Por: PEDRO ESTEBAN ROGANTO.
@rogantopedre
Una de las preocupaciones históricas de la sociedad, aparte de la salud y la educación, es la referente al sistema legal que tenemos y al necesario respeto y protección de los derechos que consagra la Constitución General de la República a todos los ciudadanos mexicanos.
Nadie, ni siquiera en el supuesto de que algunos o todos los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
tuvieran nexos con el narcotráfico, debería ser castigado, sancionado y menos ejecutado, extrajudicialmente, sin un previo proceso que le garantice en todo momento el derecho a la defensa y a todos sus derechos humanos.
Un muy amplio sector de la prensa, entre los que se encuentra de manera destacada la revista Proceso y la periodista Carmen Aristegui, por citar sólo a un par de ellos, ha dado importantes batallas para que los casos donde se presenta el irrespeto a la legalidad y la impunidad que los rodean, se vayan denunciando y a partir del reconocimiento de su existencia, se vayan sancionando y reprobando, con la esperanza de que desaparezcan de nuestro entorno social.
Los casos más sonados donde la opinión pública y la voluntad política de las autoridades se ha movilizado para resarcir el daño por la terrible pérdida de la legalidad en un proceso de “justicia”, son el del compatriota José Antonio Zúñiga, sobre el que se inspiró la película “Presunto culpable” y el de la francesa Florence Cassez.
En ambos casos, se comprobó que hubo irregularidades en la elaboración de expedientes, en las investigaciones, en la aprehensión, en los testimonios y en la documental presentada para mantener en prisión a estos dos ciudadanos, y fue un sector de la prensa en el que estaban los medios ya mencionados, quien hizo la gran tarea que culminó en el resarcimiento de la justicia.
Sin embargo, la prensa no es infalible, y si bien ha logrado grandes éxitos, en aras de seguir denunciando y de seguir construyendo un país distinto, comete reiteradamente muchos errores.
El primero y que me parece más grave, es que esta prensa crítica y a veces antigobiernista, cometa el mismo error de método que le reclamó a las autoridades en el caso de “Presunto culpable” y el de la francesa Cassez: no respetar el debido proceso a que cualquier indiciado tiene derecho.
Si la francesa salió libre porque se comprobó que hubo un montaje peliculesco para exhibir su detención, entre otros vicios contrarios al debido proceso que debería fincársele en un Estado de Derecho, los medios no deberían olvidar, como lo hacen de manera reiterada al presentar muchas de sus informaciones, la máxima jurídica de que nadie es culpable sino hasta que se le demuestre lo contrario.
Y esa presunción de inocencia que los medios regatean a algunos actores y a instituciones que no son de su agrado, es un derecho violentado que está creando percepciones falsas y erróneas de nuestra realidad.
Me referiré por ejemplo al asunto más reciente denunciando en esa prensa deseosa de señalar todo el tiempo los peores malos de la república, una nota publicada el jueves 17 en el portal sinembargo.mx que se intitula: “Jesús Murillo Karam recibió penthouse a cambio de favores, acusan tres empresarios en EU”.
El titular por sí solo, viola la presunción de la inocencia del ex procurador de la República y aunque es una acusación, ciertamente de una fuente, al leer la información completa uno deduce por un lado, que en las investigaciones judiciales no se menciona a Murillo Karam y por el otro, aunque se habla de un penthouse, no se indica nunca dónde está ubicado ese inmueble.
Si la prensa no impone en su conducta cotidiana un “debido proceso mediático”, México seguirá siendo un país donde impere la desconfianza hacia nuestras instituciones y hacia nuestros gobernantes, pero no será un país distinto, porque la prensa no es un tribunal y porque los tribunales requieren pruebas, evidencias y sentencias que respeten en todo momento las garantías de todos.
Mientras no haya la disposición de los medios masivos a dar garantías a los imputados en sus informaciones, seguirá el escándalo y el descrédito. El propio portal sin embargo.mx se quejaba de que “La corrupción roba portadas, pero nadie va a la cárcel”, pero el medio olvida que los señalamientos, por más que tengan “fuentes” no son por sí solos pruebas de nada.
Así se ha acusado hasta ahora a Murillo Karam; así se acusa a una empresa global como OHL respecto de sus actuaciones en México: en base a suposiciones, a percepciones y prejuicios de que todos los “poderosos” son unos corruptos. Y así se venden periódicos, se genera más tráfico en la web y se hace daño a personas o empresas, pero no se construye un mejor país.
Fuente: Proceso.
















