Por: Edgardo Bermejo Mora.
La historia siempre será buena consejera. En estos días en los que la irrupción de Donald Trump ha puesto de nuevo de cabeza a todos los temas relacionados con la agenda bilateral, traigo a cuento este incidente ocurrido hace poco más de un siglo.
Una de las peticiones reiteradas de los Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico ha sido la de permitir mayor libertad de acción,
incluyendo la aportación de armamento, a los agentes de la DEA que operan en territorio mexicano. No es la primera vez que algo similar ocurre, ya en 1912 una petición parecida fue solicitada por el conspicuo embajador Henry Lane Wilson al gobierno del presidente Madero. Los titubeos del gobierno maderista ante las expresiones intervencionistas y arrogantes de Washington nos costaron, como todos sabemos, muy caro. Vale la pena entonces mirarnos en el espejo del pasado.
A finales de julio de 1912 el embajador norteamericano Henry Lane Wilson –quien, como se sabe, fue uno de los maquinadores del golpe de Estado y del asesinato de Madero, le envió una nota al licenciado Pedro Lascuráin, secretario de Relaciones Exteriores, en la que señalaba:
“Señor Ministro. Tengo la honra de poner en conocimiento de V.E. que se acaba de recibir un telegrama del Cónsul de los EU en Hermosillo, en el que dice que el Gobierno del estado (de Sonora) ha recomendado se conceda permiso para la introducción de 30 carabinas y 10 mil cartuchos que vienen a su consignación y se encuentran ahora en Nogales. Ruego a Vuestra Excelencia tenga la bondad de dar las órdenes respectivas para que a la brevedad posible se entregue al Cónsul de los EU las mencionadas armas y municiones que están destinadas exclusivamente a la protección de ciudadanos americanos”.
Por ningún motivo un gobierno de un país soberano puede permitir que la representación diplomática de otro país introduzca armamento al territorio nacional, pero sorprendentemente aquella descabellada petición contó con el aval del gobierno mexicano. Peor aún, mientras que la solicitud original era sólo para introducir “30 carabinas”, ya con la autorización en marcha se informó que en verdad se trataba de 500 fusiles.
El 9 de septiembre de aquel mismo año, el canciller Pedro Lascuráin le envió al embajador Wilson una nota en la que informaba de aquella autorización: “Señor embajador: (…) tengo la honra de manifestarle que tanto esta Secretaría como la de Hacienda y Guerra expiden ya las órdenes necesarias para el paso de las armas y municiones consignadas al Agente consular de los Estados Unidos de América en Cananea, Sonora, para protección de los ciudadanos americanos allí residentes; en la inteligencia de que se consideran tales armas como introducidas por particulares para su propia defensa. Aprovecho esta oportunidad para renovar a V.E. las seguridades de mi alta consideración”.
Muy mal había hecho el gobierno de Madero al autorizar semejante petición. La autorización había causado un escándalo en el país. Tanto, que tres meses después el propio gobierno mexicano se vio obligado a matizar su autorización. Para entonces Henry Lane Wilson ya había dejado la embajada de México a causa del relevo presidencial en los Estados Unidos. Tampoco se encontraba ya Pedro Lascuráin al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su lugar ocupaba de manera interina la cartera el subsecretario Julio García. Fue él, quien se dirigió al encargado de negocios de los EU en México, Montgomery Schuyler, el 12 de diciembre de 1912, en los siguientes términos:
“(Recibí) su nota en que se sirve manifestarme que recibió un telegrama de su Gobierno anunciando que el Departamento de Guerra del mismo, envía cincuenta carabinas y diez mil paradas de cartuchos, consignadas al señor Cónsul americano en Hermosillo, destinadas a proteger las vidas e intereses americanos y ordenando a esa Embajada solicitara que el Gobierno de México permitiera la introducción a su territorio de esos pertrechos”.
“En respuesta tengo la honra de manifestar a V.S. que este Gobierno ha seguido como regla invariable el no aceptar que los residentes extranjeros en México sean armados por cuenta de sus gobiernos; por tanto, suplico a V.S. que cuando juzgue conveniente pedir que reciban armas algunos ciudadanos americanos radicados en esta República, presente su solicitud como si se tratare de una operación entre particulares, a fin de que el Gobierno Mexicano tenga la satisfacción de obsequiarla en todos aquellos casos en que fuere posible”.
De manera que el gobierno mexicano sólo estaba cuidando la forma, pues permitía que los ciudadanos estadunidenses residentes en México tuvieran armas, siempre y cuando éstas no fueran directamente entregadas por el gobierno de EU a sus conciudadanos, sino a través de una solicitud particular que el gobierno Mexicano podría autorizar sin dificultad.
Dos meses después de aquella aclaración, el gobierno de Madero sucumbía ante la ferocidad del general Victoriano Huerta, en complicidad con los Estados Unidos. La debilidad diplomática del gobierno de Madero, se tradujo de esta forma en su propia ruina. Una suerte de precuela de la operación “Rápido y Furioso”. Sirva entonces la lección y cada quien que saque sus propias conclusiones en estos tiempos revueltos.
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Fuente: Crónica.
















