Por: Vicente Bello.
El que amenazó ayer al Magisterio no fue Aurelio Nuño Mayer –que lo había estado haciendo- sino el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien, desde Acapulco, a los profesores advirtió: “No vamos a dar marcha atrás, están en su derecho de manifestarse siempre y cuando lo hagan con respeto a los derechos de los demás”.
Sentenció: “Es muy importante este mensaje: No vamos a permitir que generen conflictos, enfrentamientos; no se lo merece Guerrero ni otros ciudadanos en otros estados de la República, vamos a estar muy pendientes”.
Y para que no quede duda del ánimo represor, dictatorial, del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario Osorio remachó: “Es mano firme, no mano dura; mano firme quiere decir que es actuar conforme a las reglas de convivencia de este país; hay un estado de derecho, hay leyes, y todos tenemos la obligación de acatarlas, así que vamos a seguir con mano firme a favor de los ciudadanos de México”…
Pero, ¿a cuáles leyes se refiere el titular de Gobernación? ¿A la reforma constitucional en materia educativa, que fue votada en San Lázaro el miércoles 19 de diciembre de 2012 a matacaballo por los diputados del PRI, PAN, PVEM y PRD, y un día después, el jueves, por los senadores de exactamente los mismos partidos?
¿Cuáles son esas “reglas de convivencia de este país” a las que aludió el hidalguense? ¿Acaso son estas que aprobaron aquella ocasión durante la noche, haciendo trampa, engañando, mintiendo, que sólo conocían los diputados y senadores de la élite? ¿Acaso no nacieron torcidas por el autoritarismo, y de la pasión de este régimen por engañar a ultranza y por antonomasia?
Esto que está sucediendo ahora -con miles de profesores absolutamente inconformes por la reforma aquella, a grado tal que a tres años y medio siguen exigiendo que la anulen-, ya se vaticinaba desde el debate construido por la oposición apuradamente. Apuradamente porque los predictámenes y los dictámenes pergeñados por los diputados y senadores de la élite presidencial eran, una y otra vez, ocultados para que sólo se supieran hasta el momento final de la votación.
Al fin y al cabo, estos dictámenes no necesitaban de ser leídos por los diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM y PRD. Bastaría con que se les ordenara levantar el dedo. Y así sucedió.
Era casi la medianoche del jueves 20 de diciembre de 2012. Entonces el PRD se justificó en voz del senador Mario Delgado Carrillo: “¿Por qué no es una reforma menor?, se preguntó el senador. Y añadió: “En el Pacto por México y en la presentación de esta reforma educativa se defendió mucho el tema de la calidad, sin embargo, y del Sistema Profesional Docente fue una sorpresa que la iniciativa presentada por el Ejecutivo parecía que se le daba la vuelta a este tema, se abordaba de manera explícita y de manera muy contundente en la exposición de motivos; pero se evadía ponerlo directamente en el artículo tercero constitucional”.
Y añadía: “¿Por qué es importante dejar en el texto constitucional el criterio general de la calidad? Porque el mundo está cambiando a velocidades insospechadas. La diferencia de esta era de la humanidad es la velocidad con la que se genera el conocimiento, no podemos quedarnos estancados, empezar, pensar que el Sistema Educativo o que los maestros pueden seguir el modelo tradicional de que van, se preparan y el resto de su vida dan clases”.
El perredista todavía dijo lo siguiente: “Ya cambió la vocación del maestro, ¿quién es un buen maestro ahora? El que se capacita de manera permanente, la labor del maestro ya no es solo enseñar, sino aprender de manera permanente. Por eso la importancia de que exista una servicio, un Sistema Profesional Docente que garantice precisamente esa actualización y que lo podamos medir, y que lo podamos evaluar, pero no para entrar en un debate de derechos laborales, es para garantizar constitucionalmente a la educación que sea de calidad, solamente con buenos maestros preparados, se va a poder hacer efectivo ese derecho, ese es el objetivo del Sistema Profesional Docente.
“¿Para qué evaluar? Evaluar por evaluar no, evaluar para mejorar, y eso no solo se logra con un instituto, tiene que haber un Sistema Nacional de Evaluación Educativa”.
Mario Delgado Carrillo afincó su justificación en la misma corriente donde el PRI puso al Magisterio: No se quieren preparar, no se preparan, y se molestan por ello. Cuando no ocurre así.
En el fondo de todo esto, insistieron opositores, se trataba de una reforma educativa para controlar políticamente al Magisterio, despidiendo a los disidentes y dándole las plazas a quienes quieran subordinarse al Gobierno; profesores blanditos con el patrón (la SEP) que no cuestionen los programas y que en los planes de clase no induzcan al educando a pensar, analizar, para que, verbigracia, a la hora de elegir gobernantes, sea más fácil coaccionar el voto a grandes sectores de la sociedad mexicana.
Fidel Demédicis Hidalgo, de los senadores perredistas que votaron en contra, dijo: “Como educador, déjenme decirles que no nos oponemos, ni nos opondríamos, ni plantearíamos que no se sometiera al magisterio nacional a evaluaciones continuas, es parte de nuestra forma de ser, es parte de nuestra esencia.
“Donde no coincidimos es que se acaten instrucciones al pie de la letra de organismo como la OCDE”.
Hablaban así casi a la medianoche.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















