Por: Yuriria Sierra.
Entendemos las complicaciones que hay respecto al caso Ayotzinapa, sobre todo, cuando vemos titubear al mismo gobierno.
Han transcurrido casi 12 meses de la detención de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Mismos en los que poco hemos sabido sobre su proceso, o poco se ha ventilado a no ser por detenciones como la de El Gil,
el confeso autor material de la desaparición y muerte de los normalistas. Justo por la cantidad de evidencia y declaraciones en contra del que fuera el matrimonio macabro de aquel municipio guerrerense, habríamos pensado que el peso de la ley no tardaría en caer sobre ellos. Si bien, entendemos las complicaciones que hay respecto al caso Ayotzinapa, sobre todo, cuando vemos al mismo gobierno federal titubear ante las constantes protestas a sus investigaciones (a pesar de las certezas científicas que estas han revelado), resulta inverosímil el enterarnos que no hay contundencia en las acusaciones que se les han hecho a estos dos delincuentes. Es más, resulta aún más increíble saber que no existe una acusación propia sobre la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la normal rural.
“A principios de enero de 2015 la PGR logró que un juez federal radicado en Toluca, Estado de México, aprobara una orden de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda Villa por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de lavado de dinero y delitos contra la salud, días antes otro juez federal de Matamoros, Tamaulipas, halló, al menos, 15 debilidades en la investigación. El 24 de diciembre el juez de Matamoros negó tres órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público federal (MP) por los delitos de delincuencia organizada en su modalidad contra la salud con fines de fomento, desaparición forzada y secuestro…”, se escribía ayer en una investigación publicada por El Universal.
La tarea que le encomendaron a Arely Gómez no es sencilla, pues ella llegó a una PGR que ya tenía expedientes armados con respecto a este caso. Sabemos, porque otros casos nos lo han enseñado, —como el de Florence Cassez—, que los expedientes y sus acusaciones deben construirse escrupulosa y detalladamente respetando cada margen de la ley, o podrían resultar contraproducentes para la fiscalía. Siendo así, a esta Procuraduría no le quedó más que trabajar sobre lo queJesús Murillo Karam dejó armado, algo que como reza lo publicado por El Universal, parece estarse cayendo al paso del tiempo.
No es la primera vez que observamos casos en que, a pesar de las pruebas y declaraciones, no se logra contundencia en las acusaciones y mucho menos una sentancia. Así ha sucedido con el caso de, Maquiaelba, Elba Esther Gordillo, que no ha podido resolver una sola sentencia, pues también la defensa ha declarado que los suyos son expedientes armados con inconsistencias, a decir de su abogadoMarco Antonio del Toro. Apenas lo único a lo que la PGR se aferra es a negarle la detención domiciliaria que, irónicamente, es una victoria para la fiscalía, aunque legalmente no habría impedimento contundente para ello. Ahí también la Procuraduría que Murillo Karam condujo, dejó un un caso flojo que debería haberse resuelto de haberse armado bien, que pareciera ser un tema más bien político que por ahora se encuentra estancado en dimes y diretes que, finalmente, acaban por definir cuál será el rumbo de Maquiaelba.
Volviendo al tema Abarca y Pineda Villa lo más grave del asunto es que en el acontecimiento que sí ha marcado un antes y un después en el sexenio de Peña Nieto la PGR de Murillo Karam no haya sido lo necesariamente rigurosa en el armado de su expediente. Tanto que se podría avanzar (en un mensaje de combate a la impunidad) con la sentencia y demás elementos, como las declaraciones y evidencias; pero ahora, adicionalmente a los cuestionamientos de la GIEI y la CIDH, se corre el riesgo de que el caso se caiga. Y claro, ahora queMurillo ya no está, las responsabilidades caerán sobre quienes no deberían responder por sus fallas.
Fuente: Excélsior.
















