Por: Ruth Z. Delgado.
El artículo 115 de nuestra Constitución advierte que “el municipio es la base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados”. No obstante la importancia que ello conlleva, si queremos enfrentar con éxito cualquier política pública, la figura municipal requiere ser revisada respecto de las facultades constitucionales de los ayuntamientos,
el contrapeso de control de sus atribuciones y, sobre todo, la funcionalidad de su integración poblacional.
Por ejemplo, si bien es cierto que la fracción IV del citado artículo constitucional determina que “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”, la gran mayoría de ellos se constituyen de poblaciones pobres económicamente hablando. La falta de igualdad de oportunidades entre uno y otro municipio hace que las personas tengan que trasladarse de su lugar de origen a los municipios más desarrollados, ya sea de forma definitiva o diariamente, incluso, sin las condiciones adecuadas para su movilidad.
Por otra parte, aunque el ayuntamiento está facultado para decidir “la percepción de contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles”, sólo algunos de éstos son lo suficientemente productivos para captar los recursos que permitirán cumplir con los servicios que mandata la Ley otorgar a los ciudadanos: “Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento”.
Dentro de estos problemas resalta el tema de la seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Carta Magna, es decir, tener una policía preventiva municipal y de tránsito y, también, en lo referente a la prevención de la comisión de delitos. La dificultad no sólo se deriva de la falta de recursos públicos propios, sino también de otros elementos que, sin lugar a dudas, influyen para determinar que un lugar sea más inseguro que otro, por ejemplo, los asuntos de narcotráfico y la desigualdad social y económica.
Pero, si estos elementos son difíciles de resolver a corto plazo, lo más complicado, desde mi punto de vista, tiene que ver con el desarrollo de la democracia local. Si bien es cierto que a nivel federal hay una mayor consolidación del régimen democrático en lo formal, en las entidades y municipios se requiere un análisis más profundo que se relaciona con nuestro concepto de federalismo. Durante la pasada legislatura y la actual, las reformas al 73 constitucional reflejan una tendencia de acotamiento de las facultades locales. Si bien es cierto que responden a una preocupación genuina sobre problemas de inseguridad y hasta de endeudamientos económicos locales, también es cierto que no resuelven el fondo del origen de cada problemática.
Ya en 2007 y 2008, en el contexto de la Ley para la Reforma del Estado, dentro de los trabajos que realizó la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), en el Grupo de Trabajo de Federalismo, se había discutido ampliamente sobre la necesidad de retomar los principios de subsidiariedad y federalismo cooperativo como rectores entre los diferentes órdenes de gobierno y reconocer la autonomía política, financiera y administrativa del municipio.
Si bien es cierto, en estos ocho años algunas propuestas han sido incorporadas al texto constitucional; también es cierto que no ha existido la coyuntura adecuada para rediseñar una estrategia de política pública al respecto. Hoy tenemos dos mil 245 municipios con amplias disparidades de integración poblacional, de conformación étnica y hasta de organización electoral. Respecto de la transparencia y la rendición de cuentas, los municipios han sido integrados al nuevo sistema, pero es indispensable discutir sobre igualdad y desarrollo sustentable. Estudiosos del tema municipal, como el finado Miguel Ángel García Domínguez, opinan que la organización municipal debería reflejar nuestro sistema presidencial federal, es decir, las funciones ejecutivas del alcalde y las legislativas de contrapeso del ayuntamiento. Las agendas de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión no asumen la Reforma Estructural Municipal como prioritaria, pero el auge del pluralismo político y las alianzas electorales coyunturales, así como algunas problemáticas relacionadas con la desigualdad, inseguridad y la prevención de la violencia, imponen que el tema se debata en un corto plazo.
Fuente: Excélsior.
















