Por: Aurelio Ramos Méndez.
El negocio resultó redondo: Los diputados hicieron la pantomima de reducir a la mitad el impuesto a las bebidas azucaradas con la certeza de que, frente al huracán de protestas, los senadores acabarían por reponerlo, y en el peloteo legislativo ellos lograrían encarecer su voto y condicionar el reversazo a la preservación y aun el aumento de la partida para moches.
Se trató de una jugada maestra de esos codiciosos pequeños empresarios que son nuestros legisladores.
La bolsa para manejo discrecional —y desde luego con regia comisión— por parte de los diputados pasó de la cámara presidida por el perredista Jesús Zambrano a la del panista Roberto Gil con un monto de 17 mil millones de pesos, producto de ajustes a la paridad peso-dólar y de los recursos que reportaría el impuesto de 50 centavos a las bebidas saborizadas. Con la reposición en un peso de dicho cobro, la asignación para moches pasó del sobrepeso a la obesidad.
Sensibles a las exigencias de la opinión pública, los senadores dejaron intocada la cantera de los moches; pero, eso sí, tuvieron el atrevimiento de blindar los recursos que sus socios y colegisladores manejan discrecionalmente. Ahora los programas coyoteados por los herederos políticos de Luis Alberto Villarreal podrán ser objeto de auditoría. Porque —sorpréndase el improbable lector— hasta ahora no lo eran.
Así las cosas, el tema del impuesto a los refrescos resultó a final de cuentas un asunto de prestidigitación, un engaño al respetable en plena época de encendidos discursos sobre combate a la corrupción y odas a la transparencia y el gobierno abierto.
En teoría el Legislativo y el Ejecutivo deben promover con el presupuesto público los mejores y más rentables proyectos en términos sociales. En los hechos, la enorme partida para planes gestionados por legisladores, más otras disponibilidades financieras, constituyen el pago del Ejecutivo a los parlamentarios para que le aprueben sus programas y políticas, sean éstos o no los más convenientes para la población.
En todo caso, le sale más barato a Los Pinos, en estas condiciones, conseguir luz verde para sus decisiones que deben pasar por el Congreso mediante la prima, compensación, dádiva o pago que representa la gorda asignación para proyectos gestionados —moche de por medio— por los legisladores, que verlas naufragar en el caótico escenario de San Lázaro.
La discusión y aprobación por el Congreso primero de la Ley de Ingresos y luego del Presupuesto de Egresos de la Federación, es el momento en que se denotan las prioridades, los genuinos intereses no sólo en el accionar del gobierno sino del sistema político en general. Cuando queda claro si son reales o sólo discurso para el tendido de sol el apoyo al campo, la educación, la salud pública, los grupos marginados, la ciencia y la tecnología.
Los parlamentarios y el gobierno en teoría deben promover que los proyectos que se incluyan en el Presupuesto sean los mejores y los más rentables en términos sociales, no los que les reporten beneficios políticos o económicos a unos y otros, más los dirigentes de partidos.
Esta discusión legislativa —que a más tardar deberá terminar el 15 de noviembre— requiere, sin embargo, de diputados y senadores responsables, honestos, aguerridos, representantes populares capaces de exigir correspondencia entre los intereses sociales y los objetivos de un gobierno electo democráticamente por medio de los partidos. Por lo mismo, se requiere igualmente de institutos políticos fuertes, saneados, bien articulados, capaces de ejercer control y aglutinar sus fracciones camerales. Nada de lo cual hay por estos lares.
En la presente legislatura están en San Lázaro los ex líderes de las tres principales fuerzas, César Camacho, Gustavo Madero y Jesús Zambrano. Y el resultado de su primera negociación del paquete económico nacional para 2016 ha sido… la preservación de ese instrumento de soborno conocido como el moche, en una triste demostración de liderazgos sin arrastre, norte ni noción de grandeza.
El manejo de la partida es discrecional y también inequitativo, porque beneficia en primer término a los integrantes de la mesa directiva, los coordinadores de bancadas, las presidencias de comisiones, y si algo queda a los diputados del montón.
Así las cosas, no es descabellado ir pensando en la manera de reglamentar la aplicación de los recursos del moche con objeto de hacerla abierta, igualitaria, controlable, y a final de cuentas evitar que los representantes populares se enfrasque en una rebatinga por ese dinero y acaben por robarlo.
Por lo pronto les salió bien a los diputados y senadores la maniobra de que sí, pero mejor no, con el impuesto a los refrescos, cuya recaudación aumentará el pastel inicial de 17 mil millones de pesos para acercarlo a los 32 mil millones ejercidos el último año de la anterior legislatura.
No hay razón alguna entonces, ante tan bonancible realidad, para culpar a Madero —como ha hecho Miguel Barbosa— de haber promovido la reducción del impuesto a los refrescos. Ni este astuto panista debe indignarse y lanzar improperios por los señalamientos en su contra.
Quienquiera que haya inspirado el acto de ilusionismo que significó el paseíllo del gravamen refresquero por las dos cámaras, sólo con el fin de incrementar la polémica partida de los moches, de seguro ya tiene lugar de honor y reconocimiento de los legisladores de todos colores. A final de cuentas, el usufructo del dinero es al parecer lo único que logra consenso entre nuestros representantes populares.
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Fuente: Crónica.
















