Por: Fran Ruiz.
Guatemala es desde hace tres días un país más justo. La decisión del Congreso (por unanimidad) de despojar de inmunidad al presidente, Otto Pérez Molina, sobre el que pesan gravísimas sospechas de corrupción, marca un hito en un país acostumbrado a la impunidad de su clase dirigente, tal y como es la norma en el resto de la región.
Pasar de Guatemala a Guatemejor no ha sido, sin embargo, mérito exclusivo de los legisladores del país vecino, hipnotizados por un repentino ataque de honestidad y madurez democrática, sino más bien de jueces que no se han dejado corromper ni intimidar por los que detentan el poder, y sobre todo del pueblo guatemalteco, harto de que la clase política le siga engañando un minuto más, haciéndole creer que la democracia consiste en acudir a las urnas y ya con eso debe darse por satisfecho, mientras que los de siempre se dedican al saqueo de las arcas y a perpetuar la desigualdad social. Pérez Molina, como sus antecesores, se creyó intocable, y se le hizo fácil aprovecharse del cargo para liderar una presunta red mafiosa de contrabando en las aduanas del país, con el único objetivo de enriquecerse mientras estuviera en el poder. Desde ayer duerme en prisión.
Pero si hay un sector de la sociedad guatemalteca que debería sentirse especialmente orgulloso de esta primavera democrática en Guatemala, que ha derribado al presidente corrupto sin disparar un solo tiro ni lanzar una sola piedra, es el de las mujeres.
En un país tremendamente desigual, tremendamente clasista y tremendamente machista (es el cuarto del mundo con la mayor tasa de feminicidios), el coraje de un puñado de mujeres ha logrado que Guatemala sea hoy la envidia de los países de la región, donde los casos de corrupción entre servidores públicos estallan constantemente en la prensa independiente sin que ocurra nada, debido a la debilidad o a la abierta complicidad de los tres poderes democráticos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
De la década siniestra de los 80 surgió la voz de la resistencia indígena de Rigoberta Menchú, tras ver cómo su pueblo era masacrado, su madre torturada hasta la muerte y su padre quemado vivo en el ataque a la embajada de España, donde fueron asesinados otras 36 personas en 1980, incluido el embajador español. La activista se vio obligada a refugiarse en México debido a las amenazas de muerte recibidas, pero su lucha sirvió para que la comunidad internacional reaccionase ante el genocidio contra el pueblo indígena ordenado por los dictadores Fernando Romeo Lucas García y luego Efraín Ríos Montt. Menchú logró el reconocimiento pleno con el premio Nobel de la Paz, pero el fin de la guerra civil y el retorno a la democracia no significó el fin de la impunidad, que permitió que los genocidas disfrutaran de un retiro en libertad.
Y así seguiría envejeciendo Ríos Montt si no fuera por otra mujer, la juez Jazmín Barrios, que bajó sola a las cloacas del Estado para sentar en el banco de los acusados al anciano dictador. Ni siquiera el lanzamiento de una granada contra su casa, mientras cenaba con su familia, intimidó a la magistrada guatemalteca, que no sólo desbarató, con la ley en la mano, los argumentos del equipo de abogados del dictador, sino que leyó su condena por genocida mirándole a la cara y recordándole todo el daño que había causado a miles de compatriotas.
El año pasado, una desconocida politóloga guatemalteca, Gloria Álvarez, dejó mudos a diputados y activistas de la izquierda europea que participaron en España en un acto del Parlamento Iberoamericano de la Juventud, a los que restregó en la cara el daño que ha hecho en Latinoamérica el populismo, ya sea de izquierdas o de derechas, y cómo los gobiernos populistas ha preservado la desigualdad social y ha impedido la implantación del Estado de Derecho. “El populismo busca desmantelar las instituciones, para luego reescribir Constituciones y acomodarlas a los antojos de los líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica”, denunció.
Contra esta debilidad crónica del estado de derecho combatió la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y logró lo que parecía imposible: derribar al todopoderoso presidente Pérez Molina, aplicando escrupulosamente el debido proceso, sin dejarse influir por presiones e intimidaciones, ni del gobierno ni de los oportunistas en la oposición que piensan sólo en sus propios intereses.
Lo ocurrido en Guatemala ha sido posible en gran parte por la firmeza de estas mujeres y por el apoyo detrás de una población que tomó la calle sin necesidad de provocar disturbios.
Y todo porque en Guatemala han demostrado tener lo que al resto nos falta. Que cunda el ejemplo.
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Fuente: Crónica.
















