Por: MARCO ANTONIO ZAZUETA.
@notario140
La semana pasada entró en vigor en todo el País la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional en materia del Derecho de Réplica.
Esta Ley, que desde hace al menos ocho años se venía tratando en el Congreso de la Unión, por fin entró a formar parte del Derecho Mexicano y vale la pena precisarlo,
aunque parezca repetitivo: su único objetivo es definir los sujetos responsables; los casos en que se actualiza el derecho de exigir y obtener un espacio en los medios responsables y el procedimiento para acceder a la justicia en caso de negativa.
Así las cosas, la Ley reputa como sujetos responsables a los medios de comunicación y define éstos como la persona física o moral que presta servicios de radiodifusión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera impresa y/o electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole.
También incluye como destinatarios y por tanto obligados, a los productores independientes, es decir, a las personas físicas o morales que generen y sean responsables de producir contenidos que sean publicados o transmitidos por los medios de comunicación; y, desde luego no quedan fuera de la regulación en la materia las agencias de noticias que son las empresas o instituciones que obtienen información, materiales editoriales o fotográficos para venderlos a los medios de comunicación, mediante acuerdo o contrato.
El Derecho de Réplica, lo define técnicamente la Ley como el que tiene toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas y que resulten inexactas o falsas y cuya divulgación cause agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.
A partir de la vigencia de la Ley los sujetos obligados deberán implementar una especie de ventanilla con una persona responsable para que sea ésta quien se encargue de recibir las solicitudes de réplica y resolverlas. La solicitud la deberá presentar el interesado dentro de cinco días hábiles contados a partir del siguiente en que la publicación que le agravie haya sido hecha y el medio deberá resolverla en un plazo máximo de tres días.
En caso de negativa el afectado podrá acudir ante un Juez de Distrito dentro de los cinco días hábiles para iniciar un procedimiento cuyo objetivo es obligar, en caso de que resulte procedente, a que el medio de comunicación publique la réplica en los términos que la propia Ley dispone.
El ejercicio de este derecho es independiente de las acciones que por daños y perjuicios, le pudieran corresponder al afectado por la publicación, es decir, aunque la réplica se publique, queda expedita la posibilidad legal de acudir a tribunales demandando la reparación del daño traducida ésta en una indemnización en dinero.
Los medios de comunicación pueden ser sujetos de multas de hasta trescientos cincuenta mil pesos cuando se nieguen a cumplir con los mandatos judiciales que ordenen la publicación de las aclaraciones o rectificaciones pertinentes.
El mismo día que la Ley entró en vigor, la Revista Proceso promovió un juicio de amparo en el que se argumenta que el ordenamiento es contrario a la Constitución, en cuanto violenta y menoscaba los derechos de Libertad de Expresión y de Información ya que, dicen sus abogados, coloca a los periodistas en la obligación de probar la “falsedad de inexactitud” de cuanta información y opinión difundan.
Estimo que tiene materia este alegato Constitucional y que el Poder Judicial de la Federación dará la razón a los promoventes del amparo ya que el Artículo 5 de la Ley, que es el que principalmente sustenta la demanda, está redactado de manera inexacta y con un desequilibrio procesal grave en cuanto arroja sobre los periodistas que ejerzan la crítica en los medios, la carga de probar que sus comentarios “no están sustentados en información falsa o inexacta”.
Es positivo que el Derecho de Réplica, que ya existía, se reglamente ahora para establecer un procedimiento judicializado para su observancia, pero creo que el legislador fue más allá y no solo se limitó a la aclaración y rectificación de los contenidos noticiosos, sino que de manera que a la postre puede resultar represiva, se extendió a los espacios de análisis y crítica periodística. Esperemos que en este como en otros casos el Poder Judicial Federal haga prevalecer los derechos de libertad de expresión y de información… Es Cuanto.
Fuente: Sdpnoticias.com
















