Por: Isidro H. Cisneros.
Un pendiente de nuestra democratización es consolidar el principio básico del moderno orden jurídico, representado por la máxima: “la ley es igual para todos”. En México existen diferentes interpretaciones de este principio en función de la entidad federativa de que se trate, sobre todo, por cuanto se refiere al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en junio de 2015 una tesis jurisprudencial (43/2015), que declara inconstitucionales las leyes de los estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre un hombre y una mujer. De acuerdo con la resolución, el único fin que puede fijarse al matrimonio es la protección de la familia, no la procreación.
Sostiene nuestro máximo órgano jurisdiccional: “considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social”. La jurisprudencia establece que vincular los requisitos del matrimonio con las preferencias sexuales y la procreación, es discriminatorio, porque excluye a las parejas homosexuales. Esta histórica determinación permite que en todo México se reconozca el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, dando un paso relevante en la lucha por proteger y visibilizar los derechos humanos de todos.
Sin embargo, algunas entidades federativas se resisten a modificar sus leyes para garantizar el derecho a reconocer estas familias diversas. Es el caso del estado de Morelos, en donde no se ha reformado el artículo 120 de la Constitución local ni los artículos 65 y 68 del Código Familiar, manteniendo la restricción de que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Además de utilizar un lenguaje estigmatizador, tales restricciones normativas no son un simple descuido del legislador, sino un legado antidemocrático de prejuicios y estereotipos históricos que sufre la comunidad de la diversidad sexual.
Ante la negativa del Congreso de Morelos para adecuar la norma, se promovió un amparo colectivo (1885/2015) ante un Juzgado Federal —en cuanto órgano de control constitucional— quien dictó sentencia favorable, reconociendo que existe estigmatización por discriminación, al excluirlos de antemano, por una valoración negativa de la característica esencial del grupo al que pertenecen representada por sus preferencias sexuales. Afirma que las normas vigentes en el estado de Morelos transgreden el derecho a la igualdad y a la no discriminación, negando a esta comunidad el acceso a cualquiera de los regímenes legales, evitando además que familias homoparentales tengan la misma protección constitucional. Tales normas les discriminan “ya que reciben un perjuicio diario por su simple existencia”.
La homofobia imperante es una reacción negativa frente a la homosexualidad, que se manifiesta a través de violencia real y simbólica. Es cultural e institucionalizada y a ella concurren sexismo, heterosexismo, medicalización de la sexualidad, además de la religión. Una forma de homofobia es el segregacionismo, que acepta a la diversidad sexual, a condición de que esté circunscrita a la vida privada. Es urgente la ampliación de derechos y garantías de protección efectiva para todos.
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Fuente: Crónica.
















