Por: IVONNE MELGAR.
“¡Qué vergonzante papel están desempeñando!”, gritó desde la tribuna de San Lázaro el diputado federal Gustavo Madero Muñoz.
El reclamo buscaba sacudir de sus curules a los cansados legisladores que, para entonces, ya llevaban siete horas de una maratónica presentación de críticas, quejas y contrapropuestas en torno al presupuesto que habrá de ejercerse en 2016.
Aunque en términos de la técnica parlamentaria, los planteamientos de los diputados eran lo que se conoce como reservas, es decir, redacciones alternativas de artículos del decreto, en los hechos se trató del derecho al pataleo de la oposición.
Y es que de las 283 propuestas de modificaciones formuladas por 96 legisladores sólo pasó una. Sí, únicamente una reserva consiguió la atención y el apoyo del pleno. Era una propuesta priista. Esto significa que de todas las ideas expuestas para la afinación de la ley de egresos, nada más prosperó el 0.35 por ciento.
La contundencia del número resulta de escándalo para una sociedad plural en términos partidistas. Y debería tomarse como un síntoma del pasmo en el que habría entrado la Cámara con el regreso de una mayoría legislativa que puede sacar adelante los proyectos gubernamentales.
La reserva exitosa fue para establecer mecanismos de transparencia a favor de grupos vulnerables, cuando se trate de programas sociales. Pero 99.65 % de las propuestas no pasó del registro del Diario de los Debates.
Y si bien muchas de esas modificaciones eran una reproducción de las banderas del líder de Morena, AMLO, como el rechazo a la compra del avión presidencial o el recorte a la publicidad gubernamental, hubo otras que buscaban mejor infraestructura hospitalaria o que se sustentaban en recomendaciones de organizaciones civiles.
Ese fue el caso de las reservas del diputado Madero, quien propuso incorporar al decreto la tarea de armar un padrón único de beneficiarios de los programas sociales, cuyos datos serían abiertos.
A pesar del cabildeo emprendido por el exdirigente nacional del PAN, uno de los políticos más experimentados de la oposición, dicha iniciativa fracasó. Ni siquiera valió el argumento de que se trata de una recomendación de la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Estoy muy desilusionado de lo que estamos haciendo hoy aquí en el Congreso. Porque lo que estamos viendo es un obstáculo al desarrollo y a la transparencia”, lamentó el panista.
Madero Muñoz responsabilizó a la diputación del PRI, liderada por César Camacho, de haber “bateado” todas las propuestas.
Más allá del show que le gusta robarse al exdirigente del blanquiazul, su queja resulta significativa si recordamos que, hace tres años, él fue uno de los protagonistas del Pacto por México, plataforma desde la cual se generaron las reformas en educación, telecomunicaciones y energética.
La suya no fue una voz aislada. En representación de la fracción del PRD, el diputado Sergio López reveló —a unos minutos de que iniciara la aprobación del presupuesto— que desconocían el contenido de la ley de egresos, ya que las reasignaciones se habían elaborado en la Secretaría de Hacienda y no en la comisión legislativa correspondiente.
El también perredista Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, dijo que el gobierno perdió la oportunidad de diseñar con los legisladores un reparto sustentado en prioridades.
Y, en corto, los diputados del PRI admitían que las negociaciones de los gobernadores se hicieron en Hacienda, sin la opinión parlamentaria.
Son descripciones que colocan al Congreso —después de unos comicios intermedios federales en los que el PRI no tuvo más de 30 % de la votación— en una tendencia en la que pierde su carácter de contrapeso. Mientras la Corte fija agenda sobre el problema de las drogas, y las ONG consiguen vetar a un par de aspirantes a ministros de la SCJN con la campaña #NiCuotasNiCuates, en el Poder Legislativo la representación popular se diluye.
Y es en ese desdibujado equilibrio de poderes que cobra sentido y pasa factura el ya tradicional reparto de presupuesto a los diputados para que cumplan sus promesas de campaña.
Porque al margen de los buenos propósitos de que ahora sí se van a amarrar las manos y no habrá diezmos ni la plural costumbre de montar constructoras para adjudicarse las obras, lo evidente es que cada uno de los 500 integrantes de la Cámara pacta con la Secretaría de Hacienda su asignación, como desde hace nueve años.
Esta vez, a cada diputado le tocaron 20 millones de pesos para fortalecer, se dice, la infraestructura de su municipio o impulsar actividades deportivas y culturales.
Y ese intercambio de asignaciones por votos a favor del presupuesto es lo que al final de cuentas importa.
Por eso cuando el diputado Madero reclamaba al PRI su rechazo a la transparencia, desde las curules del partido en el poder y del PVEM saltó el revire: “¡Buenas moches!”.
Era como echarle en cara a la oposición que ya está pagada, que no se vale cobrar y al mismo tiempo impugnar. Que silencio en la sala, que para eso es el reparto.
Sí, gracias por el intercambio de favores. Y, buenas moches, diputados.
Fuente: Excélsior.
















