Por: José Fernández Santillán.
¡A la memoria de Rubén Darío. En el Centenario de su fallecimiento!
6 de febrero de 1916-6 de febrero de 2016
En fechas recientes se han dado a conocer varios indicadores referentes a la corrupción en México: En el Índice de la Percepción de la Corrupción 2015 dado a conocer el 27 de enero por Transparencia Internacional (TI) sección México,
nuestro país obtuvo 35 puntos en una escala de 0 a 100, en la que 0 significa el más alto nivel de corrupción y 100 el nivel más bajo. Ocupamos el lugar 95 de entre 168 países. El documento de TI señala que entre los países de la OCDE, México está en el último puesto en materia de corrupción, o sea, el número 34.
Por su parte, el reporte Freedom in the Word elaborado por Freedom House, le da a nuestro país un puntaje general de 65 sobre 100 respecto de las libertades civiles y políticas. En esta clasificación se toman en cuenta indicadores como: procesos electorales, pluralismo político y participación; funcionamiento del gobierno; libertad de expresión y libertad de culto; derechos de asociación y agrupación; Estado de Derecho, dignidad personal y derechos individuales. La corrupción se encuentra en el rubro “funcionamiento del gobierno”. Allí se señala que el crimen organizado y la violencia derivada de este fenómeno delictivo han limitado “la efectividad de la autoridad en algunas zonas del país”. Se dice, igualmente, que “la corrupción entre los funcionarios del país es un problema muy serio y que millones de dólares provenientes del narcotráfico entran a México desde Estados Unidos. Esos recursos afectan a la política en los niveles municipal y estatal (…) los esfuerzos que se han hecho hasta ahora para evitar el fenómeno de la corrupción han fracasado debido a la debilidad de los intentos para contrarrestarlo y a que tales esfuerzos se han enfocado a oficiales de los niveles bajo y medio”. Se sugiere, por tanto, que también se actúe contra funcionarios federales.
Debemos traer a colación que el año pasado el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Transparencia. Es evidente que los frutos de estas reformas legales no serán inmediatos. Dicho de otro modo: sería descabellado pensar que la nueva normatividad en materia de transparencia y lucha contra la corrupción vendrá a surtir efecto y a traer consecuencias favorables en un santiamén. Y así sucederá con cualquier otra propuesta jurídica en la materia. Erradicar males que han echado raíces en nuestras instituciones públicas tomará tiempo.
Ciertamente, contar con mejores indicadores nacionales e internacionales así como instrumentos legales e institucionales más apropiados para combatir la corrupción, es un gran paso; pero esto, de suyo, no significa que ya tengamos todos los instrumentos para enfrentar ese mal endémico que ha impedido el desarrollo de la Nación. La corrupción, por decirlo de manera figurativa, es un monstruo de mil cabezas.
Para enfrentarla en sus complejas expresiones hay que abordarla desde diversas perspectivas, una de las cuales es la cultura social, el comportamiento colectivo por medio del cual le damos la vuelta a la ley y la retorcemos. El gusto por saltarnos las prescripciones normativas y hacer lo que se nos pega la gana. Tomemos en cuenta, por ejemplo, cómo se vive en ciertos círculos sociales a nivel federal, en los estados de la República, incluso en poblados y municipios. Allí la corrupción se acepta e incluso se le admira. Hay una especie de competencia para ver quién acumula más bienes inmuebles; carros y camionetas de lujo; ropa de marca para el funcionario y su familia; viajes al extranjero; inscripciones a escuelas privadas y clubes deportivos exclusivos; quién tiene las amantes más jóvenes y bellas; qué puesto público desempeña y con cuántos recursos del erario dispone; el número de choferes y guaruras que le sirven; el séquito de lambiscones y aduladores que lo rodea; a cuáles eventos sociales concurre y en qué ambientes es aceptado; cuáles son las obras de arte que colecciona. De esta manera la corrupción se convierte en una vía para dar estatus social, fuente de prestigio y alarde de poder. No importa que el nivel de vida del funcionario no corresponda a su ingreso. En este torneo de vanidades lo importante es la ostentación. La corrupción es el mecanismo más poderoso de ascenso social.
Esta otra cara del fenómeno que nos ocupa no ha sido analizada debidamente entre otras razones porque escapa a los métodos cuantitativos tradicionales. Se trata de una especie de “sociología de la corrupción” todavía por ser escudriñada.
Conviene resaltar que esta “sociología de la corrupción” no es exclusiva de algún partido político. Creímos erróneamente que con la llamada “transición a la democracia” sobrevendría un proceso de “honestidad automática”. Vana ilusión: el cambio político no eliminó los malos manejos en los gobiernos, ni en los congresos, tampoco en el poder Judicial.
Ciertamente, es positivo que hoy contemos con leyes e instituciones que combatan a la corrupción, pero es imperativo que haya, al parejo, una transformación en el comportamiento social que la cobija.
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Fuente: Crónica.
















