Por: RICARDO PASCOE PIERCE.
Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Baja California, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Quintana Roo, incluso la Ciudad de México; en todos estos estados de la República se han localizado e identificado muertes vinculadas a actividades del crimen organizado en esta última semana.
¿Qué más se requiere para convencernos de que el país vive una crisis de seguridad, que no es únicamente pública, sino nacional?
Las estadísticas oficiales y los reportajes periodísticos e información que circula en la redes sociales sirven para confirmar lo que se percibe en las condiciones actuales de estos, y otros, estados. La presencia de violencia criminal es un dato de constancia cotidiana en la vida nacional. Y detrás de esa violencia la presencia de múltiples grupos del crimen organizado que operan controlando amplias zonas del territorio nacional. En general, los grupos estatales o regionales del crimen organizado alimentan a los cárteles más grandes y poderosos que cuentan con una infraestructura internacional para mover mercancías ilegales con mayor facilidad y certeza hacia Estados Unidos o Europa.
Las redes se entrecruzan y sus intereses también. De ahí que vemos las guerras por el control territorial como es el caso de Los Rojos contra Los Guerreros Unidos en Guerrero y Morelos. Se dice que el asesinato de la presidente municipal de Temixco, Morelos, fue debido a que apoyó a un grupo contra el otro. Otro presidente municipal de Morelos ahora se encuentra bajo escrutinio judicial. Y como estos grupos, muchos otros en todo el país. Después el problema se traslada a otro nivel: al político. La lucha territorial se expresa en la pretensión de ejercer el predominio sobre las autoridades locales y/o estatales. Y, eventualmente, nacionales. Presidentes municipales, jefes de la policía (ahí está el caso de Acapulco en estos días, o la crisis en Veracruz por la desaparición forzada de cinco estudiantes), directores de obras, gobernadores, jueces, notarios, ministerios públicos: todos son un oscuro objeto del deseo del crimen organizado. Y después vuelca la mirada a estructuras superiores de mando en el país: congresistas del partido que sea, funcionarios intermedios y altos de secretarías de seguridad y justicia, militares y policías, dirigentes de partidos políticos y, finalmente, la propia casa presidencial.
Estos son los ámbitos reales de influencia e intervención del crimen organizado en México. Es de este tamaño el problema que enfrentamos. Subyace en toda esta estructura el supuesto de la posibilidad, viabilidad y atractivo de la corrupción. ¿Cómo se podrá combatir la corrupción en el país, incluso la que no tiene nada que ver con el crimen organizado, cuando se constata su presencia sistémica en la vastedad del entramado público-administrativo desde abajo hasta sus cúspides?
La posibilidad de atender y resolver la crisis de seguridad que padece la nación se topa inmediatamente con su obstáculo epistemológico: la corrupción. Este factor es fundamental para la sustentabilidad y manutención del estado actual de cosas. Y, ¿qué autoridad, institución o figura realmente cuenta con la limpieza de cabeza y manos como para iniciar, y concluir, la profunda poda que requiere la sociedad mexicana para liberarse del chantaje existencial que vivimos?
Los casos de políticos acusados de corrupción pertenecientes a todos los colores partidistas nos hace ver la dificultad de la tarea que viene por delante. También deja en claro que no habrá manera de resolver la crisis de seguridad nacional que vive México sin atender y resolver la corrupción que ha permeado toda la estructura administrativa y política de la nación. Crisis de seguridad y corrupción van de la mano.
Fuente: Excéslior.
















