Por: Ricardo García Mainou.
El 20 de julio del 2012, en un cine multiplex de Aurora, Colorado. A unos minutos de la tristemente célebre Columbine, se estrenaba Dark Knigth Rises de Christopher Nolan. Jame Holmes, vestido como el Joker, se coló en la sala por la salida de emergencia. Llevaba un chaleco blindado, granadas de gas lacrimógeno y un fusil de asalto.
Un villano más salido de la imaginación de Nolan y su guionista. Holmes arrojó las granadas al público y abrió fuego con su fusil. Doce personas murieron y casi un centenar resultaron heridas. Holmes fue detenido y llevado a juicio.
Después de tres años, 175 días en la corte y un seguimiento mediático intermitente (según los ciclos noticiosos del país vecino); el juicio de Holmes llegó a su conclusión hace unos días. El juez Carlos Amour exigió con desprecio que lo sacaran de su sala, después de aplicarle una de las mayores sentencias de la historia judicial moderna.
Holmes fue sentenciado a 12 cadenas perpetuas a servirse en forma consecutiva (una por cada muerto) y al terminar de servirlas, otros 3,318 años en prisión sin derecho a libertad condicional, por el intento de homicidio del resto de los espectadores (además de la bomba que dejó instalada en su departamento para cuando llegara la policía a revisar). El público asistente a la sala aplaudió con entusiasmo, a pesar de que buena parte de ellos prefería la pena capital para el asesino.
La sentencia me recuerda un panel de discusión que se llevó a cabo hace algunos años en el noticiero de López Dóriga en Televisa. En el panel el entonces senador Enrique Jackson exponía orgulloso cómo el senado mexicano había aumentado las penas de prisión por ciertos delitos como una medida disuasoria para los criminales en ciernes. “Ahora tendrán penas de doscientos o trescientos años por los delitos más graves”.
Carlos Monsivais que asistía al panel como contraparte pensante, respondió con total seriedad: “lo que necesitamos ahora es encontrar la manera de extender la vida de los criminales para que cumplan con las penas sentenciadas”. Jackson, el resto de los panelistas y el mismo López Dóriga lo miraron con perplejidad. Ninguno fue capaz de solar una risita solidaria ante el ingenio del maestro. Simplemente no entendieron el punto.
De acuerdo al canon judicial en EEUU, el propósito de sentenciar es: (1) Castigar a los ofensores (2) Reducir el crimen por su efecto disuasorio (3) Reformar y rehabilitar a los ofensores (4) Protección a la comunidad de un elemento nocivo, y finalmente (5) Reparación a las víctimas. Entre estos puntos la sentencia puede oscilar entre su efecto punitivo (el repudio al crimen por la ofensa) y su efecto puramente utilitario.
En el ámbito utilitario. Si bien algunos estudios en el Reino Unido han demostrado que aumentar las sentencias en delitos menores (como robo o fraude) consiguen ese efecto “disuasorio”; otros estudios concluyen que esa misma estrategia aplicada a delitos más graves, no consigue efecto alguno. Incluso medidas como la controvertida pena mínima de 25 años para three-strike offenders (aplicada cuando alguien es detenido por un crimen menor por tercera vez), ha probado ser ineficiente en reducir los crímenes menores en cifras significativas.
La magnitud de sentencias como la de Holmes, donde el tiempo “a pasar” en prisión es mayor, ya no digamos que la vida esperada del acusado, sino la de la historia moderna de occidente, se antoja al servicio de intereses muy distintos al de la disuasión. Indiscutiblemente se busca manifestar el repudio de la corte por el crimen y de alguna manera reparar el sentido vulnerado de justicia de las víctimas que exigían la pena de muerte. En ese sentido es una sentencia casi exclusivamente punitiva, y lleva implícito un ingrediente político que invita a reflexionar sobre el ansia justiciera del ciudadano contemporáneo y la imposibilidad del Estado para prevenir y resolver el problema criminal.
En nuestro país circulan un día sí y otro también noticias sobre asaltantes a los que una multitud enardecida les arrancó los ojos. El descrédito del sistema judicial es casi insostenible. Implicado no sólo en la fuga del criminal más buscado del país, sino en la imposibilidad de sostener una investigación con un ápice de credibilidad en el caso Ayotzinapa.
Mientras el vecino del norte, the land of the free, se ha vuelto el país del mundo con más gente encarcelada, y el nuestro se tambalea en cada ámbito de la impartición de justicia, nunca ha sido más pertinente reflexionar sobre los modelos de justicia, sus alcances e inevitables limitaciones.
Twitter @rgarciamainou
Fuente: El Economista.
















