Por: Saúl Arellano.
En el segundo sábado, 17 de octubre, se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se trató de una de las agendas globales más urgentes, porque como lo ha señalado el Obispo de Roma, Jorge Mario Bergoglio (Francisco I), este modelo de capitalismo salvaje está matando fundamentalmente a los pobres.
En referencia a la Encíclica Laudato Sí, Bernardo Kliksberg ha señalado que se trata del documento más potente que se ha escrito en las últimas décadas respecto de la vinculación del tema del cambio climático y la vida de los pobres; y en ello radica su novedad: en mostrar que los principales afectados de las decisiones que toman los poderosos, son siempre los desheredados de la tierra, quienes mueren por millones por hambre y enfermedades prevenibles.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que, en promedio, se registran alrededor de 8 mil defunciones anuales por desnutrición; mientras que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha informado que el número absoluto de personas en vulnerabilidad por carencia de alimentación ronda los 30 millones.
Erradicar el hambre y reducir significativamente la pobreza entre el 2015 y el 2030 forman parte de las Metas del Desarrollo Sostenible, frente a las cuales México está obligado a avanzar rápidamente, si pretende convertirse de verdad en una nación que procura el bienestar y la calidad de vida de su población, atendiendo y mitigando los retos que impone el cambio climático.
Las tendencias, sin embargo, muestran un panorama adverso; en su reciente informe, OXFAM-México mostró cómo la concentración del ingreso ha tenido una tendencia a la alza entre 2004 y 2014; y que únicamente cuatro personas acaparan fortunas equivalentes al valor del 9% del PIB anual del país; un dato que en el 2004 se ubicaba en el 2%.
La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2014) permite sostener que el estrato de más altos ingresos percibe hasta 30 veces más que el estrato más bajo; y que en éste se ubican fundamentalmente las personas hablantes de lenguas indígenas, los habitantes de las zonas rurales, las personas con alguna discapacidad y las niñas y los niños; con lo cual, lo que se hace evidente es que otra de las agendas sobre las que debe avanzarse es en la erradicación de las prácticas discriminatorias.
Por su parte, Fernando Cortés ha mostrado evidencia suficiente para sostener que reducir la desigualdad nos permitiría disminuir la pobreza de manera mucho más acelerada, pues también de acuerdo con los datos de la OCDE, en México se da una de las relaciones más desiguales entre el capital y el trabajo, lo cual es un indicador de la explotación y concentración intensiva del ingreso.
Mario Luis Fuentes ha mostrado igualmente que en la medición de la pobreza hace falta todavía incluir los indicadores relativos a la violencia homicida, así como a la mortalidad evitable y en exceso evitable, ambas expresiones de una violencia institucional que revela todo lo que nos falta por hacer en términos de cumplimiento del mandato del Artículo 1º Constitucional.
Se ha dicho en reiteradas ocasiones que es urgente un nuevo curso de desarrollo, sustentado en una política fiscal y hacendaria verdaderamente progresivas; en criterios de política económica que privilegien la inversión productiva del Estado y la promoción de la reindustrialización del país, con base en la innovación, la ciencia y la tecnología. Y en esa lógica, lo anterior debe tener como correlato reconstruir a las instituciones de seguridad social, y devolverles el papel redistribuidor de la riqueza.
Erradicar la pobreza y atemperar las desigualdades son metas alcanzables que se sustentan en un compromiso ético con la igualdad, la justicia y la dignidad del ser humano. Ojalá que el Congreso, en el debate que ya inició en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación, 2016, tenga en cuenta estas consideraciones.
@saularellano
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Fuente: Crónica.
















