Por: Carlos Lucio Acosta.
* Gobierno de Veracruz
* ¿Desvío de Recursos?
VERACRUZ (México).- El gobierno de Veracruz dispone de abultado fondo multimillonario de pesos mediante el cual privilegia movilizaciones de estricto carácter político y paraliza prioritarias demandas sociales.
La visita de Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), demuestra gran parte del aparato financiero construido durante los primeros meses del 2011.
En el lugar denominado Dren B, ubicado en la colonia Venustiano Carranza, municipio de Boca del Río, reunieron más de 31 mil personas procedentes de las zonas norte, centro y sur de Veracruz, y de algunas entidades vecinas como Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, para aplaudir el discurso pronunciado por el exgobernador de Sonora.
El pasado 25 de abril, el dirigente nacional del también llamado instituto político, vino a reforzar la campaña de Héctor Yunes Landa, candidato de los partidos PRI, PVEM, PANAL, AVE y PC, a la gubernatura de Veracruz, para el período comprendido del 2016 al 2018.
Fuentes que presumen alto grado de proximidad a la secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), estiman que la organización del evento tuvo una fuerte inversión cercana a los treinta millones de pesos mexicanos.
La nutrida concentración puso en alto relieve el temor de que la balanza electoral del próximo domingo cinco de junio, incline a favor del candidato por la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Angel Yunes Linares.
La convocatoria confirma que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, dispone de suficientes recursos económicos para impulsar determinadas acciones de oscuro facturaje político.
¿De dónde provienen las aportaciones financieras del gobierno de Veracruz?
Pongamos sobre la mesa de la información, del análisis y de la propuesta la primera ronda de los casos más emblemáticos.
Primero, la secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), adeuda más de cien millones de pesos del Fondo Metropolitano Municipal a los ayuntamientos de Xalapa, Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Jilotepec, Banderilla y San Andrés Tlalnelhuayocan.
Segundo, el gobierno del Estado se niega a pagar más de 90 millones de pesos a hoteleros, derivados del impuesto del dos por ciento al hospedaje, denunció el dirigente Antonio Tejeda Solís.
Tercero, el gobierno de Veracruz adeuda a más de 40 mil pescadores la suma de 130 millones de pesos por concepto de programas federales y estatales, acusó Joaquín Sosa Herrera, presidente de la Sociedad Cooperativa Triunfo Unido de Veracruz.
Cuarto, la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara interpuso denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del gobierno local por el escamoteo de dos mil 500 millones de pesos, provenientes de los subsidios de los gobiernos Federal y Estatal.
Quinto, más de 900 empleados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Veracruz, tomaron las instalaciones de la SEFIPLAN, para exigir el pago de catorce millones de pesos, correspondientes a la partida 1305, denominada Participación al personal, y la cual reciben desde hace más de veinte años.
Sexto, el apoderado legal de la empresa GB Plus, S.A. de C.V., Juan José Llanes Gil del Ángel denunció al director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Ricardo Sandoval Aguilar por defraudar a la citada empresa con más de seis millones de pesos descontados a más de dos mil trabajadores vía nómina para la cobertura de seguros de vida y gastos diversos.
Séptimo, unos trescientos trabajadores dependientes de la dirección general de Educación Primaria, señalaron a la titular de la secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Xóchitl Adela Osorio Martínez de un adeudo cuya cantidad no especificaron sobre el incentivo RZ del 2015, el pago retroactivo del Programa Carrera Magisterial etapa 22 y el pago de la prima vacacional, desde hace más de tres años.
Octavo, la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz ((COPIPEV), Adriana Chávez
Tejeda denunció que la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), entregó al gobierno de Veracruz un préstamo por 360 millones de pesos que sumados a los 765 millones de pesos solicitados en febrero pasado por Javier Duarte de Ochoa, suman mil 115 millones de pesos. Y si a éstos anexan los tres mil 500 millones solicitados y entregados al gobernador Fidel Herrera Beltrán, hacen un total de cuatro mil 625 millones de pesos, para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones.
Noveno, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, denunció al gobierno de Veracruz del desvío de 30 millones de pesos del Seguro Popular para inyectar a la campaña de candidatos del PRI y facilitar la compra de votos.
Décimo, la empresa Financiera Intermercado denunció al subsecretario de Finanzas y Administración de la SEFIPLAN, Juan Manuel del Castillo González, actual candidato del PRI a la diputación local por el distrito de Córdoba, por la retención indebida de más de 22 millones 411 mil pesos en perjuicio de mil 84 empleados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Veracruz.
Décimo primero, el presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A.C. (ACEVAC), Alfonso Arnaiz Vázquez dijo que el gobierno del Estado no sólo les adeuda mil 500 millones de pesos, sino también, reporta pagos nunca ejecutados con facturas falsas.
Décimo segundo, el gobierno de Veracruz adeuda más de mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por la retención del impuesto sobre la renta (ISR), deducido a los trabajadores de la Universidad Veracruzana (UV).
La retención y el desvío de recursos financieros procedentes de los gobiernos Estatal y Federal, y aportaciones generadas vía nómina de trabajadores y empleados públicos, ha contribuído al incremento de manifestaciones populares, plantones públicos, bloqueos de calles, marchas de protesta y obstrucción del tránsito vehicular, como una medida de presión al gobierno del Estado para la cobertura de adeudos diversos.
Las sumas de los doce casos expuestos hacen un total superior a los 401 mil 836 millones de pesos, de los cuales un porcentaje todavía no determinado se han empleado en actividades políticas y electorales, y no se duda de que el monto restante forme parte de cuentas bancarias abiertas en moneda nacional o extranjera a nombre de segundas o terceras personas .
Sólo para tus ojos . . .
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, ¿permitirá conocer el monto real de la deuda contraída por el gobierno de Veracruz?.
carlos.lucioacosta@rockmail.com
















