Por: MARIO LUIS FUENTES.
El sabio Umberto Eco, fallecido la semana pasada, sostenía que internet podía ser asimilado a la categoría de “periodismo malo”. Sabiendo todo lo que sabía, es evidente que estaba consciente de que en internet pueden encontrarse grandes trabajos, tanto periodísticos como literarios, pero a lo que se refería es que también la red se había inundado de pésimas contribuciones,
tanto de quienes pretenden pasar por profesionales como de personas quienes desde la ignorancia se ubican en lo que Luis Villoro —otro sabio— habría llamado en una de sus conferencias la “impunidad declarativa”.
Qué leer y qué no leer es un asunto que compete únicamente a los lectores. Desde esta perspectiva, y tratando se seguir la misma lógica del texto Apocalípticos e integrados del propio Umberto Eco, habría dos posiciones respecto de las nuevas tecnologías: una que sostiene que internet ha traído mayor caos y riesgos a los espacios de opinión pública y, en el lado contrario, otra desde la que se sostiene que internet abre la posibilidad de una nueva era de democratización y participación, con saldos mayormente positivos.
Independientemente de la posición que se asuma, es un hecho que el análisis de la cuestión social no puede obviar que vivimos, como lo sostendría Castells, en la era de la información y, por ello, pensando en Habermas, tendríamos la responsabilidad histórica de pensar en qué consiste y cuáles son las implicaciones de la acción comunicativa en sociedades como la nuestra.
En nuestro país, las redes sociales de Twitter y Facebook se han convertido —sobre todo la primera— en verdaderas palestras públicas en las que se discuten frivolidades, pero también asuntos de Estado. Por ejemplo, no deja de ser mayor que el anuncio de la captura del delincuente más buscado del planeta se haya anunciado no en una rueda de prensa, sino a través de un mensaje en Twitter.
El artículo sexto de la Constitución garantiza el derecho a la información, el cual se ha pensado sobre todo en el ámbito de lo que implica la información pública, es decir, la generada por las instituciones que reciben recursos públicos; sin embargo, este derecho tiene otra dimensión hasta ahora poco abordada, misma que se encuentra en los párrafos segundo y tercero de este artículo, los cuales dicen a la letra:
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación”.
Estos párrafos han llevado a muchos a argumentar que el acceso y el uso de internet deben comprenderse como un derecho humano y que, por lo tanto, lo que ahí se publica, difunde y discute es de interés público, en el mismo nivel que se ubican los llamados “medios convencionales”, a saber, televisión, radio y prensa escrita.
Esta semana la revista México Social publicó el Índice de Impacto en Twitter, instrumento que dimensiona el nivel de penetración que tienen las y los articulistas de medios impresos, partiendo de una pregunta básica planteada por Lasswell hace ya décadas: ¿quién dice qué, a quién, con qué medios, con qué fines y con qué resultados?
El debate en torno a quién y cómo controla o puede controlar el contenido en redes sociales e internet apenas comienza; este asunto es para nuestra democracia de la mayor relevancia, porque quien tenga la capacidad de plantear temas o ideas, con altos niveles de eficacia comunicativa, va a tener la delantera en muchos de los temas cruciales para el país y eso, sin duda alguna, es un tema prioritario de lo social.
Urge que lo discutamos, porque como lo establece la Constitución, la ciudadanía, dicho en términos coloquiales, tiene derecho a saber, con el mayor apego posible a la verdad, en torno a todos los asuntos públicos.
Twitter: @ML_fuentes
Fuente: Excélsior.
















