Por: Federico Ponce Rojas.
Este sábado, cientos de encuestadores marcharán de Insurgentes y Reforma al Zócalo capitalino para exigir seguridad en su trabajo. No es una manifestación más de las miles que padecemos los capitalinos, seguramente tampoco será de las más numerosas, pero sí de las más necesarias.
El llamado a la seguridad en esta ocasión no es por un freno a delitos como el asalto, el robo a una casa o el secuestro,
se trata de la defensa al derecho de vivir y realizar un trabajo digno con respeto a la integridad física.
Se congregarán encuestadores de varias empresas dedicadas al marketing y a los estudios de opinión para exigir sus derechos constitucionales que está obligado el Estado a garantizar la vida y el trabajo son dos preceptos que debemos tutelar todos los mexicanos. La marcha será un llamado contra la violencia, pero no el de las ONG, los sindicatos independientes o asociaciones civiles que piden el freno a la delincuencia organizada, al crimen “desorganizado” o a los excesos policiacos; en esta ocasión no se trata de defender nuestras casas o un patrimonio, hoy el llamado de los encuestadores —estudiantes padres o madres de familia— exigen de la propia sociedad el respeto a su vida y actividad laboral.
Qué dramático: al enemigo lo tengamos en casa. El acto de barbarie que se cometió contra dos jóvenes encuestadores no fue perpetrado por delincuentes, sino por pobladores de Ajalpan, Puebla, quienes supuestamente los confundieron con secuestradores. La violencia irracional está revestida de venganza social.
Los hermanos Rey David y José Abraham Copado Medina, sostén económico de sus familias, realizaban un estudio de mercado en el municipio poblano de Ajalpan cuando una turba los aprehendió y tras un juicio popular sumario y a pesar de que clamaban piedad, fueron lapidados y quemados vivos hasta su muerte. La acción tardía de las autoridades municipales evitó salvarles la vida y casi deja en la impunidad a los autores de esta cobardía.
Un nuevo flagelo puede extenderse a lo largo de nuestro país: el linchamiento como venganza social o malinterpretada justicia popular. Cada vez es más recurrente la práctica de la Ley del Talión, aunque no necesariamente se haga justicia y sí se prive de la libertad y de la vida a la gente que sólo estuvo en el lugar equivocado.
Los linchamientos no son actos de justicia, y generalmente parten de un rumor y el cobarde anonimato de los instigadores. Muchos de los linchamientos tienen su origen en las rencillas intergrupales o el reto altanero a la autoridad. Algunos creen que el origen de esos asesintos es por la falta de una verdadera justicia pronta y expedita; que hay un vacío de poder público que no se impone ante el crimen del fuero común; porque creen que la autoridad civil no tiene ya el consenso social que legitima al Estado de derecho; que ya no es prerrogativa del gobierno el uso legítimo de la fuerza, o porque consideran que ya se agotó el pacto social.
Los linchamientos seguramente tienen ese origen multifactorial, pero pocos han abonado en que esta forma de venganza social exhibe la pérdida de valores y no se puede justificar el agravio moral que representa la violencia colectiva; la inacción del gobierno no debe posibilitar que el ciudadano se convierta en juez de horca y cuchillo. Los nuevos Torquemadas utilizan el enojo social no para hacer justicia sino para acariciar un principio de poder fáctico que debilite al Estado.
Ha proliferado este tipo de revanchismo social y aumentan los justicieros anónimos en el transporte público o las hordas enardecidas en comunidades que a partir del rumor incitan a la ira colectiva. Lo mismo da que sean delincuentes reales, aparentes secuestradores, presuntos violadores o policías. Se crea una sicosis y en el imaginario colectivo con la idea de que al menos en materia de seguridad y justicia no necesitamos del Estado. Curiosamente, así operaban los batallones colaboracionistas de los nazis en Europa.
En México, desde hace mucho se abolió la pena de muerte, precisamente, por lo imperfecto de nuestro sistema de justicia, por el enorme riesgo de que el factor humano yerre en una sentencia y cometa una injusticia irreparable.
Para que ya no haya más crueles muertes como la de los dos jóvenes encuestadores asesinados en Ajalpan, es importante que gobierno y sociedad avancemos en la reconstrucción del tejido social, revaloremos o reestructuremos el pacto social y evitemos regresar al oscurantismo del México bárbaro.
APOSTILLA: qué cinismo del exdesgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero; tras de salir huyendo de su entidad en llamas, dice tener la conciencia tranquila. Dejó un Estado fallido, en quiebra y convulsionado socialmente y con una gran desvergüenza, dice que en el caso de Iguala el demandó el auxilio militar. Nada más falso. Bien haría la procuradora General de la República, Arely Gómez en citar a Aguirre Rivero para que explique su actitud y encare sus responsabilidades.
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Fuente: Excélsior.
















