Por: Javier Santiago Carrillo.
La reforma electoral incorporó el principio de paridad de género en la postulación de candidatos a diputados y senadores a nivel federal, y en las listas de candidatos a diputados locales y ayuntamientos.
Para garantizar este principio, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido diversas sentencias y jurisprudencias (3/2015 y 11/2015).
En la última sentencia relacionada con las elecciones extraordinarias (SUP-RAP-694/2015), para garantizar la paridad de género en las elecciones extraordinarias resolvió que los partidos políticos deben postular candidatos del mismo género a los postulados en la elección ordinaria.
Con base en esta sentencia, el Consejo General del INE aprobó en la sesión de fecha 30 de octubre criterios generales sobre paridad de género en las elecciones extraordinarias. Con excepción –obviamente por ser un solo cargo– de las postulaciones para Presidente de la República, Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Dicho acuerdo tiene un criterio que no comparto: si dos o más partidos políticos que participaron individualmente en el proceso electoral ordinario, deciden coaligarse en el proceso extraordinario, pero en el proceso ordinario cada uno registró candidatos de género distinto, deberán registrar una fórmula de género femenino en el proceso extraordinario.
El criterio, a mi parecer, es excesivo. Convierte la acción afirmativa en un espacio político exclusivo de un género y escindido de la política general, afecta sin justificación el derecho de los varones a ser postulados y vulnera los derechos de autodeterminación y auto organización de los partidos políticos.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer establece que “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.
Una disposición que invariablemente otorga a las mujeres postulaciones que son objeto de interpretación y debate, inconscientemente tiende a generar un privilegio y a convertir la acción afirmativa en simple “disputa por cuotas”. En el fondo, erosiona su potencial transformador y enriquecedor de la política y la convivencia social, ya que desincentiva su fin último: la igualdad sustantiva. Es decir, el impulso efectivo a las causas de la mujer mediante agendas y acciones reales y no sólo mediante la presencia de mujeres, que es condición necesaria pero no suficiente. Un espacio escindido no es transformador, es un medio de separación y nada más.
Además, no debe olvidarse que una elección extraordinaria, no es simple extensión de la ordinaria. Es un hecho jurídico y político distinto. Una coalición es una persona jurídica distinta a los partidos, creada por la voluntad de dos o más partidos y cuya constitución responde a los intereses políticos y electorales de cada uno de los actores que la integran.
Las coaliciones se constituyen para incrementar las posibilidades de triunfo de quienes las integran. De imponerse el criterio del proyecto de acuerdo, se impedirá a los partidos postular a un candidato de género masculino, aún y cuando éste sea el mejor posicionado.
Las acciones afirmativas no buscan el privilegio de un género, sino la igualdad de oportunidades de ambos; para ello los órganos del Estado deben impulsar estas acciones, cuidando su armonía con otros derechos que también son constitucionales y que integran la base de nuestro sistema de partidos. Por estas razones, el pasado 30 de octubre voté en contra de dicho criterio.
@jsc_santiago
www.javiersantiago.com
Fuente: Crónica.
















