Por: Saúl Arellano.
Nuestra Constitución establece en su artículo 26, que el Estado es responsable de construir un sistema de planeación democrática. Mandata además que la planeación sea participativa y deliberativa; y establece que existirá un Plan Nacional de Desarrollo, al que deben sujetarse el resto de los Programas que hay en la administración pública.
Por su parte, el Artículo 21 de la Ley de Planeación establece lo siguiente: “El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas…”.
El propio Artículo establece que se deberá incluir una política de fomento económico, la cual deberá tener previsiones para un “horizonte de 20 años”, lo cual obviamente exige una visión y la capacidad de generar acciones con objetivos de largo plazo.
El tema es relevante porque este mes de mayo se cumplen tres años de la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), y en ese sentido, porque debería estar en la discusión pública un proceso de evaluación y ponderación de sus resultados.
Frente a ello, lo que ha ocurrido es que el mandato de la Constitución ha sido reducido gradual, pero aceleradamente, a un mero trámite burocrático; es decir, en lugar de tener un proceso de evaluación permanente, como lo establece la Carta Magna (democrático y deliberativo), tenemos un proceso de llenado de formatitos, en todas las dependencias públicas, que confunden la evaluación del PND, con los informes administrativos que anualmente se construyen con base en los llamados Programa Operativos Anuales (POA).
Desde esta perspectiva, debe anotarse que los indicadores que forman parte del PND son por demás limitados; y que los tres años de su vigencia debieron haber llevado a una amplia convocatoria de diálogo público, para adecuar las grandes estrategias nacionales, objetivos, metas y acciones, a una perspectiva integral de cumplimiento de los derechos humanos.
Resulta incomprensible por qué, por ejemplo, si la Constitución habla de construcción de horizontes de largo plazo, no se retoman al menos, como un piso elementalísimo, los Objetivos del Desarrollo Sustentable como los objetivos mínimos a conseguir en los restantes 31 meses que le quedan a la presente administración.
Sobre este particular, pareciera que en el Gobierno no hay una plena conciencia respecto de que les quedan sólo 124 semanas para abordar y concretar metas significativas, que pongan al país en ruta de convertirse en una nación realmente próspera e incluyente.
En un texto inédito, publicado en la edición de mayo de la revista México Social, el Dr. Jorge Carpizo sostenía que el Estado de derecho, en relación con el marco constitucional mexicano, o era un Estado social o no era propiamente un Estado de derecho. Es decir, el Estado democrático que se asume somos, no lo es si no se cumple el conjunto de los derechos humanos que la Carta magna reconoce para toda la población.
En todo ello el Congreso de la Unión tiene su cuota de responsabilidad, pues no ha llevado a cabo las reformas necesarias para armonizar al Artículo 26, con al menos los contenidos de los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Carta Magna; y establecer que la planeación del desarrollo debe tener como fin superior la plena garantía de los derechos humanos.
En síntesis, lo que debería estar ocurriendo en este país es la construcción de un proceso serio, y con humildad, de diálogo nacional en torno a las grandes agendas que debemos resolver, iniciando por lo urgente: erradicar el hambre; erradicar la pobreza en todas sus formas; reducir la violencia; reducir aceleradamente la desigualdad; y garantizar la sustentabilidad ambiental.
@saularellano
www.mexicosocial.org
Fuente: Crónica.
















