Por: Saúl Arellano.
Al solicitar un vaso de agua en casi cualquier restaurante del país, lo más común es que lleguen a la mesa con una botella de plástico; o, en el “mejor de los casos”, que tengan la amabilidad de preguntar: “¿quiere de filtro o en botella?”.
Lo anterior no es una afirmación frívola; antes bien, es reflejo del extremo al que hemos llegado:
hemos sometido al agua a un régimen mercantil en donde unos cuantos gozan de los beneficios de la privatización de un bien que debería considerarse no sólo como patrimonio exclusivo de la nación, sino, como de hecho lo es, un bien de interés planetario que no puede jamás entregarse a los privados.
Concesionar el uso y la explotación del agua para su distribución embotellada constituye, más allá de las consideraciones leguleyas de siempre, un acto irracional y antiético. El acceso al agua limpia es un derecho humano y no debe ni puede someterse a la lógica de la ganancia, de la oferta y la demanda, porque hacerlo facilita, acelera y profundiza el desastre que desde ya enfrentamos.
Qué hacemos o no con el agua es un tema indisociable de las cuestiones de la ética pública que rige a una sociedad; es decir, el conjunto de principios y valores desde los cuales se toman las decisiones del Estado y sus instituciones.
De tal forma que, hasta ahora, el irracional uso que le hemos dado a uno de los principalísimos recursos naturales que posibilitaron nuestra aparición en el planeta, y que posibilitan nuestra existencia en él, no es sino el reflejo de un modelo civilizatorio que privilegia el bienestar de unos, a costa del bienestar ajeno, no sólo de sus contemporáneos, sino de las generaciones por venir, lo cual evidencia el carácter demencial de nuestra condición actual.
La información de Conagua muestra que cerca de una tercera parte de las aguas superficiales del país están “contaminadas” (por residuos sólidos o por deficiencias bioquímicas o químicas de oxígeno) o “fuertemente contaminadas” —algunas de ellas son incluso tóxicas—; es decir, ni siquiera los renacuajos pueden vivir ahí.
De acuerdo con el mismo organismo, en el país tenemos una disponibilidad de agua con un promedio aproximado de 5 mil metros cúbicos por persona; sin embargo, la disponibilidad no es uniforme, pues en algunas regiones de Sonora, Chihuahua y Baja California la disponibilidad llega difícilmente a 100 metros cúbicos por persona.
En contraste, en el sur-sureste, el promedio llega a ser de 17 mil litros por persona. Empero, como diría el clásico, “el diablo está en los detalles”, pues, según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se encuentran los más altos porcentajes de viviendas que no disponen de agua entubada, ni dentro de ellas, ni dentro de su terreno.
La conclusión es inevitable: o desarrollamos al sur-sureste y equilibramos al país en niveles de bienestar, o muy pronto nos convertiremos, y en serio, en un verdadero Estado fallido, ya no sólo por la violencia, la corrupción o la incapacidad de los gobernantes, sino porque podríamos convertirnos en un territorio ecológicamente fracturado e inviable. Quien lo dude puede revisar la tasa de desertización de nuestros suelos y los efectos esperados del cambio climático, para moderar su posición.
Hay cuestiones estructurales que deben resolverse, pero ya, y hay otras de corte individual que cierran el círculo de la ética pública; pues, en efecto, lo que hagamos o dejemos de hacer en el ámbito de lo privado puede darnos mejores expectativas; lo otro, sin lugar a dudas, vamos a lamentarlo en el futuro próximo.
Una ética privada de compromiso con la ecología, extendida y compartida por la mayoría volvería intolerable la actual ética pública, y podría conducir a modificarla. Es, a mi juicio, una buena hipótesis que todas y todos deberíamos someter a prueba, comenzando, como se dice, popularmente, con el ejemplo en nuestras casas.
@saularellano
www.mexicosocial.org
Fuente: Crónica.
















