Por: Vicente Bello.
Con la aprobación el jueves en San Lázaro de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se demostró otra vez cómo el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto, continúan construyendo las leyes en México con la pretensión de que estas solo sean meros instrumentos de dominio de la población.
Detrás de esta nueva ley, cuyo argumento principal ha sido regular la deuda de estados y municipios, está la pretensión sin duda de ejercer control político sobre los estados y municipios, incluso más allá de los partidos políticos.
Esta misma ley los diputados la aprobaron en diciembre de 2015; la turnaron al Senado para su refrendo o aval, y este la aprobó apenas hace ocho días, pero con cambios, lo que obligó a la Cámara de Diputados continuar con el proceso legislativo, aceptando dichas modificaciones y entonces sí, turnándola al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y próxima entrada en vigor.
Los cambios que el Senado cantó como meros asuntos de redacción, en realidad no solamente fue un tema de corrección de estilo, porque además de poner a tono esta ley con la reforma política de la ciudad de
México -quitaron en la redacción el antiguo nombre de la capital, Distrito Federal, para poner el de Ciudad de México- le pusieron un candado presupuestario al partido político que desde ahora vaticina el gobierno que ganará la elección en 2018 en Ciudad de México, el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El endeudamiento de la Ciudad de México no será aprobado por la Asamblea Legislativa capitalina, sino por la Cámara de Diputados. O sea, en este caso concreto no habrá autonomía en Ciudad de México
como sucede con los 31 estados de la República, incluso cuando acaban de aprobar la reforma constitucional aquella, de febrero, en que supuestamente le otorgaron autonomía a la ciudad capital.
Para el caso de estados y municipios, esta nueva ley ha empoderado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgándole la facultad de poderse convertir en aval o no de estados y municipios cuando estos quieran pedir créditos.
En contrapartida, esta ley para nada alude el endeudamiento del Gobierno Federal, cuyas cifras comprometen como nunca antes había ocurrido, política y moralmente a la actual administración pública federal.
Vidal Llerenas, diputado de Morena, hizo dos acotaciones:
Una: “La deuda de la Ciudad solamente podrá ser utilizada para inversión con un retorno productivo, cuestión que no tienen el resto de las entidades, y aquí hay un capítulo entero que la norma para que el próximo noviembre también sea esta Cámara y no sea un órgano independiente el que apruebe la deuda de la Ciudad”.
Dos: “Hoy tendríamos que estar discutiendo también una Ley de Disciplina Financiera para el Gobierno Federal. El incremento de la deuda de los estados, del 2000 al 2015, es de 320 mil millones de pesos. El incremento de la deuda del Gobierno Federal, en el mismo periodo, es de 4 billones de pesos. Es decir, el Gobierno Federal tomó 10 veces más deuda que el Gobierno de los estados y de los municipios”.
Y apostillaba Vidal: “Es verdad que los estados se endeudaron por irresponsables, pero también porque los estados no tienen fuentes de financiamiento, y eso tampoco lo estamos discutiendo. Esta es simplemente una ley para que la Secretaría de Hacienda, por si le faltara poder todavía, hoy tenga más poder para meter en cintura a los estados”.
El PRI habló en voz del diputado federal poblano Charbel Jorge Estefan Chidiac: “Qué bueno que se haya aprobado porque hoy la deuda pública directa, la indirecta, los pasivos con proveedores, la deuda contingente y todo tipo de obligaciones en que incurren los gobiernos estatales y municipales tendrá que ser registrada y subida en un registro nacional”.
Y apostillaba también: “Nadie podrá ocultar la deuda como hoy ocurre en algunos estados, en especial Puebla y lo fue Sonora, pero también se evitará el crecimiento de la deuda pública en nuestro país de manera irracional”.
Estefan latigueó entonces el lomo del gobernador panista de puebla, Rafael Moreno Valle: “Si hay una deuda que preocupa en el país, es la deuda del Gobierno del estado de Puebla, deuda oculta que hoy llega a los 70 mil millones de pesos y que se le ha exigido al gobernador la transparencia y se ha negado a través de fideicomisos privados donde ha hipotecado el futuro de los poblanos”.
Jorge Charbel acabó de madrear al sátrapa Rafael Moreno Valle así: “Dicha deuda registrada es 6 mil millones de pesos en la contabilidad, pero a través de estos fideicomisos se han ocultado cerca de 70 mil millones de pesos”.
Intentó el PAN proteger la vapuleada imagen de Rafael Moreno, haciendo intervenir a Juan Pablo Piña Kurczyn, un diputado federal panista de Puebla, quien dijo: “Una rectificación de hechos a lo que dijo el diputado Estefan Chidiac. La deuda en Coahuila es de 12 mil pesos por persona, mientras que en Puebla es tan solo de 900 pesos. Son hechos falsos, Puebla no es el estado que tiene la mayor deuda, es Coahuila”.
Así suelen enfrentarse priistas y panistas, con fuegos de artificio. Ni PRI ni PAN, por supuesto, contra argumentaron a quienes juraron que esta nueva ley ataca ferozmente al federalismo y hace resurgir un centralismo trasnochado, del que el priismo pretendería servirse para apretar tuercas en su favor hacia el 2018.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















