Por: MARIO LUIS FUENTES.
El pasado viernes 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. El informe es relevante porque permite dimensionar la enorme complejidad que implica el diseño de las políticas
para el abatimiento de la pobreza, pues las magnitudes de las brechas y rezagos son impactantes.
Tómense como ejemplo las cuatro entidades con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza: de acuerdo con el Coneval son: Chiapas, con 76.2% de sus habitantes en condición de pobreza; Oaxaca con 66.8%; Guerrero con 65.2% y Puebla con 64.5 por ciento.
ENTRE ESTAS ENTIDADES LA MÁS POBLADA ES PUEBLA: 6.16 MILLONES DE HABITANTES EN 2014. En esta entidad, 23% de los mayores de 15 años vive en rezago educativo; tres de cada cuatro son vulnerables por carencia de acceso a la seguridad social; tres de cada diez carecen de servicios en sus viviendas; y prácticamente uno de cada cuatro es vulnerable por carencia de acceso a la alimentación. De los 217 municipios de la entidad, únicamente 16 presentan: “Muy bajo grado de rezago social”; 58 un grado “bajo”; mientras que, de manera contrastante, 61 municipios presentan alto o muy alto grado de marginación.
En el caso de Guerrero y Oaxaca la situación es similar. Con 3.5 millones y 3.9 millones de habitantes, respectivamente, sus indicadores de rezago son enormes: en ambas entidades habría 78% de personas sin seguridad social; 58% en Guerrero y 60% de los habitantes de Oaxaca no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda; mientras que en Oaxaca 318 municipios registran alto o muy alto rezago social, más 44 municipios de Guerrero en esa condición. En ambos casos, las cifras absolutas representan más de 50% de los municipios de la entidad, y casi todos habitados por personas hablantes de lenguas indígenas.
El caso más dramático está en Chiapas, en donde habitan 5.22 millones de personas, de las cuales 83% carece de seguridad social; 30% está en rezago educativo; casi 58% carece de servicios al interior de la vivienda; y en donde 54 municipios presentan alto o muy alto grado de rezago social.
En este contexto, hay entidades en las que el grado de desarrollo económico registrado en los últimos años no corresponde con un ritmo similar en el bienestar social. Guanajuato, por ejemplo, sede del llamado “clúster automotriz” más grande de América Latina, y con una población de 5.8 millones de personas, registra 58% de personas sin seguridad social; 21% de personas en rezago educativo; 22% de personas en vulnerabilidad por carencia de alimentación y 15% de personas sin acceso a servicios al interior de sus viviendas. Traducidos a números absolutos, los datos son impactantes.
Lo que es evidente es que las diferencias entre entidades se reproducen igualmente al interior de los estados: en Puebla, por ejemplo, las diferencias en la calidad de vida entre la Zona Metropolitana de Puebla y Ajalpan son semejantes a las que habría entre Estados Unidos y Bolivia; las que existen entre Oaxaca y cualquiera de los municipios más pobres son semejantes a las que habría entre España y Marruecos; las existentes entre Chilpancingo y cualquiera de los municipios de la Sierra de Guerrero son equivalentes a las que existen entre Canadá y El Salvador; y las de un municipio como León, en Guanajuato, respecto de Xichú, son semejantes a las que hay entre España y Gabón.
Nuestro país requiere de una política de desarrollo social que pueda orientar a la política económica; que recupere nociones como la del desarrollo regional; y, sobre todo, que esté orientada a la garantía de los derechos humanos, y el quiebre de la desigualdad. En resumen: un nuevo curso de desarrollo.
Twitter: @ML_fuentes
Fuente: Excélsior.
















