Por: VÍCTOR BELTRI.
La corrupción tiene efectos que van mucho más allá de una simple transacción. No se trata tan sólo de la cantidad que el policía se embolsa.
Es muy sencillo caer en la trampa de pensar en la corrupción como un fenómeno acotado, simplemente, a la interacción entre dos sujetos: una autoridad que se presta a realizar algo, a cambio de una contraprestación indebida por parte de un particular.
Como un agente de tránsito que pide una mordida ante la amenaza de levantar una infracción, como un empleado de oficina pública que sólo cumple bien con su trabajo cuando se le hace un obsequio de su agrado.
La corrupción, sin embargo, tiene efectos que van mucho más allá de una simple transacción. No se trata tan sólo de la cantidad que el policía se embolsa: en realidad, la violación cotidiana a la ley y la suma de actos de corrupción —a lo largo de toda la cadena— crean disparidades que afectan al sistema en su conjunto, aunque sus efectos no se perciban de inmediato. El policía que pide unamordida está cometiendo una falta contra la sociedad, y no tan sólo contra un individuo: el dinero que recibe tendrá que reflejarse en el costo de los productos y servicios que ofrezca quien se pasó la luz roja. Es lo mismo con el burócrata que exige una dádiva para cumplir con sus funciones: ese dinero tiene que salir de algún lado. Si el permiso solicitado fuera, por ejemplo, para la construcción de un edificio, el costo de la corrupción incidiría probablemente en el precio final o en la calidad de los materiales.
El efecto acumulado de cada uno de los pequeños actos de corrupción es brutal, y representa cerca de nueve puntos del PIB. Es una barbaridad, de la que al parecer nadie se está dando cuenta: de otra forma, las prioridades tanto del gobierno como de la ciudadanía serían muy distintas. Un gobernante consciente de lo que podría lograr —y el desarrollo que podría propiciar— con esos nueve puntos, no se quedaría en el análisis ramplón de la cuestión cultural, sino que trataría de conseguirlos. Pero es lo mismo con los ciudadanos: si supiéramos cómo incide el costo de la corrupción en nuestros bolsillos, jamás permitiríamos que siguiera ocurriendo.
Por eso no deja de resultar sumamente interesante el anuncio —y las fotografías— de la primera sucursal de Pemex en Estados Unidos. El letrero verde, las letras familiares, el águila que por primera vez sale de su país y, debajo, los precios del combustible: 1.549 dólares por galón, equivalentes a un precio de 6.98 pesos por litro, mientras que en México cuesta casi el doble. Las dudas surgen de inmediato: no sólo por qué pagamos tanto, sino sobre todo cómo es posible que una empresa sin competidores, y que cobra por sus productos lo doble de lo que carga la industria, esté al borde de la quiebra.
La respuesta es de sobra conocida: Pemex es una empresa que ha sufrido no sólo por malas decisiones de gestión, sino por la corrupción que ha hecho metástasis, sin que nadie hiciera algo al respecto, y ha invadido todas las áreas de la empresa. Hoy, las consecuencias son claras, y se reflejan en el letrero de los precios: el diferencial entre uno y otro no es sino el costo de la corrupción y la consecuente falta de eficiencia en la empresa. La corrupción que erróneamente pensamos que no nos afecta mientras no seamos una de las partes involucradas, pero que en realidad pagamos, con un tanto más, cada vez que llenamos el tanque de combustible.
La corrupción tiene un costo terrible para el ciudadano, aunque no participe de forma directa en la trampa. Los nueve puntos del PIB podrían marcar la diferencia entre la nación que tenemos y la que soñamos: gobernar es, precisamente, marcar el rumbo necesario para conseguirla. Una tarea que requiere, por cierto, de algo más que regalar televisores.
















