Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
Para, Guadalupe Acosta Naranjo
A diferencia del sistema parlamentario, el régimen presidencial federal no es producto de la evolución histórica, sino de un diseño deliberado por parte de los fundadores de los Estados Unidos de América. Este modelo desligó al órgano ejecutivo del legislativo y concibió a la Federación como una unión de estados soberanos,
que guardan para sí su soberanía interna y delegan, por virtud del pacto federal, su soberanía exterior al Estado que los contiene. Desde su independencia, México adoptó en la mayoría de sus textos constitucionales el arreglo gubernamental estadounidense.
La discusión sobre si México debería ser una República Parlamentaria y no Presidencialista no es nueva, durante los siglos XIX y XX la idea fue ampliamente debatida y quizá la aproximación más relevante a un régimen de tal forma fue el presidencialismo acotado de la Constitución de 1857. Dejemos la historia, el historicismo generalmente oscurece al presente y se ahoga en un pasado no repetible.
Sostengo que la tesis que afirma que el sistema parlamentario de gobierno es más democrático, representativo, con mayores controles y menos autoritario que el presidencial es falsa. Si bien el parlamentarismo está diseñado hipotéticamente para que la asamblea tenga mayor poder que ejecutivo, en tanto que el presidencialismo al separar las facultades de gobierno de las cámaras dota de mayor poder a Presidente, en la realidad normativa y política no es así.
El Gobierno de un Estado moderno es un mecanismo de atomización de las relaciones de poder, cuyo carácter es únicamente instrumental. Ahí las instituciones políticas, son gubernamentales. Existen únicamente en una división del trabajo gubernativo, denominada “división de poderes”. Por el contrario la política es un espacio de acción de grupos, individuos y clases que luchan, intercambian y contrastan diversas formas de ejercicio del poder. En ese espacio, se puede tener más o menos poder, pero jamás se puede hegemonizarlo por completo.
Así, el error fundamental de quienes plantean coyunturalmente el tránsito a un régimen parlamentario, es su incomprensión del sentido del Estado de Derecho y de las relaciones de poder que ocurren en la sociedad. “En una sociedad como la nuestra, pero en el fondo de cualquier sociedad, relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcionen en y a partir de esta pareja” (Foucault).
Es un hecho que el sistema político constituido a partir de la Revolución Mexicana, fue un régimen semi-autoritario o semi-democrático, según sea la perspectiva desde la cual se le quiera identificar. Por encima de los demás poderes de jure o de facto de la vida pública nacional, el régimen político fue diseñado para otorgarle al Presidente de la República, un poder hegemónico, tanto real como formal, sobre todas las instituciones de la vida pública.
El sistema político mexicano concretaba en la figura presidencial al determinador del destino político y social de todos cuantos vivían en este país. La vieja República que combinaba instituciones autoritarias y democráticas, un espacio temporal en el que no acababa por consolidarse un nuevo régimen y por fenecer el viejo estatus. En la vieja República el sistema político pervirtió a las instituciones constitucionales, para fundar la cultura del vasallaje político, el uso de las instituciones para la eliminación del contrario, el juego sucio de los grupos de interés, el acomodo de las autoridades electorales, el tráfico de influencia jurisdiccional, el pago de plumas y opinadores, el uso del miedo y del terror para que los ciudadanos no decidieran, la formación de alianzas disimuladas, la derogación de facto de los principios fundamentales de la Constitución, la ficción de Estado de Derecho y el reconocimiento servil del leperaje ante su monarca sexenal.
Pero culpar de esto al diseño presidencial de la Constitución es un exceso. La nueva República que inicia su génesis con las reformas constitucionales de 1996 y que ha venido transformado al Sistema Político y Jurídico Constitucional hasta el día de hoy, muestra otras debilidades que poco tienen que ver con el carácter presidencial del régimen. Por el contrario, lo que se ha vivido es una constante declinación normativa de las facultades presidenciales que se derivaban de su responsabilidad ejecutiva de gobierno a la creación de un número importante de nuevas instituciones que han roto materialmente la clásica división de poderes. Así las funciones de normatividad, regulación, electoral, de protección de derechos humanos, de competencia económica, de información y protección de datos, de radiodifusión y próximamente de procuración de justicia, han quedado y quedarán para bien fuera de la esfera de control del ejecutivo.
Pero fuera de estas realidades institucionales, los ejecutivos fuertes son una constante tanto en los sistemas presidencialistas como en los parlamentarios. El presidencialismo, por si no se han dado cuenta sus detractores, es un sistema que al separar a los poderes legislativo del ejecutivo permite la conformación de gobiernos divididos y en consecuencia un mayor empoderamiento del legislativo. El caso de los Estados Unidos es ejemplar; el Congreso de esa Nación (cámara de Senadores y Cámara de Representantes) ha constituido un verdadero poder de control frente al Presidente del Estado más poderoso del mundo. Por el contrario el sistema parlamentario obliga a la conformación de mayorías para la formación de gobierno, mayorías que se alcanzan por votos o por coaliciones de gobierno. Pero si los intereses sociales y partidarios se confrontan al nivel de no encontrar puntos de encuentro, véase el actual caso de España, el gobierno se paraliza obvio en detrimento de la sociedad.
Uno de los factores que más ha contribuido en el presidencialismo mexicano a la hegemonía del Presidente frente al congreso, es el control de facto que él tiene sobre el presupuesto de la Federación, además de la amplísima facultad para nombrar y remover con un alto grado de discrecionalidad a los actores políticos clave. Hoy incluso podemos notar la enorme influencia que ejerce sobre los grupos dominantes de los partidos de oposición.
El problema deriva de las deformaciones del sistema presidencialista constitucional en México, hecho muy distinto a lo que ocurre en una democracia consolidada como la de los Estados Unidos. Más que transitar a un parlamentarismo corporativo (que sería el caso mexicano) es necesario dar una nueva dimensión al régimen presidencialista y volver a su origen democrático; no acotando las facultades del Presidente de la República, sino ampliando y haciendo efectivas las atribuciones del Congreso como un real contrapeso del ejecutivo; contar con un Poder Judicial cercano a la sociedad y confiable, en el que predomine el sentido de justicia y no la corrupción. La Corte como Tribunal Constitucional debe trascender como poder de supra a subordinación constitucional.
Lo grave sería que frente a la debilidad de nuestro sistema, hagamos caso a las voces que claman por el parlamentarismo sin saber que ello fortalece a la partidocracia. Tema sobre el que abundaré en la próxima entrega.
Fuente: Sdpnoticias.com
















