Por: ERNESTO VILLANUEVA.
@evillanuevamx
* Lo racional y de sentido común es crear penas o sanciones alternativas como trabajo comunitario.
La desafortunada estructura del sistema legal diseñado para generar una inequitativa distribución de la riqueza y alentar la corrupción, la impunidad, el conflicto de interés, el tráfico de influencias y, en una palabra, la simulación tiene,
como es lógico, un impacto en la comisión de delitos y en su tratamiento. En lugar de “rehabilitar” a las personas para su reinserción social se hace todo lo contrario.
En efecto, en un interesante y bien documentado estudio de México Evalúa A.C. titulado La cárcel en México ¿Para qué? se señala que el “58.8 por ciento de los internos cumple sentencias de menos de tres años de prisión. Esto significa que la gran mayoría de quienes se encuentran en la cárcel fueron privados de su libertad por delitos no violentos ni graves. Esta cifra también sugiere que la capacidad de persecución criminal del Estado es baja y se limita a los eslabones más débiles de la cadena delictiva. En cuatro entidades, más de 75 por ciento de las penas tiene una duración menor a tres años: Aguascalientes (83.2), Baja California (79.9), Guanajuato (79.3) y Michoacán (78.1). (http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO-VF.pdf)
Los datos de México Evalúa A.C. ponen de relieve la grave circunstancia que viven los procesados y sentenciados particularmente aquellos cuyo “delito” principal es la pobreza, la falta de oportunidades y la ubicación en la base de la pirámide social que el propio diseño institucional del país ha creado. El problema no reside sólo (aunque por sí mismo es grave) que casi el 60% de los sentenciados lo sean por delitos sin violencia y no graves. Los picos que se observan en Aguascalientes, Baja California, Guanajuato y Michoacán donde el promedio del 58.8% se eleva a más del 75% es una prueba palmaria de lo mucho que falta por hacer al definir las sanciones. De ninguna manera, opino que los delitos menores deben quedar sin sanción, pero me parece un exceso que formen parte del corpus penal por varias razones, entre ellas por su importancia señalaré las siguientes de modo enunciativo, no limitativo: a) El robo, por ejemplo, en supermercados de productos de baja cuantía por necesidad son tratados como si se hubiera cometido un delito de homicidio en la medida en que los sentenciados en ambos casos conviven en los mismos reclusorios; b) Si bien es verdad que los delitos menores son susceptibles de liberación bajo fianza o bajo caución, quienes los cometen carecen de los mínimos recursos para pagar esas cantidades; c) Quienes cometen delitos menores no violentos generalmente son detenidos en flagrancia porque no se trata, en casi todos los casos, de profesionales del delito, sino de personas obligadas por las circunstancias de ahí su impericia en cómo burlar los controles que establece el sistema; d) Precisamente por su falta de recursos económicos carecen de una defensa jurídica apropiada y son dejados a los “defensores de oficio” que en México no son como se ven en las películas americanas; sino, en casi todas las ocasiones, todo lo contrario; e) Este grupo de personas genera involuntariamente una sobrepoblación en las cárceles del país, generando que celdas creadas para seis personas sean ocupadas por tres veces más personas haciendo del hacinamiento una práctica cotidiana. Casi todos estos sentenciados también reproducen su situación de vulnerabilidad en la cárcel, pero en peores condiciones que fuera de estos centros de reclusión al dormir, por ejemplo, “en forma de estaca”; es decir, amarrados a lazos o, en el mejor de los casos cintos que son sujetos a los barrotes de la celda; f) La pobreza de este tipo de sentenciados genera que sean los últimos en ser atendidos por los órganos de impartición de justicia y de las autoridades de los propios centros, de tal suerte que sus sanciones las cuales formalmente son de menos de tres años, en los hechos nadie se da cuenta de eso sino años después en los que se revisa un expediente. En los hechos, los sentenciados no salen automáticamente a los tres años o menos, sino en la mayor parte de las ocasiones muchos años después por la ausencia de “incentivos” para “aceitar” la maquinaria judicial; y g) No es excepcional que este tipo de sentenciados que ingresan con problemas de stress y depresiones leves, salgan de la cárcel, si salen, con enfermedades mentales graves que obviamente no son atendidas en tiempo y forma y que son degenerativas por el propio entorno en el que sobreviven dentro de la prisión.
En este contexto, lo racional y de sentido común es crear penas o sanciones alternativas como trabajo comunitario (previstos en la ley, pero no son invocadas por los presuntos responsables de un delito por pobreza ni tampoco el juez hace lo propio, sólo de manera excepcional) o mejor todavía hacer que estos ilícitos no sean delitos sino faltas cívicas que son menos traumáticas pero constituyen sanciones, se reduciría la sobrepoblación y la gran corrupción interna que ello provoca así como un alivio económico para el erario.
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Fuente: Sdpnoticias.com
















