Por: EDUARDO ESQUIVEL.
@EsquivelAncona
La detención de Jorge Serrano Limón, presidente de la asociación civil Provida, el pasado miércoles 17 de febrero por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) que dio cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el desvío de recursos públicos ha sido tema de conversación en los últimos días.
El motivo del arresto del líder antiaborto se debió a faltas graves en el ejercicio de recursos públicos asignados a su asociación para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer y que fueron desviados para la compra de otros artículos.
La aprehensión del polémico líder antiaborto por el presunto desvió de 25 millones de pesos de recursos públicos y que fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se da en la misma semana en que se anuncia un recorte al presupuesto de egresos para este año, por la disminución de los ingresos petroleros, lo cual ha provocado en mucha gente más indignación por este tipo de delitos en contra del erario público, cuando hay muchos rubros como la educación, salud, infraestructura, entre otros que tendrán menos asignaciones presupuestarias, con consecuencias graves para varios sectores de la población.
El presunto delito por el cual se detuvo a Serrano Limón se dio a conocer hace trece años, cuando la asociación conservadora Provida, recibió un financiamiento desde la Cámara de Diputados con recursos de la Secretaría de Salud, y este presupuesto fue ejercido en total impunidad, a través de sus Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), clínicas en las que se disuade a las mexicanas de ejercer su derecho al aborto legal.
Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del 2003 a Provida fueron de 30 millones, marginando a otras asociaciones civiles dedicadas a la atención de la salud, de recursos públicos.
Organizaciones civiles como Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac), difundieron en 2004 los resultados de una auditoria ciudadana elaborada por seis grupos civiles al ejercicio que dio Provida a los 30 millones que recibió de manera magnánima por parte de la Secretaría de Salud en 2003.
La revisión hecha por Equidad de Género, Salud Integral para la Mujer, Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se documentaron a partir de información de la propia Secretaria de Salud, los malos manejos que Provida hizo de los 30 millones de pesos que recibió para la construcción de 10 CAM.
Las irregularidades descubiertas, por las organizaciones civiles a Provida fueron que 81.53 por ciento de los 30 millones de pesos se destinó a “publicidad”, “mobiliario” y equipo médico” y solo 3.53 por ciento de lo previsto (37 mil 825 mil pesos) fueron para “ayudar” a las mujeres.
Lo que también detectó la auditoria a la asociación presidida por Jorge Serrano Limón fue que con los recursos públicos la organización antiabortista compró plumas de lujo Mont Blanc, ropa para caballero y dama, destacando en este último rubro tangas, siendo estas mercancías adquiridas en tiendas departamentales de gran prestigio.
Los reclamos por la asignación de recursos públicos a Provida también recayeron en la presunta complicidad del entonces diputado panista Luis Pazos, quien como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja habría sido el artífice de un desvío de recursos presupuestarios con fines privados, en clara violación a las disposiciones legales.
Desde el 2002 la Secretaría de Hacienda notificó a la Cámara de Diputados sobre una asignación extra de recursos por 600 millones de pesos para programas destinados a la salud de la mujer. Luis Pazos dividió los recursos en 13 rubros, uno de ellos para la asociación de Jorge Serrano Limón, y de esta manera los recursos quedaron etiquetados para el presupuesto de egresos del 2003.
En un documento elaborado por la ASF se consignó que durante el 2003 varios legisladores habían denunciado que el entonces diputado Luis Pazos había efectuado ajustes importantes a programas del sector salud sin la aprobación de la Cámara de Diputados para hacer reasignaciones caprichosas entre ellas beneficiar con 30 millones de pesos Provida.
El entonces secretario de Salud federal en la administración del presidente Fox, el Dr. Julio Frenk, fue también severamente cuestionado por el respaldo presupuestal a una organización contraria a las políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
El abogado Pazos, que se ha distinguido por ser un férreo animador de las políticas económicas conocidas como neoliberales, fue también director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y en esa institución también fue muy polémica su actuación, ya que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le impuso una “amonestación pública”, por su responsabilidad en la adquisición de 2 mil 50 ejemplares del libro que él escribió “Los jardines secretos de Dios”, con recursos públicos de esa institución del orden de 169 mil 125 pesos.
Los ejemplares, impresos por editorial Diana -de cuyo consejo de administración Pazos formaba parte desde el 26 de abril de 2002, según denuncia interpuesta por diputados perredistas ante la Procuraduría General de la República (PGR)-, se entregaron como regalo de fin de año a clientes y empleados de Banobras.
El escritor y abogado Luis Pazos en la administración de Felipe Calderón, fungió como presidente de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y en esa institución, no faltaron las quejas de que el funcionario más bien protegía a los bancos y las instituciones financieras y no a los clientes de éstos.
Han pasado 13 años del presunto desvío de recursos públicos por parte de Provida y se cumplió apenas la detención de Jorge Serrano y éste ya consiguió su libertad al pagar una fianza de 25 millones de pesos, para seguir su proceso fuera del reclusorio; mientras que el abogado Luis Pazos, que también fue denunciado por este caso, ya ha sido exonerado y sigue escribiendo libros, más de los que ha leído.
Si en verdad se quiere tener éxito y mejorar las asignaciones presupuestarias y tener un mejor manejo del gasto público, se tiene ser muy escrupuloso en la fiscalización oportuna de los recursos que se le otorgan a fundaciones privadas y no repetir estos casos como el de Provida.
Fuente: Sdpnoticias.com
















