatinados argumentos.
De los tres elementos para arribar a la pérdida de registro -incumplimiento de normas electorales, sistematicidad y gravedad- la resolución reconoció que se acreditaron los dos primeros pero que esta última no fue extrema. Así, todo el malabarismo jurídico se dedicó a relativizar la gravedad del incumplimiento sistemático.
En nombre de los derechos fundamentales se argumentó que la pérdida del registro equivaldría a una violación masiva de los derechos políticos de los militantes. A fin de no afectar el todo, se dramatizó el destino de las partes. Se omitió considerar que aquellos derechos no son absolutos y que, en todo caso, esos militantes, o incluso los dirigentes, en el escenario de la pérdida del registro, no sufrirían un permanente destierro político: podrían posteriormente volverse a afiliar, a asociar y hasta formar otro partido ecologista.
Otro valor supremo a preservar según la mayoría de consejeros, frente a la relativa gravedad del incumplimiento sistemático de las normas electorales, fue el pluralismo político. Por supuesto esto es falso. Las reglas de acceso al sistema de partidos estarían intocadas, seguiría habiendo varios partidos de modo que el argumento valdría si quedara uno o dos partidos políticos.
Quizá el mayor desatino en la argumentación fue que solo la afectación de la paz pública, el uso de violencia o atentar contra el régimen de libertades serían causas que justificarían la pérdida de registro de un partido político. México no es España, y las razones que tuvo ésta para preservar su democracia son distintas a las que tenemos para consolidar la nuestra.
También es inaceptable haber aducido, para atenuar la gravedad, que el Partido Verde ya tuvo una sanción moral, toda vez que habría sido criticado por la opinión pública, y que, incluso, los resultados electorales por él obtenidos no fueron mayores a los históricamente registrados. En ninguna disposición se prevé la posibilidad de atenuar la gravedad de las contravenciones con base en el severo juicio ciudadano, como en ninguna norma se exige que haya habido beneficios a fin de arribar a la pérdida del registro.
Los cuestionamientos a la autoridad electoral por la decisión tomada serán justificados. No se actuó a tiempo ni fueron impuestas sanciones inhibitorias. El costo para la democracia será directamente proporcional a la gravedad de lo sucedido.
El autor es Consejero del Instituto Nacional Electoral.
Fuente: Reforma.
















